San José.
La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) propone que el precio de los combustibles se ajuste cada semana, con el fin de eliminar la distorsión en el precio que pagan los consumidores por la espera de más de un mes, entre el día en que se calcula la nueva tarifa y momento en que entra a regir.
Con base en la metodología vigente que aplica la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep ), Recope solicita un ajuste extraordinario cada segundo viernes de mes. Se llama extraordinario porque toma en cuenta aspectos no controlables por la empresa, como son los precios de los hidrocarburos en el mercado internacional y el tipo de cambio del dólar.
Para estimar la tarifa, considera un promedio de precios internacionales correspondiente a los 15 días previos a la solicitud. Hecha la petición, pueden pasar otros 20 días hasta el momento en que la Aresep lo pone en vigencia, tras su publicación.
El año pasado, por ejemplo, el precio de los combustibles sufrió ocho ajustes extraordinarios por variaciones el mercado internacional.
En cada ocasión, Recope consideró un promedio de precios internacionales de 15 días antes de plantear la variación. A estos se sumaron 21 días en promedio de trámite. Ese plazo incluye el periodo de consulta pública, durante la cual se somete la solicitud a la ciudadanía para que se pronuncie por escrito.
Esto quiere decir que hay una diferencia de 36 días entre el precio internacional y el que llega a los consumidores en Costa Rica. Durante ese tiempo, pueden darse más alzas y bajas externas, por lo que persistirá el rezago que deberá tomarse en cuenta en las solicitudes siguientes.
Según Luis Carlos Solera, jefe de estudios económicos y financieros de la Refinadora, la situación provoca que haya vacíos de liquidez que los obliga a solicitar líneas de crédito a sus proveedores.
"Si aumenta la frecuencia de los ajustes, esto absorbería rápidamente los cambios en los precios externos y ya no pasarían semanas acumulándose rezagos. Así los consumidores sentirían más estables los precios; los cambios serían menos bruscos", dijo.
De no prosperar la propuesta de ajustes semanales ante la Aresep, Recope impulsa un plan B. Este consiste en recuperar un mecanismo utilizado por el mismo ente regulador antes de octubre de 2015, cuando entró a operar la actual metodología.
Se trataba de una evaluación semestral del diferencial de precios compuesto por el dinero pagado por Recope el día en que adquiría los hidrocarburos en el exterior y unos precios de referencia máximos que la Autoridad Reguladora fijaba.
El convenio entre estas entidades era que la Aresep reconocería los gastos siempre que Recope no sobrepasara el precio de refencia máximo.
Para Solera, este método daba un mayor margen de gasto a Recope. Con la fórmula vigente, ese margen de gasto se reduce porque dicha variable ahora se actualiza cada dos meses usando como referencia solo el dinero que efectivamente paga Recope por el combustible; no estimaciones.
Sobre esas propuestas, dijo el funcionario, han sostenido reuniones con el regulador, Roberto Jiménez.
VEA: Jefe de Refinadora: Existe la impresión de que el gasto de Recope es mucho mayor
Mandato de la Sala IV. La Aresep, no obstante, pareciera no ver posibilidades de que la propuesta avance, sobre todo, porque la obligatoriedad de realizar consulta pública (que toma 15 días), por mandato de la Sala Constitucional mediante el voto 11266 del 8 de agosto de 2007.
Mario Mora, intendente de Energía de Aresep y responsable de autorizar los cambios tarifarios, explicó que están obligados hacer la consulta pública para dar oportunidad a los consumidores a oponerse a ajustes en los combustibles, incluso frente a variaciones en los precios externos de los combustibles fuera del control de Aresep, de Recope y de los propios consumidores en el país.
Desde la vigencia de esta regla, ninguna oposición de los consumidores, de las escasas que han llegado, modificó en alguna forma la decisión final de la Aresep en lo concerniente a un ajuste extraordinario.
"El proceso implica, una vez presentada la solicitud, abrir un expediente, admitirlo y gestionar una convocatoria a consulta pública, publicar el tema de la convocatoria en medios de prensa, abrir plazo para que los posibles interesados presenten posiciones, preparar informe de posiciones y luego un informe técnico y la resolución final. Luego se remite a la Imprenta Nacional para su publicación y el cambio de precios rige al día siguiente de su publicación", detalló Mora.
Todo este trámite resulta de la sentencia constitucional al acoger un recurso de amparo que cuestionó el procedimiento de ajuste extraordinario de combustibles que regía hasta ese año.
Mora explicó que en dicha resolución se le ordenó a la Aresep elaborar un instrumento que asegurara la participación ciudadana en el trámite de estos ajustes.
Los magistrados constitucionales concluyeron que era "arbitrario" que la Aresep utilizara un modelo extraordinario de fijación de precios de los combustibles sin publicitar la información para cada caso concreto, "pues ello implica que las personas no puedan ejercer su derecho de participación en la toma de dicha decisión, incumpliendo así con lo dispuesto por el legislador constitucional".
Si bien los magistrados entienden que el procedimiento anterior lo que pretendía era el restablecimiento urgente del equilibrio financiero para Recope y los usuarios, también consideraron que dicho reajuste "no puede lograrse en detrimento de los derechos de los habitantes del país, quienes tienen la potestad de expresar su opinión con respecto a los aumentos en los precios de los hidrocarburos".
Costo. La realidad, no obstante, es que casi nadie se interesa en ajustes de precios cuyas variables están fuera del alcance de quienes usan los hidrocaburos.
Entre el 2014 y 2015, la Aresep gastó al menos ¢5.500 millones en 900 audiencias y consultas públicas en las cuales participaron una ínfima parte de los usuarios de los servicios públicos. Se supone que estos espacios ofrecen oportunidades a los ciudadanos de expresar dudas y objetar a ajustes tarifarios (de todo servicio) pero, en realidad, no funcionan así.
Una audiencia pública cuesta alrededor de ¢6 millones, expuso el exregulador Dennis Meléndez en su informe final de gestión julio 2010-mayo 2016. Según ese documento, del 2014 y 2015, hubo 900.
Pese al monto gastado, menos de 11.000 personas acudieron a ellas entre 2014 y 2015; cifra marginal frente a la población de cuatro millones de usuarios de servicios públicos.
"La participación de usuarios en procesos de participación ciudadana promovidos por Aresep, y dentro del proceso de regulación en general de los servicios públicos, es escaso y muy limitado", admitió Meléndez en su informe.