El expediente 19.355 Ley para regular el teletrabajo, fue convocado a las sesiones extraordinarias el lunes anterior. El mismo, se encuentra en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa.

La iniciativa había sido presentada en octubre de 2014, durante la Administración anterior, por los diputados del Partido Movimiento Libertario, Otto Guevara, José Alberto Alfaro y Carmen Quesada (antes de separarse de la bancada).

Pablo Heriberto Abarca, actual diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y presidente de la Comisión, comentó que esperan poder aprobar el proyecto, que fue convocado por el Poder Ejecutivo, pues nadie se ha opuesto y ha recibido algunas observaciones con el fin de mejorarlo.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Steven Núñez, recordó que el teletrabajo es una realidad en el país y el marco normativo lo permite. Sin embargo, señaló que el sector empresarial está solicitando mayor seguridad jurídica, la cual se lograría con una ley.

“Nosotros vemos este proyecto de ley con buenos ojos. Hay algunas observaciones y reformas que estaríamos enviando oportunamente a la Asamblea, pero apoyamos en sí el objetivo, que es este proyecto de ley para que todas las empresas implementen esta modalidad de trabajo. Con el teletrabajo se permite ahorro de costos por desplazamiento, tiene un beneficio a nivel ambiental y además, los trabajadores están muy interesados en aplicar”, comentó Núñez.

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Según un informe del Centro Internacional para el Desarrollo del Teletrabajo (Cidtt), los empleados que laboren desde su casa en vez de desplazarse hasta las empresas, ahorrarían cerca de ¢264.000 anuales, solo en transporte.

También dejarían de gastar ¢120.000 en ropa, ¢151.200 por alimentación y ¢60.000 por otros rubros, lo que dejaría un ahorro total de ¢595.200. Además tendrían alrededor de 60 horas libres más al mes y 720 al año.

A pesar de las ventajas, aún hay resistencia para implementar esta modalidad. Según la encuesta Pulso Empresarial de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), solo dos de cada diez empleadores usan el teletrabajo en sus negocios, y un 54% de empresas no estarían dispuestas a implementarlo.

Entre los temores de los patronos está que su aplicación resulte muy cara o que los trabajadores sean menos productivos.

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Lo que propone la iniciativa

El proyecto de ley que está en discusión lo que pretende es “brindar una ley como herramienta reguladora que ofrezca las normas claras con respecto a la aplicación del teletrabajo”, pues, a pesar de la existencia de decretos en los que se enmarca la práctica, el ordenamiento jurídico no cuenta con un marco regulatorio.

De acuerdo con datos del Ministerio de Trabajo, a marzo del 2017, unos 2.500 funcionarios públicos de los 946.612 contratados por el Estado, hacían teletrabajo.

La normativa establece que el Ministerio ponga en funcionamiento un sistema de inspección, vigilancia y control para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral en el marco del teletrabajo. Además, que el Gobierno otorgue distinciones a aquellas empresas que lo implementen de manera exitosa.

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Establece que cuando el teletrabajo no forme parte de la descripción inicial de las funciones del puesto, la institución deberá suscribir conjuntamente con el servidor un acuerdo voluntario, en el que se establecerá la información con las condiciones necesarias para la realización de sus funciones bajo esta modalidad.

El horario podrá ser flexible, siempre y cuando sea previamente acordado con la jefatura y no afecte el normal desarrollo de las actividades y procesos de trabajo en su institución. La incorporación a la modalidad del teletrabajo es voluntaria por parte del funcionario y la institución tiene la potestad para otorgarla y revocarla cuando así lo considere conveniente.

Desde julio anterior los empleadores cuentan con la Guía Técnica para la Implementación del Teletrabajo en las Empresas, la cual fue aprobada en un acuerdo unánime del Consejo Superior de Trabajo (CST), órgano integrado por representantes del Gobierno, empresarios y sindicatos.

El documento explica los beneficios de utilizar esta modalidad y brinda una serie de pasos a seguir para su implementación. El mismo está disponible en la página web del Ministerio de Trabajo.