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Un fallo de la Sala I de la Corte Suprema de Justicia determinó que la Contraloría General de la República (CGR) se extralimitó en sus atribuciones con la orden emitida en febrero de 2016.
Fue entonces cuando el órgano contralor instruyó al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) a rescindir el contrato con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para la supervisión de obras de la carretera a San Carlos.
La decisión de los magistrados ratificó una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo y declaró sin lugar el recurso de casación presentado por la Contraloría.
Según el fallo 000059-F-S1-2021 del 14 de enero anterior, la orden que dio la Contraloría al Conavi no derivó de un proceso de investigación, pues el oficio se limitó a comunicar el mandato y las consecuencias de incumplirlo, sin citar recomendaciones o conclusiones susceptibles de discutirse en una fase posterior, cuando el ICE pudiera rebatir los argumentos.
Asimismo, dice la resolución, la Contraloría rechazó la posibilidad de que el Instituto realizara esa labor “sin dar audiencia a los intervinientes y sin que se apoyara en una posible lesión a la hacienda pública (núcleo fundamental de su esfera de competencias)”.
Tanto el Tribunal Contencioso como la Sala coincidieron en que la Contraloría debió aplicar el debido proceso para disponer de mayores elementos antes de resolver.
Además, fustigaron el hecho de que se tomó la decisión sin consultar a la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la competencia del ICE como supervisor de carreteras.
“Lo expuesto, debido a que era necesario determinar si lo pactado estaba o no dentro de las competencias de la institución, y específicamente atañe a la capacidad jurídica del sujeto para poder llevar a cabo un negocio jurídico determinado, lo que escapa del control y la fiscalización que puede ejercer la CGR en cada caso singular”, indica la sentencia.
Luis Diego Ramírez, Gerente de la División Jurídica de la CGR, respondió ante consulta de este diario, que la institución será respetuosa de la decisión.
“La Contraloría ha sido y será siempre respetuosa de toda sentencia judicial, en este caso, como todo caso, donde nuestras actuaciones sean sometidas a análisis en dichas instancias”, afirmó.
El origen
El origen de este proceso judicial se remonta a octubre de 2015, cuando el Conavi, a falta de otros oferentes, contrató al ICE para supervisar las obras del muy retrasado proyecto de la carretera entre Sifón de San Ramón y La Abundancia de San Carlos.
Sin embargo, para entonces había modificado requisitos como por ejemplo, eliminar la necesidad de “experiencia en carreteras”. Fue gracias a ese ajuste que se le otorgó el trabajo al ICE.
Se trató de un convenio por 21 meses y un costo de ¢2.131 millones.
La competencia del Instituto para llevar a cabo esas tareas fue cuestionada desde el principio por no estar consideradas en su ley de creación.
En febrero de 2016, la Contraloría se pronunció en contra y fue cuando ordenó al Conavi rescindir el contrato, mediante el oficio 01652.
El Instituto, por su parte, acudió a los tribunales contencioso administrativos, primero, a solicitar una medida cautelar que le permitiera continuar con el encargo, la cual fue acogida en junio de ese año, y luego, a plantear la demanda contra la CGR, el Conavi y el Estado.
Fue ese reclamo el que derivó en el fallo número 083-2017-VI de junio del 2017, según el cual, la CGR carece de potestad para “definir el marco, contenido y límites de las competencias de otros entes u órganos públicos” pues su deber se centra en la materia de fiscalización y control de la hacienda pública.
Inconforme con esa sentencia, la CGR interpuso en junio del 2017 un recurso de casación ante la Sala I, la cual rechazó la gestión de este año y ratificó que la CGR sí se extralimitó en sus potestades.
FUENTE: mopt w. s. INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.
Camino de problemas
Este conflicto por la supervisión de la vía es solo uno de muchos que han complicado el proyecto vial de apenas 30 kilómetros y con más de 50 años de espera.
La construcción comenzó en 2005, luego quedó en suspenso y se retomó en 2011, cuando comenzó una cadena de problemas financieros, geológicos y ambientales para la obra.
En agosto de 2018, el proyecto volvió a quedar paralizado ante la decisión del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) de romper contrato con la constructora Sánchez Carvajal, encargada de las obras, debido a los pocos avances.
Para entonces, la obra había consumido cerca de $200 millones.
En 2019, el Conavi informó de que negociaba con el ICE para que asumiera el mantenimiento de lo que se tenía de la vía. Sin embargo, nunca se concretó la contratación por falta de presupuesto.
La vía quedó en abandono, usada para piques y expuesta a vandalismo.
Desde febrero del 2020, otra unidad ejecutora liderada por el viceministro de Obras Públicas y Transportes, Tomás Figueroa, se comprometió a que los trabajos se retomarían en el 2022 para concluir en el 2025.
