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A partir de este año, solo empleados de la Aresep podrían aspirar a ser intendentes de servicios públicos, es decir, la máxima autoridad en fijación de tarifas de agua, transportes o combustibles. Sin embargo, esa posibilidad tampoco es para todos los trabajadores de la entidad, de hecho, es para un grupo pequeño.
Tal restricción emana de un acuerdo de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) que cambió los requisitos para ocupar esos cargos, de manera que incluso expertos en regulación de la propia entidad y profesionales externos, incluidos académicos y consultores versados en temas regulatorios, quedarían fuera de toda posibilidad.
La decisión se tomó en momentos en que salió a concurso el puesto interino de intendente de Energía y a semanas de vencer –en marzo y abril– los nombramientos de intendentes de Aguas y Transportes; respectivamente.
Los directivos que votaron a favor del acuerdo fueron Edgar Gutiérrez López, Pablo Sauma Fiatt y Sonia Muñoz Tuk. El regulador general, Roberto Jiménez Gómez, votó en contra.
El acuerdo que varió el llamado Manual Descriptivo de Clases y de Cargos para los puestos de Intendente, Asesor Técnico y Director General del Centro de Desarrollo de la Regulación ocurrió en la sesión de junta directiva número 46 del 31 de julio del 2018. Sin embargo, cobra importancia por los nombramientos que se aproximan.
Las modificaciones se hicieron desoyendo dos informes que no las recomendaban.
De esta forma, de ahora en adelante quien aspire a una intendencia debe acreditar cinco años de experiencia profesional en “labores sustantivas” de regulación en servicios públicos del área respectiva (energía, aguas o transportes).
Esas labores sustantivas consisten en elaborar y aplicar modelos tarifarios, análisis o evaluación de los servicios regulados, y otras similares.
Esto quiere decir, por ejemplo, que de 41 funcionarios que hoy aboran en la Intendencia de Energía, solo aquellos con experiencia directa en esas actividades podrían aspirar. Además, solo podrian concursa en esa área de Energía pues tampoco podrían aspirar a se intendente de Agua o Transporte por carecer de experiencia específica.
Menos de 28 personas en la Intendencia de Agua y menos de 37 en la de Transportes podría aspirar ya que depende de que sus tareas se vinculen con regulación tarifaria en cada caso.
Por lo tanto, diez funcionarios que componen el Centro de Desarrollo de la Regulación de la Aresep quedan descartados de antemano.
El Centro es donde se elaboran los modelos tarifarios del país y trabajan algunos de los especialistas más versados de Aresep en regulación tarifaria; algunos capacitados en el exterior.
Ninguno podría ser intendente a falta de cinco años en un área específica (Aguas, Energía o Transportes) pese a manejar técnica y científicamente todas las metodologías y modelos de cálculo de las tres áreas.
Posibles implicaciones
Roberto Jiménez incluso advirtió múltiples inconsistencias técnicas y jurídicas de la decisión, según el acta 68 de Junta Directiva del 20 de noviembre de 2018.
Por ejemplo, señaló que no existe estudio técnico que sustente los nuevos requisitos pues, aseguró, todo partió de una propuesta directa de Pablo Sauma Fiatt.
Para él, el acuerdo plantea requisitos violatorios del derecho de acceso a los cargos públicos al ser “discriminatorios porque dejan gente con idoneidad fuera.". Además, "viola el principio de no discriminación al dejar explicito que no se considera experiencia profesional sustantiva ni la docencia ni la realización de consultorías en las áreas o campos indicados”.
“Favorece la endogamia y esta es una institución técnica que requiere nutrirse de la experiencia y conocimiento externo”, añadió Jiménez el 20 de noviembre.
Dos informes técnicos de la Dirección de Recursos Humanos de Aresep (informes IN-44-DRH-2018 y IN-47-DHR-2018) también señalan que tal decisión distorsionaría la estructura ocupacional vigente en la Aresep.
Ambos documentos señalan que el cambio acordado solo consideró el factor “experiencia” y quedaron sin considerar aspectos como dificultad del cargo; experiencia gerencial para el mismo y capacidad de supervisión; entre otras responsabilidades.
El propio Jiménez advirtió en noviembre que la Aresep podría “verse comprometida” cuando se inicien los concursos al punto que, en el oficio 977-RG-2018 de noviembre, solicitó analizar la viabilidad jurídica del acuerdo para “evitar exponer a la institución a riesgos legales” al hacer los nuevos nombramientos.
