Presidente y Otto Guevara chocan en Sala IV por plan para embalse que llevaría agua a Guanacaste
Exdiputado dice que proyecto falló en compensar y justificar toma de 113 hectáreas de reserva biológica para el plan; mandatario alega que intereses particulares juegan con 50 años de líquido para provincia
El presidente Carlos Alvarado Quesada (izq.) junto al ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado Rivera, este jueves al participar en la audiencia pública virtual de la Sala IV/ Fotografía: Minae para LN.
Vista Constitucional El presidente Carlos Alvarado Quesada (izq.) junto al ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado Rivera, este jueves, al participar en la audiencia pública virtual de la Sala IV. Fotografía: Minae para LN.
El presidente Carlos Alvarado Quesada y el exdiputado del Movimiento Libertario, Otto Guevara Guth, chocaron este jueves en sus argumentos en torno al proyecto para llevar agua a Guanacaste, durante una audiencia pública virtual de la Sala IV.
La vista se realizó dentro del proceso de conocimiento de una acción de inconstitucionalidad planteada contra la Ley de Modificación de Límites de la Reserva Biológica Lomas Barbudal (9610), en Bagaces, para el desarrollo del proyecto de abastecimiento de agua para la cuenca media del río Tempisque y comunidades costeras, que rige desde el 23 de noviembre del 2018.
Mediante ese plan se pretende crear un embalse en el río Piedras para asegurar el suministro de agua a 204.000 personas y atender 17.000 hectáreas para riego en esa provincia.
El proyecto tiene un costo de $500 millones.
Sin embargo, para llevarlo a cabo es necesario inundar 113 hectáreas que incluyen parte de la reserva biológica Lomas de Barbudal y de otras fincas aledañas.
La acción de inconstitucionalidad que se tramita en el expediente 19-000257-0007-CO, fue interpuesta por María del Milagro Gamboa Miranda y Gary Douglas Stewart Postel, ambos representados por Otto Guevara Guth.
Según el exdiputado, se tomó la decisión de tomar parte de la reserva sin estudios, consulta previa a afectados y sin indemnización, lo cual, manifestó, atenta contra el artículo 45 de la Constitución Política que establece la inviolabilidad de la propiedad privada.
“No hay fundamento técnico o científico más que un capricho sin previa indemnización o consulta. Si se permite, habrá un terrible precedente para que el gobierno viole la Constitución sin seguir el debido proceso y brincándose leyes”, expresó Stewart Postel.
Alvarado, por su parte, comenzó su exposición con un cuestionamiento: “Agua para Guanacaste, ¿sí o no?”.
El mandatario recordó a los magistrados que la decisión que tomarán determinará el futuro del recurso hídrico para aquella provincia durante los próximos 50 años.
“El proyecto será la primera gran obra para adaptarnos al cambio climático y, con todo el respeto que la división de poderes dicta, ojalá que sea un sí de la Sala”, planteó el presidente.
Insistió que el proyecto ha sido considerado bajo criterios técnicos y apegado a la ley.
“Aquí se intercambian 113 hectáreas de una reserva pero se dan a cambio 500 hectáreas de compensación. No hay interés particular que pueda estar por encima del bienestar general de los hijos e hijas de Guanacaste y, respetuosamente, les pido que se le dé agua a la provincia”, concluyó Alvarado.
En la audiencia también participó Julio Jurado, procurador general de la República, en calidad de asesor de la Sala Constitucional en el caso.
Jurado reveló un problema de legitimidad de los accionantes al recordar que el artículo 45 de la Constitución no tutela derechos privados y, en este caso, no hay razones previas para la invocación de ese artículo en el caso.
“Creemos que esa falta de legitimación podría también afectar otros argumentos porque, cuando la Sala preguntó en qué condiciones se presentaban los accionantes al proceso, respondieron que a título personal pero, cuando la Sala da curso a esta acción, estos aparecen en condición de representantes de sociedades anónimas y no por cuenta personal”, expresó Jurado.
El procurador tampoco percibe una lesión al principio de equilibrio presupuestario o al principio de razonabilidad y proporcionalidad que se alega en la acción y “le tocaría a los accionantes primero demostrar esto porque no hay prueba aportada”.
Además, aseguró que la ley por la cual se crea el proyecto, en sí misma, no es inconstitucional por afectar derechos particulares de dueños de fincas o la reserva, porque las compensaciones y valoraciones ocurren en etapas posteriores y no al promulgarse la ley.
El embalse
El llamado Proyecto Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (Paacume) consiste en la construcción de una presa en el río Piedras, con una altura máxima de 40 metros y una longitud de 485 metros. Esta crearía un depósito para almacenar agua para todo el año.
El proyecto también prevé construir un canal de 55 kilómetros de largo, con un ancho de entre 16 y 20 metros, desde el río Piedras hasta la localidad de Palmira de Carrillo, para trasladar hasta allí 20 metros cúbicos de agua por segundo.
Además, se construirá una red de distribución de 350 kilómetros de longitud, entre canales primarios, secundarios y terciarios.
De lograrse, el embalse proveería un caudal de dos metros cúbicos por segundo para abastecer a comunidades de Santa Cruz, Nicoya y Carrillo, captando agua del Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (Senara) en la presa Miguel Pablo Dengo, localizada en el río Santa Rosa.
La administración quedará en manos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
