Fernando Gutiérrez. 21 mayo
La empresa Peralica, cuya infraestructura se observaba en el valle de Orosi, tuvo que cerrar por orden de Sala IV. Por esa razón, demandó a la Municipalidad de Paraíso, que le había autorizado su funcionamiento. Foto: Ilena Arauz/ Archivo
La empresa Peralica, cuya infraestructura se observaba en el valle de Orosi, tuvo que cerrar por orden de Sala IV. Por esa razón, demandó a la Municipalidad de Paraíso, que le había autorizado su funcionamiento. Foto: Ilena Arauz/ Archivo

Luego de casi 20 años de procesos judiciales, la Municipalidad de Paraíso deberá hacer frente al pago de ¢3.500 millones en cumplimiento de una sentencia.

Con esa suma indemnizará a la empresa de plantas ornamentales Pelarica, que estuvo instalada en Orosi, pero que otra decisión judicial la obligó a retirarse de la zona.

Por esa razón, la firma demandó al ayuntamiento, que perdió el proceso desde la primera instancia. Más tarde, el fallo fue confirmado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.

Este 24 de abril, el gobierno local fue informado de que debe ejecutar la sentencia, obligación que lo pondrá en apuros económicos, como confirmó el alcalde Carlos Ramírez.

“Sumamente preocupado por esa condena de $6,2 millones, y sin espacio de maniobra en el campo legal. Lo único viable era presentar la apelación del monto, para tratar de rebajarlo, porque es un golpe económico muy fuerte para nuestra municipalidad”, manifestó.

Sin embargo, ya el tiempo de apelación pasó, pues el caso llegó hasta la última instancia judicial.

El jerarca adelantó que en los próximos días hará un informe público sobre este caso a la comunidad.

“Posteriormente, tendremos que analizar si hubo responsabilidades administrativas que no se cumplieron en este proceso”, advirtió Ramírez.

También, el regidor y exdiputado, Jorge Rodríguez, expresó su inquietud por el golpe al presupuesto de este gobierno local.

"Es como dejarle a la Municipalidad la tercera parte de su presupuesto. Es muy preocupante la situación y nos debe desvelar a todos”, manifestó.

Larga historia

Los hechos que dieron origen a ese fallo datan del 2001, cuando un vecino de Orosi presentó un recurso de amparo contra varias instituciones estatales y la Municipalidad de Paraíso por permitir el funcionamiento de la empresa Peralica.

Entre otros aspectos, el recurrente alegó contaminación del paisaje, debido a que la firma colocó toldos blancos de gran tamaño, bajo los cuales crecían las plantas.

Dos años más tarde, mediante resolución 06324 del 4 de julio de 2003, la Sala le dio la razón.

“Se declara con lugar el recurso por contaminación visual de la belleza escénica del valle de Orosi. En consecuencia se dispone: a) se ordena a la Secretaria Técnica Nacional Ambiental en la persona de su S. General E.M.C. o a quien ocupe ese cargo tomar inmediatamente las medidas necesarias y suficientes para suprimir la contaminación visual producida por los techos blancos de la empresa Pelarica, S.A.; b) se ordena a la Municipalidad de Paraíso fiscalizar la ejecución de la disposición ordenada anteriormente, y dictar un Plan Regulador que garantice el respeto a la belleza escénica del valle de Orosi, esto último deberá ser cumplido en un plazo de dieciocho meses contado a partir de la notificación de esta resolución”, señala la decisión, entre otros aspectos.

Dadas las consecuencias de esa decisión, la empresa demandó en el 2004 al gobierno local y al Estado, pues le había concedido los permisos para instalarse y su inversión se veía amenazada.

Por esa razón, acudió a los tribunales contencioso administrativos a reclamar el pago de daños y perjuicios. Exigió en ese entonces ¢4.800 millones.

En aquel juicio, el Estado presentó su descargo, pero la Municipalidad no se presentó al proceso e incluso, en mayo de 2009, fue declarada “en estado de rebeldía, por no contestar (la demanda) dentro del plazo concedido".

Fue hasta entonces, cinco años después, que tomó parte en el proceso.

En febrero de 2012, el ayuntamiento fue condenado al pago de daños y perjuicios. En ese mismo año, Pelarica concluyó actividades en el país, lo que dejó a decenas de trabajadores, especialmente mujeres de la región, sin empleo.

La decisión del Tribunal Contencioso fue objetada por la Municipalidad ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, que vino a confirmar el fallo en julio del 2019, y en abril pasado se ordenó cumplir con el pago.