Escuchar
La Superintedencia de Telecomunicaciones (Sutel) se ha vuelto un pararrayos donde los operadores telefónicos lanzan sus quejas, luego de que el regulador propusiera modificar el cobro por descarga de datos en servicios de Internet móvil.
La semana pasada, Sutel llamó a una nueva audiencia pública para retomar el tema del cobro por descarga de datos entre usuarios de Internet móvil con servicios pospago.
Dicha entidad quiere fijar un tope tarifario de ¢0,0064 por kilobyte descargado. Al agregarse el impuesto de ventas, el eventual cobro máximo sería de ¢0,0074. Esto rebaja el tope en un 15% respecto a su propuesta anterior, cuando planteó un tope de ¢0,0085.
Sutel confirmó que también dejará en ¢0,0074 el tope tarifario del servicio prepago, cuyo máximo es hoy de ¢0,0085.
Dura crítica. Tales cambios atizaron los reclamos de los operadores ligados a este mercado, el cual generó ingresos por ¢722.089 millones en el 2014.
Esa suma equivale al 3% del producto interno bruto (PIB).
Ningún vocero empresarial aprobó la iniciativa de Sutel, a la cual acusaron de causar desequilibrio, inseguridad jurídica y falta de transparencia con los cambios propuestos.
Víctor García, gerente regulatorio de Claro Costa Rica, acusó a Sutel de saltarse el debido proceso y de lesionar el principio de seguridad jurídica. Incluso, no descartó la posibilidad de tomar acciones legales.
Para García, Sutel no debe variar en forma unilateral el cobro por kilobyte en servicios de Internet móvil prepago porque ya había fijado una tarifa inicial. Lo correcto, según consideró, sería utilizar la metodología Price Cap.
Dicha metodología fija un límite máximo a la variación del precio de los servicios de las empresas en un periodo específico.
Ese límite de precios se anuncia al inicio del plazo regulatorio y sigue así hasta que termina. Luego, el regulador establece los precios para un nuevo lapso de tiempo.
Teóricamente, el método Price Cap no toma en cuenta (al menos directamente) beneficios esperados por las empresas.
Se supone que así se incentiva al operador a ser más eficiente, si logra aumentar sus beneficios bajando sus costos debajo del tope fijado por el regulador.
El asunto es que Sutel sigue sin declarar en competencia efectiva el mercado. Legalmente, puede cambiar la tarifa si quiere.
Monopolio. José Pablo Rivera, gerente de Regulación de Telefónica (opera bajo la marca Movistar), reclamó que Sutel regula “como si estuviéramos en el mismo monopolio de 5 años atrás”.
Rivera opinó que mientras los precios permanezcan regulados deben estar sujetos a reglas claras y precisas, “sobre en qué momento y sobre todo cómo se dan ajustes tarifarios”.
Para Julieta Bejarano, directora jurídica del Instituto Costarricense de Electricidad (opera con la marca Kölbi), el regulador sigue mostrando rezago en sus actuaciones y sin una línea prioritaria de política regulatoria.
“Es una situación que afecta el desarrollo del mercado y el nivel de conflictividad del sector aumentará”, aseguró.
Al respecto, Gilberth Camacho, presidente de Consejo Directivo de Sutel, esquivó las críticas afirmando que estas reacciones son normales conforme crece la cifra de operadores en el mercado (hoy existen 122) y la autoridad ejerce su papel regulador.
Sostuvo que han respetado la legislación llamando a audiencia pública para discutir la propuesta, la cual calificó como un “acto de equilibrio” entre los intereses del usuario y del operador.
“Sutel es una entidad independiente apegada a la Ley General de las Telecomunicaciones”, se defendió el funcionario.
