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La Procuraduría de la Ética investiga posibles irregularidades en la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) debido a la apertura de un proceso para dejar nombrados a al menos 10 de sus directores de área antes del cambio de Gobierno.
La investigación se tramita bajo el expediente DEP-05-2018 a raíz de una denuncia enviada el 9 de enero anterior según la cual, Recope abrió un concurso interno para esas plazas basándose en una normativa interna que no está avalada por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP), adscrita al Ministerio de Hacienda.
Ese concurso interno se fundamentó en la modificación del artículo 4 de la Convención Colectiva de Recope, la cual entró a regir el 8 de julio del 2016 en cuya negociación participó directamente Carlos Alvarado, entonces ministro de Trabajo de la actual administración y hoy candidato a la presidencia por Acción Ciudadana.
Con el artículo se introdujo un transitorio el cual dicta que los Directores de Área nombrados antes de la entrada en vigencia de ese acuerdo laboral tienen que someterse a un proceso de concurso interno para quedar firmes en el cargo.
"A partir de la entrada en vigencia de esta Convención Colectiva, los nombramientos de los directores de área se realizarán según la normativa de contratación y promoción de la empresa", indica ese transitorio.
En la convención colectiva anterior, el artículo 4 establecía que el nombramiento y remoción de estos directivos quedara a discreción de la Presidencia y Gerencia General de Recope.
Debido a ese cambio, Recope sometió para análisis de la Secretaría Técnica un estudio integral de puestos llamado "Modelo de Gestión de Talento Humano basado en competencias"; así como su Manual de Clases y su Manual de Cargos.
Como parte de sus funciones, la STAP elabora metodologías de valoración salarial para puestos gerenciales; incluidos directores y subdirectores de entidades públicas como Recope.
Además, realiza estudios técnicos y legales para determinar la procedencia de nuevos incentivos salariales o modificar la cobertura de existentes antes de que la Autoridad Presupuestaria los apruebe. Por ejemplo, los consagrados en convenciones colectivas.
Sin visto bueno aún
El 2 de octubre anterior, la STAP rechazó continuar el análisis del estudio integral de puestos de Recope conforme el oficio STAP-1519-2017 en poder de este diario.
"Nos permitimos informarles que tal como se ha indicado en varias reuniones con funcionarios de Recope, para que esta Secretaría pueda realizar el estudio técnico correspondiente, es necesario contar con toda la información requerida, la cual debe estar de conformidad con la normativa vigente", se lee el documento.
A la fecha, Recope no ha remitido la información.
De esta forma, aún no dispone de autorización oficial para su estudio integral de puestos el cual permite, entre otras acciones, decidir técnicamente los nombramientos de personal.
Tal circunstancia podría vaciar de legalidad eventuales nombramientos para esos puestos directivos en proceso de concurso interno; situación ahora bajo investigación de la Procuraduría de la Ética Pública, adscrita a la Procuraduría General de la República.
La información que adeuda Recope se refiere a la valoración de las diversas clases de puestos consignados en el estudio devuelto, confirmó Ana Miriam Araya, directora ejecutiva de la Secretaría Técnica de Autoridad Presupuestaria (STAP).
Recope confirmó a La Nación que, pese a la falta de autorización, el 30 de octubre sacó a concurso las 10 plazas de directores de área para el cual envió por correo electrónico boletines para invitar a los trabajadores que cumplan los requisitos a participar aún y cuando el transitorio de la convención colectiva aclara que el concurso interno concierne a quienes ya están en el cargo; no a otros posibles candidatos.
El área de prensa de la Refinadora, también informó de que ya se han ejecutado las fases de verificación de requisitos académicos y experiencia, y se aplicaron las pruebas técnicas y específicas para evaluar la idoneidad de los concursantes.
"Actualmente el proceso se encuentra en la etapa previa a la realización de las entrevistas y la conformación de la terna. Se espera que el proceso finalice durante el primer semestre de este año", informó la empresa pública.
Del mismo modo, reconocieron estar al tanto de la investigación de la Procuraduría de la Ética Pública la cual ya le ha hecho "algunas consultas como parte de la investigación preliminar que se lleva a cabo previo a que se emitan las recomendaciones del caso o se desestime la denuncia".
Según Recope, la designación de esos directores de área puede continuar mientras la Procuraduría no emita recomendaciones. La Procuraduría sigue sin pronunciarse.
"No se puede dar a conocer en este momento los alcances de la investigación, ni de la prueba recabada, porque se debe guardar confidencialidad de la información que pueda generar la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario", informó el área de prensa de la Procuraduría.
