Escuchar
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) advirtieron que, si el proyecto de ley para aumentar los cánones que las emisoras de radio y televisión deben pagar al Estado por el uso del espectro radioeléctrico provoca el cierre de medios de comunicación, ello supondría una amenaza para la libertad de expresión.
Esta iniciativa (expediente 24.461) se votará en la Asamblea Legislativa por segunda vez este jueves 27 de agosto, tras su aprobación en primer debate hace un mes con el respaldo de la bancada oficialista (Partido Pueblo Soberano, PPSO), el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio (FA).
La iniciativa, impulsada con la firma principal de la administración de Rodrigo Chaves, propone actualizar la tasa por el uso del espectro radioeléctrico al 7,73% de los ingresos brutos para los concesionarios de televisión y al 3,13% para radio.
Inicialmente, recibió 52 votos a favor y dos en contra: los de las congresistas Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), y Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
En un comunicado emitido este miércoles, la SIP reiteró los comentarios realizados por Rodolfo González, director de Telenoticias, sobre el proyecto: que este proyecto “pone en peligro la subsistencia de la televisión abierta en Costa Rica”.
“Si una medida económica o regulatoria termina haciendo imposible la continuidad de un medio de televisión abierta, el perjudicado no es solamente ese medio: pierde la sociedad, porque disminuyen las fuentes de información disponibles y se debilita el pluralismo que toda democracia necesita”, señaló Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
Para esta organización, las emisoras de radio y televisión abierta, al no requerir una suscripción de pago, siguen siendo una fuente de información accesible para los hogares de bajos ingresos, las comunidades rurales y las personas adultas mayores.
Además, estas desempeñan un papel fundamental durante emergencias, desastres naturales, elecciones y acontecimientos de interés público.
El comunicado concluyó subrayando un deterioro significativo en el estado de la libertad de prensa en Costa Rica, documentado por la SIP y el CPJ, caracterizado por una retórica estigmatizante dirigida contra medios de comunicación y periodistas.
José Zamora, director regional del CPJ para las Américas, indicó también que una ley que pone en peligro la viabilidad de los medios amenaza directamente la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada.
“Costa Rica debe garantizar que la regulación del espectro sea razonable y no se convierta en una potencial herramienta para silenciar a la prensa”, sostuvo.
