Mediante un testamento, los costarricenses podrían dejar manifiesto su rechazo a ser conectados a aparatos para prolongar la vida de forma artificial, en caso de accidente o enfermedad irreversible.

En ese mismo documento, las personas también podrán pedir que se les aplique medidas paliativas para aliviar su sufrimiento, o inclusive, negarse a que se le practiquen algunos procedimientos quirúrgicos.

Así lo propone el proyecto de Ley de Voluntades Anticipadas, presentado por la legisladora Paola Vega, del Partido Acción Ciudadana (PAC).

De acuerdo con el texto, esas voluntades tendrán que quedar plasmadas en un ‘testamento vital’, documento en el que las personas manifiestan su decisión ante posibles intervenciones médicas, para momentos en los que no puedan pronunciarse debido a su estado de salud.

“Esto se basa en el principio de la autonomía de la voluntad, que es un principio que debería ser respetado a todo paciente. Muchas veces el paciente no quiere ser intubado cuando entra en cierta condición, pero la familia insiste y esto es lo que puede derivar en un encarnizamiento terapéutico, que básicamente es maltratar a un paciente cuando sus opciones de vida no van a mejorar”, afirmó Vega.

La iniciativa es discutida por los diputados que integran la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. Este foro está en etapa de consultas a instituciones y organizaciones.

Según la iniciativa, ese testamento vital deberá ser formalizado ante notario público y con dos testigos.

La otra posibilidad es que se valide el documento ante dos profesionales médicos y un designado de las autoridades de salud, cuyo perfil deberá ser definido mediante reglamento, si se aprueba el proyecto.

Limitaciones

A diferencia de otra iniciativa presentada por la misma diputada, esta propuesta no autoriza la eutanasia en el país, y así lo aclara en su último artículo.

Más bien, el objetivo es que la persona deje expresadas sus voluntades para el momento en que ya no tenga capacidad para decidir por estar inconsciente o en una situación médica irreversible.

Asimismo establece que esas últimas voluntades no podrían implementarse si son contrarias a la ley, a la práctica profesional de médicos y enfermeras, o si esas prácticas ponen en peligro la salud pública.

Además, el proyecto prevé que el testamento vital no sería aplicado por los médicos cuando el paciente tenga capacidad suficiente para expresar su voluntad por cualquier medio.

En esos casos prevalecerá la manifestación de la persona sobre las disposiciones contenidas en el testamento, es decir, podría pedir que no se proceda como lo había pedido con antelación.

Los doctores y enfermeros también podrán negarse a cumplir lo ahí establecido, acogiéndose a la objeción de conciencia por motivos morales o religiosos. Empero, el centro médico deberá garantizar que se cumpla la voluntad del paciente.

En caso de muerte, las personas también podrían incluir en su testamento vital la decisión respecto a la donación de órganos y el destino del cuerpo.

La persona testadora tendría que detallar si la donación de órganos es para que se utilicen en trasplantes a otros pacientes, o si es con fines académicos o de investigación.

Al tratarse de procedimientos médicos, este testamento es independiente de aquel que se crea para heredar bienes.

A favor

La directora médica del Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos, María Catalina Saint-Hilaire, calificó de “fundamental” la necesidad de que nuestro país tenga una legislación sobre este tema.

La jerarca de este órgano adscrito a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) explicó que otros países tienen normativas vigentes sobre voluntades anticipadas, y eso facilita la toma de decisiones médicas en momentos de complicación para personas con estado de salud irreversible.

“Cuando estamos al final de la vida de una persona, muchas veces nadie sabe lo que realmente ella quería y si ella no está en capacidad de tomar una decisión, queda muy complicado que esto se pueda cumplir y genera mucho conflicto a nivel familiar”, señaló Saint-Hilaire.

Al hacer un análisis de la iniciativa, la directora médica de Control de Dolor y Cuidados Paliativos descartó que el texto abra un portillo para regular la eutanasia, que es el accionar médico para acelerar la muerte de un paciente desahuciado con la intención de evitar sufrimiento.

“Va a reforzar la autonomía y la toma de decisiones de los pacientes. Esto no es eutanasia, es algo totalmente diferente. Sentimos que este tema es importante porque tampoco es distanasia, que es lo que se le conoce como encarnizamiento terapéutico, más bien es ortotanasia que es hacer lo correcto cuando la persona está al final de la vida”, sentenció.

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