Juan Manuel Quesada, nuevo jerarca de Recope, promete pulir ineficiencias de institución

Para el jerarca, su meta es fundamental debido al enorme peso de Recope en la competitividad del país, al suministrar el 70% de la energía que mueve la economía nacional mediante hidrocarburos para el transporte, consumo en hogares y producción de bienes y servicios.

“Ni el Instituto Costarricense de Electricidad pesa tanto. Tenemos así la misión de incidir en los costos porque resulta que 93% del presupuesto de Recope se va en factura petrolera. Queda así, 7% para operación, inversiones y gastos administrativos donde el reto es que Recope sea más eficiente. Si lo hacemos, mejoramos las tarifas y la competitividad”, declaró este lunes.

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Según él, dio el primer paso la semana pasada cuando desistió de proponer ajustes extraordinarios en los combustibles y dejó la responsabilidad del cálculo a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), situación que provocó un choque con esa entidad, que incluso acusó a la Refinadora de “falta de transparencia”.

Históricamente, Recope hacía la propuesta de ajuste extraordinario para el precio de los carburantes cada segundo viernes de mes. Sin embargo, dejó de hacerlo en mayo.

“Nuestra misión es buscar la eficiencia y no ocuparnos de temas tarifarios exclusivos de Aresep. En verdad no es necesario que Recope le diga a la Autoridad cuál tarifa debería fijarse, lo que sí debemos procurar es mejorar nosotros”, justificó.

Gasto en inversiones a revisión

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Como parte de la mejora que pretende hacer para eliminar ineficiencias, Quesada revisará las inversiones. Aseguró que aunque estén técnicamente justificadas, los proyectos se ejecutarán o quedarán congelados según sea su impacto en las tarifas y en razón de la estrechez fiscal actual en las finanzas públicas.

“Este es un momento para analizar si procedemos con inversiones importantes. Le pongo de ejemplo la Terminal Pacífico. Si bien tienen su razón de ser, el país tiene que hacer un alto en ese tipo de proyectos para ver si puede asumirlos porque ello incide en las tarifas. Todas las inversiones se analizarán del mismo modo”, adelantó.

En mayo del 2021, Alejandro Muñoz Villalobos, exjerarca de la Refinadora, propuso gastar $234 millones en un un muelle flotante cerca de puerto Caldera, en Puntarenas, con la intención de ampliar los inventarios de gas licuado de petróleo o de cocina. Sin embargo, el estudio de preinversión realizado por la propia entidad reconoció que elevar el almacenamiento en Moín (Limón) conseguiría la misma meta, con menos inversión y eso evitaría alzas a los consumidores.

Quesada también afirmó que se modificará la dinámica de las compras de los hidrocarburos. Según el funcionario, quien fue intendente de Energía de la Aresep hasta el año 2016, el mercado externo de combustibles ofrece condiciones todavía desaprovechadas para compras a futuro. El plan, dijo, será optimizar la estrategia de compra de la empresa de cara a los próximos años.

“Mejorar algo en esta área, es un beneficio enorme. Por esto mismo es que seremos particularmente cuidadosos con inversiones, porque una mala decisión ahí no es aceptable para la coyuntura del país”, insistió.

Sin revelar detalles, Quesada prometió un ajuste interno en la estructura y en las formas de trabajo de la empresa. Afirmó que hay un diagnóstico en desarrollo.

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“Cualquier organización está sujeta a mejora. Cuando uno cree que las cosas están bien, es el momento de cambiar. Precisamente, nos enfocaremos en eso y ya hemos identificado algunas oportunidades, pero profundizaremos al respecto para que la empresa cuente con la estructura necesaria”, declaró.

La urgencia de ser más eficientes es recurrente en Recope y tema de muchos cuestionamientos. De hecho, en el gobierno anterior, durante la huelga de grupos sindicales contra la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N° 9635, en setiembre de 2018, el entonces Alejandro Muñoz Villalobos dijo a la prensa que el suministro de combustibles nacional estaba asegurado en aquel momento con apenas 40% de trabajadores en sus puestos, mientras el 60% restante protestaba.

Es decir, que de sus 1.725 trabajadores en planilla, 1.035 se manifestaban, pero la empresa operó con los 690 que se mantuvieron en sus puestos.