Sala IV anula rebajos para autobuseros en canon de Aresep

El principal argumento de la Sala para acoger los reclamos de la Aresep es que esa entidad nunca fue consultada sobre las iniciativas que se convirtieron en la ley 9980 y 9911. La primera aplicó a todos las empresas de autobús una rebaja del 25% sobre el monto del canon establecido para el 2020. Entretanto, la Ley 9911 dispuso una rebaja porcentual a todos los operadores de transporte público (bus, tren, cabotaje, taxi) del 50%, sobre el canon del 2021.

Las reducciones se hicieron en atención a la menor actividad que tuvieron por las restricciones motivadas por la pandemia de covid-19

Para los magistrados, al no tener el criterio de la autoridad regulatoria, estos rebajos eran improcedentes.

De acuerdo con la Aresep, estas decisiones del Congreso afectaron directamente su principal fuente de financiamiento. En un comunicado de prensa la autoridad señaló que debido a la ley 9980 registró una disminución en sus ingresos de ¢1.641 millones por el no pago del canon de regulación por parte del sector autobusero; con la ley 9911, la disminución fue de ₡2.411 millones.

La situación, alegó la Autoridad, “provocó una grave situación económica para cumplir sus objetivos, programas de calidad, entre otros”.

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Autobuseros: la Sala no es un órgano técnico

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El primer fallo de la Sala, sobre la reducción del canon 2020, se dio en mayo pasado, el segundo, sobre el del 2021, se dio el pasado 26 de octubre.

Para Silvia Bolaños, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans), era lógico que si se declaraba con lugar la primera acción de inconstitucionalidad también declarara con lugar la segunda.

“La Sala no es un órgano técnico, es una institución de Derecho. No entra a analizar los elementos de fondo que justifican la ley, que son las disminuciones de demanda que se generaron en el 2020 y 2021, sino por el contrario hace nada más un análisis de procedimiento: el no consultar a la Aresep”, señaló.

Bolaños recordó que el canon no lo pagan los autobuseros, sino los usuarios. El canon se disminuyó en función de la disminución de usuarios. En el 2020, esta disminución rondó un 85% y para 2021 no se había recuperado, andaba cerca del 50% menos de en relación con la prepandemia.

“Existe una razón de peso para justificar una disminución que tuvo que hacerse por ley porque la Aresep no tomó medidas en su momento para hacer esa disminución como correspondía de oficio. Tuvieron que ser los diputados los que lo hicieron”, subrayó la representante gremial.

Para la directora ejecutiva, lo que procede ahora es determinar si en este momento “carece de interés trasladar ese cobro al usuario para que Aresep recupere el porcentaje que se perdió en su momento”.

Para 2021, dijo, ese canon ya venía reducido en la tarifa que paga el usuario, entonces no tendría afectación para la Aresep. Sobre 2020 lo primero que habría que determinar es si lo consideró en la tarifa y hay que reintegrárselo, si no determinar si presupuestariamente esos recursos podrían irse más bien a un superávit de la autoridad regulatoria.

“No tendría sentido entonces trasladar este cobro a los usuarios que están en situación gravosa por los aumentos de tarifas dados los aumentos de combustibles, ya tendría que hacer esa ponderación la Aresep”, destacó.

¿Qué sigue?

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Bolaños señaló que lo que seguiría ahora es que Aresep “haga lo que no hizo en 2020 y determine si existen criterios técnicos que determinan que ese 25% era o no necesario en ese momento”.

“Si hay una disminución en la demanda debe verse que hay un número importante de usuarios que no lo utilizan (el servicio). El canon se fija según proyecciones en el número de usuarios, la Aresep lo fijó en 2019, y la pandemia cambió la situación real”,

“No podría la Aresep decir ‘págueme el 25′. El servicio solo recolecta el canon y lo traslada, es intermediario”, puntualizó.