EscucharA partir del lunes 15 de noviembre, los usuarios de las carreteras General Cañas y Bernardo Soto, podrán utilizar la modalidad de pago electrónico al transitar por los peajes de Río Segundo y Naranjo. De esa forma lo confirmó el Fideicomiso Ruta Uno, encargado de la modernización del corredor vial entre San José y San Ramón.
Inicialmente, en esta primera fase del sistema, conocida como “pare y siga” (stop & go), se esperaba que cada usuario tuviera que detenerse por completo en la caseta de cobro por algunos segundos. Sin embargo, según la unidad ejecutora, al realizar las pruebas de funcionamiento, el resultado fue mejor del esperado, y ahora los vehículos no deben parar completamente al momento de cancelar el derecho de paso con el dispositivo electrónico denominado TAG que se instala en los parabrisas del vehículo, como el QuickPass. Aunque Ruta Uno enfatizó que los conductores que no cuenten con esos dispositivos, sí deberán parar por completo, como normalmente lo han hecho.
Además, el Fideicomiso indicó que, por el momento, no se asignarán carriles exclusivos para el pago electrónico. No obstante, esta decisión podría revertirse conforme aumente la cantidad de usuarios.
“Si bien, por ahora, no consideramos oportuno destinar carriles exclusivos para el cobro electrónico dado que es necesario ampliar la infraestructura existente, viendo la agilidad del funcionamiento del sistema instalado, se estima que, conforme mejore el comportamiento de los usuarios, se valorará la posibilidad de habilitar carriles exclusivos, ya que todo dependerá de la cantidad de usuarios que finalmente utilicen los dispositivos electrónicos”, explicó Verónica Sáenz, gerente de Operación de la Unidad Administradora de Proyecto (UAP) del Fideicomiso Ruta Uno.
En los próximos meses, la unidad tiene programado realizar una contratación para el diseño y la construcción de las obras con el fin de modernizar y ampliar las estaciones.
Los fondos recaudados por dichas tarifas serán utilizados como respaldo para un contrato de crédito por $45 millones, para las labores de preinversión entre las que se incluyen expropiaciones, reubicación de servicios y reasentamientos.
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