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San José.
La Sala IV frenó la aplicación del nuevo reglamento que abrió las puertas a la incineración de residuos sólidos en el país, al acoger para estudio una acción de inconstitucionalidad presentada contra dicha normativa.
Mientras los magistrados constitucionalistas no se pronuncien sobre este tema, se paralizará el trámite, por ejemplo, de solicitudes de viabilidad ambiental en el Ministerio de Salud o en las municipalidades.
La acción fue interpuesta por Allam Astorga Gatgens y Álvaro Sagot Rodríguezse, y fue acogida para revisión el 24 de febrero anterior, según el expediente 16-002290-0007-CO.
Entre otros argumentos, Astorga y Sagot alegan que el reglamento fija los requisitos de operación y límites máximos de emisión para las instalaciones de coincineración de residuos sólidos ordinarios, lo cual, según alegan, también implica autorizar o permitir la incineración de aquellos residuos generados en viviendas.
"Ni siquiera existen profesionales capacitados para verificar que las cosas se hagan como debe ser en los procesos de incineración, como así se deriva de lo dispuesto en el transitorio segundo del reglamento cuestionado, en tanto prevé la necesidad de capacitar a profesionales para la realización de las actividades de arranque y puesta en marcha inicial, regencia, estudios de materiales, resistencia mecánica, operación y control ambiental de tales instalaciones", se lee en el expediente.
El reglamento impugnado había sido firmado, en julio del 2015, por Édgar Gutiérrez , ministro de Ambiente y Energía. La noticia fue festejada, en aquel entonces, por varias municipalidades interesadas en impulsar proyectos para la incineración de basura y la generación de energía con desechos sólidos.
Varias compañías ya han mostrado interés en el desarrollo de la actividad en Guanacaste, la zona de Los Santos y el área metropolitana.
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Coopeguanacaste, por ejemplo, está dispuesta a invertir hasta $35 millones. A esta organización solo le falta el aval de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) para comenzar a gasificar desechos. Incluso ya ofreció a los municipios de Liberia, Carrillo y Nicoya recibirles su basura y usarla como materia prima.
También en la zona de Los Santos, la Agropecuaria 7048 desarrolló un proyecto para generar electricidad con basura, mediante la utilización de tecnología de gasificación. Esta firma ya conversa con las municipalidades de San Marcos de Tarrazú, León Cortés y Dota.
Sin embargo, Astorga y Sagot afirman que, al abrirse a la industria de la incineración, se transgrede el objetivo internacional previsto en esas normas de evitar la generación de gases de efecto invernadero.
"Ni siquiera existen profesionales capacitados para verificar que las cosas se hagan como debe ser en los procesos de incineración, como así se deriva de lo dispuesto en el transitorio segundo del reglamento cuestionado, en tanto prevé la necesidad de capacitar a profesionales para la realización de las actividades de arranque y puesta en marcha inicial, regencia, estudios de materiales, resistencia mecánica, operación y control ambiental de tales instalaciones", se lee en el expediente.
