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El incidente que enfrentó a un o ficial de tránsito de apellido Ovares con el ciclista Andrey Amador, el pasado 13 de diciembre, terminó de convencer a las autoridades de ese cuerpo policial de la utilidad de equipar con cámaras de video a los oficiales, para que graben el trabajo de vigilancia que realizan en las carreteras.
Aquel martes, el pedalista internacional entrenaba sobre la carretera a Caldera, una zona prohibida para la circulación de bicicletas. El oficial pidió a Amador que se detuviera y le retiró el vehículo.
Molesto, el conocido deportista se quejó de la actitud del tráfico e hizo público un video que grabó con su teléfono; pero fue la grabación de la cámara que el funcionario portaba en el casco lo que terminó de aclarar el conflicto y le dio la razón a la autoridad de Tránsito.
Ese hecho fue el empujón de un plan para “armar” a los oficiales de tránsito con estos dispositivos, pues hasta ahora solo 15 de ellos los tienen porque los compraron por su cuenta.
Esta semana comenzarán a distribuirse 29 cámaras –con un costo de ¢25 millones– que los funcionarios llevarán no en el casco, sino en la solapa, es decir, pegadas a la camisa. Como son pocas, solo alcanza para entregar una o dos por delegación.
Sin embargo, ese constituye el primer paso del proyecto para registrar la jornada de los oficiales en las vías, pues ellos solo las manipularían para detenerlas en momentos de almuerzo o para ir al baño.
“La intención es ubicar estas cámaras a nivel nacional, en diferentes delegaciones de tránsito. Se trata de un plan piloto que nos va a permitir que al menos uno o dos policías en todas las delegaciones del país tengan una cámara”, manifestó Mario Calderón, director de ese cuerpo policial.
Según dijo, es importante que el funcionario pueda documentar por medio de un video las infracciones que detecta.
“Desde que usted aborda a la gente y ellos le ven la cámara, se nota que la gente baja el tono, se calma, piensa más lo que va a hacer porque sabe que se está guardando un registro”, comentó, días atrás, el oficial Pablo Agüero, quien también portaba cámara en el casco.
Para el 2017, Tránsito tiene presupuesto para comprar 100 dispositivos más, aunque la intención es llegar a 500, para lo que se necesitan ¢100 millones.
Aparte de servirles como mecanismo de prueba, las cámaras ayudan a cerrar portillos de eventuales irregularidades a los propios oficiales, como el pago de sobornos por parte de conductores.
Entre los criterios que se manejan para seleccionar a los oficiales que recibirían las cámaras de solapa, están el número de boletas realizadas el año pasado, que tengan cámaras de casco compradas con su dinero o que integren Grupos Operativos Especiales (GOES).
Los funcionarios que las porten deberán descargar el material grabado al final de cada jornada, una vez que lleguen a su oficina.
Se definirá un protocolo para almacenar las grabaciones y utilizarlas en procedimientos administrativos. disciplinarios o ante apelación de partes.
