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El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) tomó posesión de la base de datos con información sensible de 1,2 millones de solicitantes del bono Proteger, que estuvo en poder de una empresa privada durante 10 meses.
Según informó este martes la Contraloría General de la República (CGR), Trabajo notificó que terminó el traslado de la base de datos, la cual estaba en manos de la empresa Continum Data Center, en Cañas, Guanacaste.
Esa compañía, que donó la plataforma para que las personas pudieran solicitar la ayuda económica, debido a la pandemia de coronavirus, informó de que su labor había concluido.
“En Continum Data Center cumplimos con todas las medidas y protocolos requeridos para completar la entrega de toda esta información al Ministerio de Trabajo.
“Toda esta data estuvo almacenada bajo los mayores estándares de seguridad durante este tiempo y fue migrada con éxito tal y como se nos solicitó en un inicio”, aseguró Adrián Lachner, presidente de la firma especializada en almacenamiento y protección de datos.
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Las seis terabytes de información ahora se encuentran resguardadas en el edificio Benjamín Núñez, en barrio Tournón, San José, sede central del Ministerio.
El pasado 3 de marzo, el órgano contralor había ordenado a la ministra de Trabajo, Silvia Lara, recuperar de forma urgente la base de datos del programa Proteger a más tardar el 17 de marzo.
No obstante, la jerarca pidió cinco días más para terminar el traslado, cuyo plazo venció este lunes.
La directriz se giró luego de que la Contraloría se enterara de que la base de datos no estaba en manos del Estado.
Dicha entidad se percató de ese hecho, mientras realizaba la auditoría sobre posibles filtraciones en la entrega del subsidio, creado para apoyar a los trabajadores más afectados por el golpe económico de la crisis sanitaria.
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Según sus hallazgos, solo la empresa administradora de la base tenía la potestad de asignar roles a usuarios de la información. Ni siquiera funcionarios públicos asignados a esa función tenían tal potestad.
El decreto ejecutivo de creación del Programa Bono Proteger establece que esa responsabilidad correspondía al Ministerio de Trabajo. Entretanto, a la empresa donante, Continum Data Center, solo le correspondía el almacenamiento, por lo que debía traspasar la información a Trabajo cuando se liquidaran los recursos disponibles para asignar las ayudas.
Pese a que el Ministerio no tenía control de la información, según la Contraloría, la entidad gestionó en calidad de “propietario” la inscripción de la base ante la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab).
El órgano contralor constató, el 23 de febrero pasado, que el Ministerio de Trabajo tampoco había accedido a las bitácoras sobre visita y uso de dicha base.
“El origen de la orden dada por la Contraloría obedece a la aplicación de lo expresamente establecido en el propio decreto ejecutivo que creó el Programa de Bono Proteger, según el cual la administración y responsabilidad de dicha base de datos debió estar en manos de ese ministerio, y no en manos de la empresa donante de dicha plataforma.
“El Ministerio de Trabajo informó, dentro del plazo establecido, que dicha base de datos fue debidamente trasladada, en cuyo caso la Contraloría realizará las valoraciones pertinentes sobre este particular”, informó ese órgano mediante un comunicado de prensa.
Continum Data Center afirmó a La Nación que la información fue resguardada “con altísima calidad” y que solo dos de sus funcionarios tuvieron acceso a la base.
Entre ellos, está el presidente de la organización, Adrián Lachner.
“Por efectos de lo delicado de la base de datos, únicamente dos funcionarios tenían efectos para la misma, siendo uno de ellos el señor Adrián Lachner Castro. Ambos son oficiales de seguridad, personeros de la empresa con más de 20 años de experiencia en la industria, quienes mantienen contratos de confidencialidad al día.
“Por lo sensible del tema, el señor Adrián Lachner, fue quien se encargó personalmente de la operatividad, siendo la única persona con acceso a esta área”, señaló la empresa.
La contralora general Marta Acosta evitó detallar los posibles riesgos de que un tercero, ajeno al Estado, posea la información de los solicitantes del subsidio por la pandemia de coronavirus.
“Evidentemente nos preocupa”, dijo Acosta, días atrás, tras comparecer en la Asamblea Legislativa.
Entretanto, el subcontralor general, Bernal Aragón, enfatizó en que esos datos son sensibles y deben resguardarse urgentemente.
“No es una base de datos abierta, es una base que tiene información de los ciudadanos, debe respetarse y debe protegerse. Esa información sensible que el Estado, como tal, está obligado a proteger y, por eso, la orden al Ministerio de traerse la base y protegerla”, aseveró Aragón.
