Las municipalidades deben mejorar la gestión del agua potable, el manejo de líquidos residuales y el servicio de alcantarillado pluvial ante la necesidad de disponer del recurso en condiciones sanitarias y blindarlo ante los efectos negativos del cambio climático, según el llamado que hizo la Contraloría General de la República (CGR) en un informe dado a conocer este jueves.
El análisis planteó como primer desafío que se cumpla en forma y plazo con los controles relacionados con la calidad del agua, no solo de parte de los ayuntamientos, sino también de las instituciones encargadas de la vigilancia de la calidad del recurso hídrico y la protección de sus fuentes.
Actualmente 23 de los 29 gobiernos locales que prestan el servicio de agua potable en el país están en niveles de madurez básico e intermedio y no ejercen el rol de vigilancia de la calidad del líquido vertido a través del saneamiento de aguas residuales ni cuentan con capacidad de trasiego de aguas pluviales.
Como segundo desafío, el órgano contralor señaló la necesidad de que los ayuntamientos construyan indicadores, generen datos de proyecciones a nivel local y realicen análisis de información, con las que las instituciones puedan reconocer, monitorear y mitigar las condiciones del recurso hídrico.
Tales datos ayudarían a robustecer la toma de decisiones acerca de las mejoras que requieren “considerando que en los próximos años se visualiza que el fenómeno del cambio climático tendrá efectos negativos sobre el agua más agudos y prolongados”.
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La Contraloría destaca que, ante posibles desastres naturales, la infraestructura debe ser capaz de canalizar el agua de lluvia a los cuerpos receptores, para evitar inundaciones, deslizamientos, daños en caminos y edificaciones, así como sus costos asociados.
“En ese sentido, es importante que las partes involucradas analicen los cambios en las precipitaciones, cuenten con un diagnóstico de la capacidad de la infraestructura, formulen estrategias para alcanzar la cobertura completa del servicio y además, consideren los retos del fenómeno del cambio climático sobre el servicio que administran”, agregó.
Precisamente, para alcanzar esos objetivos, se presenta como tercer desafío mejorar la capacidad de coordinación e integración de acciones entre las municipalidades, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Ministerio del Ambiente y Energía (Minae) y el Ministerio de Salud.
Esto en virtud de que se requieren esfuerzos para ampliar la cobertura de los servicios, evitar la contaminación de las fuentes de agua y buscar la sostenibilidad del recurso disponible, “ya que la implementación conjunta de medidas tempranas son fundamentales para prevenir impactos en el medio ambiente”.
Aguas residuales
Asimismo, el informe indica que el manejo de las aguas residuales es un tema medular ante la necesidad de disponer del recurso en condiciones sanitarias, por la afectación que los contaminantes provocan en las cuencas hidrográficas y dado que eventualmente será el agua que la ciudadanía consumirá.
En este sentido, aún se requiere que las entidades demuestren avances en aspectos como la ampliación de la cobertura del servicio de saneamiento de aguas residuales, contar con los permisos de vertidos, cumplir con los parámetros de calidad y dar seguimiento a la presentación de reportes de calidad.
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“Al analizar estos tres enfoques del agua, se observa que los retos son transversales y requieren de mejoras en la capacidad de gestión de las municipalidades, así como de integración y comunicación con las demás partes involucradas. El recurso es uno, es limitado y se ve amenazado por las condiciones climáticas actuales del planeta, por lo tanto, es prioritario considerar los temas expuestos en este informe, para avanzar en la consolidación de una institucionalidad integrada que posibilite gestionar los servicios del agua con enfoque de valor público y sostenibilidad a largo plazo”, advirtió el órgano contralor.
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