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El regulador general de los servicios públicos, Roberto Jiménez Gómez, aseguró este jueves que ya devolvió ¢25 millones de ¢55 millones que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) le pagó por cesantía y que la Contraloría General de la República (CGR) le había ordenado recuperar.
Jiménez expresó también, bajo juramento, que ya gestiona un arreglo de pago con el ICE para los restantes ¢30 millones. Así lo confirmó durante una comparecencia en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, la cual investiga el caso.
El ICE le pagó a Jiménez el dinero por concepto de auxilio de cesantía en mayo del 2016, cuando renunció al Instituto para irse a comandar la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), en donde tendría que fiscalizar, entre otras, a la entidad de la que antes formaba parte.
La investigación del caso se inició el año pasado por una denuncia del diputado libertario Otto Guevara, quien solicitó al propio Jiménez y al presidente Luis Guillermo Solís Rivera explicar “con amplitud y con transparencia”, por qué una empresa que Jiménez se supone que debe regular, le hizo a este un pago millonario justo al inicio de sus gestión.
El 25 de octubre anterior, la Contraloría le ordenó al ICE que recuperara el dinero pagado en favor de Jiménez y para ello se amparó en un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República.
Esa opinión jurídica OJ-107-2016 señala: “Si el funcionario se acogió a los beneficios derivados del retiro voluntario previsto en el Estatuto de Personal del ICE, que ya vimos tiene naturaleza de cesantía, y decide reingresar nuevamente al sector público, en un organismo distinto al ICE, ya sea en una institución central o descentralizada, surge una obligación de reintegro de la cesantía proporcional que corresponda, de conformidad con el plazo que haya estado cesante”.
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Este jueves, en su comparecencia, Jiménez aseguró que le consultó al ICE cuáles derechos laborales le correspondían. Afirmó que hizo dos veces la consulta; una de ellas antes del depósito.
Según Jiménez, la División Jurídica Corporativa del ICE le respondió por escrito que no era procedente el reintegro de esa cesantía y se dio por satisfecho.
“Debido al puesto que asumí, liquidé toda obligación financiera con el ICE. Me enteré por la prensa que la Contraloría planteaba una serie de cuestionamientos; un tema del cual a mí no me pusieron al tanto. Aún así, por cuenta mía, ya deposité parte de ese dinero”, expresó Jiménez.
El regulador agregó que enterarse por la prensa del caso le resultó “lamentable” porque “ha perjudicado" su imagen. Incluso, comentó, que el conocimiento público del caso provocó malestar en el seno de su familia y a él mismo porque, sostiene, nadie lo ha notificado formalmente.
Sin confirmación aún, dice Contraloría
Poco antes, en esa comisión legislativa, la contralora general de la República, Marta Acosta, afirmó que todavía no tienen confirmación oficial de algún reintegro al ICE por parte de Jiménez.
Además, que desde finales del 2017, también le informaron al regulador que debía hacer la devolución.
Ante consultas de los diputados, Acosta precisó que el pago no fue irregular, pero aclaró que sí lo sería abstenerse de devolverlo.
“Existe una obligación de hacerlo porque el funcionario vuelve a la función pública y es el ICE quien debe recuperar el dinero. Hay una obligación legal de devolver la suma”, explicó Acosta.
La contralora explicó que los dineros que el ICE traslada a su Fondo de Garantía y Ahorro (como reserva para cesantía) son de carácter público, por ello, el Consejo Directivo del ICE tiene bajo su responsabilidad la administración del Fondo.
El pago de cesantía a causa de una renuncia, como es el caso de Jiménez, tiene sustento en el artículo 37 del Estatuto de personal del ICE. Según ese artículo, Jiménez sí tenía derecho a recibir cesantía.
Sin embargo, Acosta recordó que, como Jiménez aceptó un nuevo puesto en la función publica a poco de salir del ICE, quedó obligado a reintegrar al Tesoro Público las sumas recibidas por cesantía.
Según Acosta, a todo pago de cesantía –según el estatuto de personal del ICE– le aplica el artículo 586 del Código de Trabajo y el principio de Estado como patrono único.
Ese artículo detalla que los servidores públicos que reciban cesantía no podrán ocupar cargos remunerados en ninguna dependencia del Estado, durante un tiempo igual al representado por la suma recibida por cesantía; en este caso por ¢55 millones correspondiente a 20 años de labores.
“Si dentro de ese lapso llegaren a aceptarlo, quedarán obligados a reintegrar al Tesoro Público las sumas recibidas por ese concepto”, aclara el Código de Trabajo.
Jorge Arguedas, diputado del Frente Amplio y dirigente sindical del ICE, aseguró en la audiencia que hay otros 49 funcionarios públicos que salieron del ICE en las mismas condiciones de Jiménez, con pago de cesantía; no obstante, esos dineros siguen sin reintegrarse.
Ottón Solís, diputado del Partido Acción Ciudadana, afirmó que el caso es “sumamente grave”.
“Vemos aquí que el ICE trata muy bien al nuevo regulador y eso puede tener repercusiones en la forma como este trata los asuntos ligados al Instituto; hay un claro conflicto de interés al ser Jiménez quien regula al Instituto”, señaló Solís.
