Continum Data Center, empresa costarricense radicada en Cañas, Guanacaste, confirmó tener bajo su resguardo la base de datos de 1,2 millones de solicitantes del bonos Proteger.

La compañía, que también donó el desarrollo de la plataforma electrónica para tramitar esa ayuda económica, aseguró que solo dos colaboradores han tenido acceso a dicha información sensible.

Entre ellos, está el presidente de la organización, Adrián Lachner.

“Por efectos de lo delicado de la base de datos, únicamente dos funcionarios tenían efectos para la misma, siendo uno de ellos el señor Adrián Lachner Castro. Ambos son oficiales de seguridad, personeros de la empresa con más de 20 años de experiencia en la industria, quienes mantienen contratos de confidencialidad al día.

“Por lo sensible del tema, el señor Adrián Lachner, fue quien se encargó personalmente de la operatividad, siendo la única persona con acceso a esta área”, señaló la empresa ante consultas de La Nación.

De acuerdo con la empresa tecnológica, la información se resguarda “con altísima calidad”.

El pasado miércoles, la Contraloría General de la República (CGR) ordenó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), recuperar y resguardar la base de datos con información sensible de los solicitantes del subsidio.

Según advirtió el órgano contralor, “la potestad de asignar los roles y de administrar dicha base de datos no está bajo el control de ese Ministerio”, como lo establecía el decreto de Creación del Programa Proteger, sino que esos derechos solo los tenía la empresa donante.

Esa misma normativa señala que Continum Data Center se encargaría de almacenar la base de datos. No obstante, recalca que sería la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio, la encargada de administrar la información.

De acuerdo con declaraciones de la contralora general de la República, Marta Acosta, la situación no se ha manejado de esa manera. Lo dijo tras culminar su comparecencia ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, el pasado jueves.

“El decreto de bono Proteger establece que la base de datos debe ser administrada por el Ministerio de Trabajo; sin embargo, la Contraloría tiene conocimiento de que eso no está siendo así, sino que más bien el Ministerio no la está administrando y le está diciendo ‘tráigasela’”, afirmó la contralora Marta Acosta tras denunciar el hecho.

Acosta evitó detallar los posibles riesgos de que un tercero, ajeno al Ministerio de Trabajo, administre la información de los solicitantes del subsidio.

“Evidentemente nos preocupa”, sentenció la contralora.

La empresa alegó que el Ministerio de Trabajo siempre tuvo acceso total y constante a la base de datos.

“La información fue revisada en conjunto y se demostraba ante la Contraloría que la información estaba presente, siempre que nos lo solicitaba, así también se demostraba que Continum guardaba las bitácoras responsablemente con la seguridad bancaria respectiva”, aseguró la compañía.

Pese a que no tenía control de la información, según la Contraloría, el Ministerio gestionó, en calidad de “propietario” la inscripción de la base ante la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab).

Según el órgano contralor, también se constató, el 23 de febrero pasado, que el Ministerio de Trabajo tampoco había accedido a las bitácoras sobre visita y uso de dicha base.

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Información sensible

De acuerdo con la compañía donante de la plataforma Proteger, desde que suscribieron un convenio con el Ministerio de Trabajo sabían que tratarían con información sensible de miles de costarricenses.

“Estamos totalmente anuentes de contarles una realidad que, consideramos, ha sido de gran ayuda y apoyo para el pueblo en tiempo difíciles para todo el país.

“Como intermediarios tecnológicos y actuando bajo mandato del MTSS, en específico de la Oficina Nacional de Empleo, Continum Data Center y sus funcionarios desarrollamos, gestionamos y operamos a diario la plataforma del bono Proteger, esto incluye, además de las comunicaciones, los aplicativos y la gestión de la base de datos.

“Dicha gestión se realiza en nuestra ciberfortaleza situada en Cañas, la cual cuenta con la infraestructura preparada específicamente para el manejo de data sensible de instituciones financieras, en las cuales mencionamos, trabajamos con bancos internacionales y operaciones de emisores de tarjetas de crédito, por lo que somos expertos en transacciones e información de medios de pago y conocemos ampliamente la operatividad de estas bases de datos y las leyes que las regulan”, señaló la empresa.

Traslado de la base de datos

De acuerdo con el decreto ejecutivo, la base de datos almacenada en el data center de la empresa privada debía trasladarse al Ministerio de Trabajo “una vez finalizado el alcance de los recursos destinados para el otorgamiento de bonos Proteger”.

La jerarca de Trabajo, Silvia Lara, afirmó que ese proceso comenzó la semana pasada. El órgano contralor otorgó hasta el 17 de marzo para concluir el traspaso de la información.

“Ahora debe ser trasladada al Ministerio de Trabajo. Esa información debe ser tratada con el mayor cuidado para garantizar la absoluta protección de los derechos de privacidad de las personas que suministraron la información”, aseguró la ministra el jueves.

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De acuerdo con Continum Data Center, ese proceso no se había hecho antes porque todavía había disponibilidad de recursos para asignar los últimos bonos.

“Nos lo han solicitado y se ha iniciado el proceso en octubre del año 2020, sin embargo, esta migración no se ejecutó con el fin de asegurar que todos los bonos fueran entregados y que finalizaran las operaciones en dicha plataforma, lo cual se presentó en el mes de diciembre del año 2020.

“A partir de este momento se dio inicio a la planeación del traslado de la infraestructura tecnológica por parte del MTSS. La ministra de Trabajo ha solicitado a Continum formalmente, mediante oficio MTSS-DMT-OF-288-2021, el traslado de dicha infraestructura. Esta actividad se encuentra en proceso de ejecución cumpliendo con el protocolo para la recepción de infraestructura tecnológica brindado por el MTSS”, señaló la empresa.

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El bono Proteger estaba dirigido, principalmente, a trabajadores afectados por la pandemia, debido a suspensión de contratos o reducción de jornadas. Según la Contraloría, pudo haber filtraciones por un monto global de ¢15.000 millones