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“Ellos (el ICE) incluyeron la alimentación y fueron muy cuidadosos. Una señora, con el dinero contado para cada día, me dijo que su familia jamás se imaginó un regalo de Navidad tan especial como visitar una represa o un museo con toda la familia y sin gastar. Aquí las prioridades son claras: el arroz y los frijoles”.
Con estas palabras, Northellen Jiménez Calderón, de la Asociación Consejo de las Comunidades de La Carpio (Asocodeca), ilustra parte de las acciones que desarrolló el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para movilizar a un grupo de vecinos, mientras avanza el desmantelamiento de cables y torres de alta tensión sobre los techos de comercios, casas y templos en esa comunidad en La Uruca.
Organizarle paseos a familias fue necesario en el caso de tres familias (un total de 21 personas) mientras se retiraba una línea de 230.000 voltios.
Al pie de esta enorme estructura, estas personas habían construido sus hogares pese al evidente riesgo para ellos y para otros 1.300 lugareños con el cableado pasándoles por encima.
Por eso el trabajo del ICE y otras instituciones involucradas supone un final feliz al cabo de 11 años desde las primeras conversaciones para remover el cableado.
Sin embargo, bien pudo convertirse en una tragedia de fuego y muerte como reconocen el ICE, Bomberos de Costa Rica y la propia Jiménez.
El trabajo consiste en remover dos kilómetros de cableado distribuidos sobre ocho torres de transmisión que soportan dos líneas: una de 230.000 voltios y otra de 138.000 voltios en una zona densamente poblada.
El peligro de quitar las torres es que algunas de las humildes viviendas estaban sostenidas por estas enormes estructuras y otras estaban muy cerca. Caídas de objetos, incendios, accidentes de tránsito y hasta electrocución, eran los escenarios posibles; confirmó Carloscar Cordero Fernández, gestor ambiental del ICE a cargo de esas tareas.
Por eso se requirió mantener a algunas hogares fuera de sus domicilios durante las jornadas de trabajos entre 9 a.m. y 5 p.m. Hoy, ya la línea de 230.000 voltios se retiró y hacia finales de enero concluirá el retiro de la otra.
Sin embargo, el peligro se extendía más allá de los trabajos porque la amenaza crecía desde hace ya varios años.
Comunidad en riesgo
Este mapa ilustra la localización de los cables de alta tensión y las torres que los sostienen.
FUENTE: ice. || w. s. / LA NACIÓN.
Allen Moya, jefe de ingeniería de Bomberos de Costa Rica, recordó que la electricidad a alta tensión causa campos magnéticos invisibles capaces de ocasionar accidentes si alguien se acerca lo suficiente.
“Esas torres tienen zonas de protección donde nadie debería acercarse y sin embargo así ocurrió. Esto ya es una mezcla de desconocimiento y necesidad de familias vulnerables; como se ve la torre ahí quieta y en apariencia inofensiva, parece como si no fuera peligrosa pero por ahí hay riesgo”, agregó.
El propio Moya recordó que en últimos años Bomberos de Costa Rica ha ido varias veces a La Carpio a bajar niños y adultos subidos en las estructuras; algunos por intentos de suicidios.
Jiménez, presidenta de Asocodeca, es la primera en reconocer que las familias llegaron en 1993, después de las torres, pero insiste en que la comunidad deseaba estos trabajos porque las líneas acumulaban casi 15 años sin mantenimiento, debido a que la presencia del asentamiento le impedía al ICE atender el cableado.
“En nuestro recorrido con personal del ICE, Asocodeca constató en partes de la línea del cableado, en el sector de Roble Sur y María Auxiliadora, secciones que requerían evidente mantenimiento porque los cables se veían como deshilachados. Esto nos tenía a todos con temor”, afirmó Jiménez.
Días diferentes
Por el alto riesgo, agregó Jiménez, se requirió organizar salidas familiares al Museo de los Niños, la represa de Cachí y al Parque Nacional de Diversiones. Tan detallada fue la logística, que hubo presencia de personal de seguridad durante los trabajos para custodiar las pertenencias de las casas deshabitadas y prevenir la proximidad de personas en el área donde había equipos trabajando.
Semanas antes, por diversos sectores de La Carpio hubo visitas del personal del ICE para avisar de las obras e invitar a los interesados a charlas informativas; actividades que también precedieron el retiro de las estructuras.
A lo largo del proceso, participaron desde asociaciones de la comunidad, hasta el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), la Defensoría de los Habitantes, la Policía Municipal de San José y los comités local y municipal de Emergencias, así como Bomberos de Costa Rica y Cruz Roja.
Todo esto permitió que ahora la conducción de la electricidad de alta tensión corra sobre un nuevo tramo de línea de transmisión con torres multicircuitos –infraestructura ya finalizada– que se halla sobre la margen derecha del río Torres.
“Como organización comunal y vecinos estamos profundamente agradecidos y felices de no tener ese cableado. El proceso ha tenido sus altos y bajos porque temíamos que las instituciones nos defraudaran pero, al final, se pudo”, enfatizó Jiménez.
La líder comunal incluso celebró todo el proceso también como un paso simbólico hacia la formalidad.
“Llegué aquí en 1995. Hemos vivido estos años tratado de llevar servicios básicos a los hogares. Esta es otra señal de que en La Carpio llegaremos a tener formalidad aunque por ahora estemos en condición legal de precario. Sin embargo, es evidente, por el mensaje que nos dan las instituciones, que vamos hacia ello”, comentó.
Cómo surgió La Carpio
Los terrenos donde hoy está La Carpio eran propiedad de alemanes al igual que sitios aledaños en Pavas y Rohrmoser.
Aquellas tierras pertenecían a la familia Hübbe, las cuales fueron expropiadas en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, en diciembre de 1942, explica el libro Un país fragmentado: La Carpio, comunidad, cultura y política del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica.
El libro del 2010 agrega que la Oficina de Custodia, encargada de la administración de posesiones expropiadas, nombró las tierras expropiadas como La Hacienda o Finca La Caja (ANCR 1942-1945), porque allí habían cafetales, caña, un beneficio, trapiches y otros cultivos.
Por años, trabajadores extranjeros y costarricenses laboraron en esas tierras.
Hacia 1993, cuando las primeras familias tomaron las tierras para vivir allí, la finca pertenecía a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Luego, en 1999, la CCSS entregó los terrenos al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
Durante este período, a diferencia de otros asentamientos con características semejantes (familias en pobreza que invadieron terrenos del Estado o privados), las personas que formaron La Carpio nunca fueron desalojadas porque la propiedad de los terrenos nunca estuvo del todo clara a nivel legal entre el IMAS y la CCSS.
