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Beneficios abusivos que reciben funcionarios públicos podrían estar amparados en reglamentos autónomos de las entidades públicas y no solo en convenciones colectivas.
El descubrimiento lo hizo la Comisión de Negociación de Convenciones Colectivas durante el proceso de revisión de acuerdos laborales que inició esta administración.
Hárold Villegas, viceministro de Trabajo, adelantó que realizará las gestiones para rastrear pagos injustificados o irracionales en esos reglamentos.
Igual que las convenciones, los reglamentos institucionales son fruto de acuerdos entre las autoridades de la entidad respectiva y los trabajadores, pero no tienen fuerza de ley, como las convenciones colectivas.
Al parecer, también ahí se han incluido prerrogativas en cesantía, bonos, aportes a fondos de ahorro o días libres más allá de las vacaciones de ley.
Según Villegas, la primera labor en este campo sería establecer cuáles entidades poseen estos convenios con sus empleados.
La comisión negociadora se dio cuenta de la existencia de este reglamento en la Junta Administradora del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec), durante el proceso de revisión de su propuesta de convención colectiva.
También el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) tiene un reglamento de este tipo.
“(Mideplán) no tiene convención, pero tiene un reglamento que les da a los empleados tres días libres, a escoger a su discrecionalidad durante el año”, comentó Villegas.
Razones. De 11 convenciones colectivas denunciadas (que vencen y una de las partes pide renegociar), la comisión negociadora emitió recomendaciones para cinco.
Entre las más complicadas están las convenciones de l a Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y la de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
El grupo, formado por delegados de Trabajo, Hacienda, Presidencia y el Servicio Civil, revisará nueve convenciones más que vencen en los próximos dos años.
Entre estas se encuentra la convención MEP-SEC-Sitracome, que tiene cargo al Presupuesto Nacional.
Para el viceministro de Egresos, José Francisco Pacheco, aunque la labor de revisión de convenciones no impacta aún el Presupuesto Nacional, es un sano ejercicio, pues les permite detectar abusos y orientar el cumplimiento de las leyes laborales.
Pacheco recordó que en el estudio del Ministerio de Hacienda sobre empleo público establecieron cuatro objetivos: la sostenibilidad de la planilla, no pagar “salarios de hambre” pero tampoco generadores de inestabilidad fiscal, evitar la desigualdad en el sector (puestos iguales que ganan distinto según entidad) y procurar incentivos que fomenten la eficiencia.
“La posición del Gobierno es que defendemos el derecho a las convenciones colectivas, pero hay que renegociarlas todas para eliminar las cláusulas abusivas que no corresponden a la situación del país”, dijo Villegas.
