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El arreglo extrajudicial que alcanzó la Municipalidad de Paraíso con la empresa de plantas ornamentales Pelarica tropezó en el Tribunal Contencioso Administrativo, por falta de “requisitos formales”.
Con este acuerdo, el ayuntamiento había logrado reducir a ¢3.000 millones una condena en su contra por el doble de esa suma.
No obstante, la ausencia de fundamentación y hasta de firmas impidió que consiguiera la aprobación judicial, como lo señaló la jueza Sady Jiménez, en la resolución del 8 de julio en referencia al expediente 04- 0000265-0163-CA-1.
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“El acuerdo establecido por ambas partes, debe ser acorde con el ordenamiento jurídico, es decir, que no basta con indicar que se tiene el deseo de transar, sino que este debe cumplir al menos con los requisitos formales para que surta efecto, porque el acuerdo y así lo indica un escrito sin fundamentación alguna, no fue firmado por el dueño de la empresa, sino por el profesional en derecho y el alcalde, es decir no conlleva la firma de los miembros del Concejo que debe aprobar la transacción y que se dispone de un monto sin justificación, lo que podría acarrear posibles responsabilidades de tipo penal, civil y administrativo”, advirtió la juzgadora.
La obligación pendiente nace de un juicio del cual el ayuntamiento paraiseño resultó perdedor, razón por la cual se acercó a la empresa a buscar un arreglo menos perjudicial.
Sin embargo, el acuerdo debía ser avalado por el Tribunal, prueba que no superó.
“No podemos volver al Contencioso, que duró para esta resolución 11 meses, ya se nos va a vencer el plazo de pago dispuesto por Pelarica, y también el tiempo concedido que nos dio el Banco Nacional, para darnos ese préstamo”, expresó el regidor Jorge Rodríguez Araya.
Ante la urgencia, explicó, la Municipalidad recurrirá al Centro de Arbitraje y Conciliaciones del Colegio de Abogados.
“Es que debemos pagar alrededor de ¢6.000 millones por el daño ocasionado, pero Pelarica, con el fin de contribuir con nosotros, determinó que se daba por satisfecha con el pago de ¢3.000 millones, que solo contempla la construcción de los invernaderos y el aparato administrativo”, precisó Rodríguez.
Este proceso data de 2001 cuando un ciudadano extranjero, radicado en Orosi, acudió a la Sala Constitucional para quejarse por la contaminación visual que causaban los viveros de la empresa Pelarica.
Aquel recurso fue declarado con lugar.
Ante el fallo, Pelarica presentó en 2004 demandas contra las entidades que le habían autorizado la instalación, entre ellas la Municipalidad, institución que no se presentó en el conflicto hasta cinco años después.
En 2012, el ayuntamiento fue condenado al pago de los daños y perjuicios causados a la empresa que tuvo que abandonar la zona. La decisión fue ratificada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en 2019.
Por estos hechos, el actual alcalde, Carlos Ramírez, abrió un órgano administrativo para sentar las responsabilidades pertinentes.
