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Conseguir los permisos de construcción para una casa o un edificio comercial en municipalidades de cabeceras de provincia como San José, Alajuela y Cartago, pueden tomar hasta más de un mes, por encima del tiempo previsto.
Esa tardanza impacta negativamente en el ambiente para hacer negocios y, por lo tanto, en la competitividad nacional.
Así lo alertó la Contraloría General de la República (CGR) en informes de auditoría sobre el funcionamiento de estos ayuntamientos.
Aunque los señalamientos se hacen para estos municipios, la misma Contraloría advierte de que eso no significa que otros gobiernos locales sí cumplen con los tiempos estipulados.
En el caso de la Municipalidad de San José, que tiene un plazo máximo de 10 días hábiles para aprobar esos trámites, de cada 100 procesos que recibe, solo 24 los concreta en ese tiempo; otros 55 los aprueba en un periodo de entre 11 y 30 días y 21 superaron el mes de espera.
La Municipalidad de Cartago, que también tiene establecido el mismo periodo para aprobarlos, solo en el 28% de los casos se cumple con los 10 días máximos; un 65% se aprueba en un plazo de hasta 30 días y el 7% restante supera el mes de espera.
Empero, para la Municipalidad de Alajuela hay que aplicar otra proporcionalidad, pues la normativa de ese cantón establece que el plazo máximo es de 30 días naturales.
De cada 100 trámites, 59 cumplen y 41 sobrepasan el límite. En este caso en particular, quienes solicitan un permiso de construcción tienen que visitar la sede administrativa hasta en 10 ocasiones.
La Cámara de la Construcción confirma las críticas de la Contraloría y añade otras.
Según esta organización –que agrupa a las empresas dedicadas a la actividad–, la tramitomanía y los tiempos excesivos para obtener permisos son problemas frecuentes. Cuanto más grande es el proyecto y más inversión implica, más difícil se vuelve.
Rándall Murillo, director ejecutivo de la Cámara, agregó a las trabas el hecho de que todas las municipalidades tienen normativas y criterios diferentes, condición generadora de inseguridad jurídica.
“Cuando un proyecto entra a la parte de trámites municipales, no se sabe qué le van a pedir”, afirmó Murillo.
Por esa razón, él considera necesario “poner a todas las municipalidades en un sistema digital, con reglas claras y donde los plazos sean razonables y además se cumplan”.
¿Cuánto cuesta el permiso?
Además de influir negativamente en la competitividad y en la facilidad para hacer negocios en el país, esta problemática genera un aumento en el costo final que la persona o la empresa debe asumir por su trámite.
Por esa razón, ese exceso de tiempo de espera incentiva construcciones ilegales, considera la Contraloría.
El costo promedio que debe asumir una empresa o persona particular para obtener un permiso de construcción es de ¢1,9 millones en San José y Cartago, mientras que en Alajuela es de ¢1,7 millones.
Para estimar esos costos, la Contraloría tomó en cuenta la carga administrativa, es decir, los requisitos inherentes al trámite como planos, certificaciones, fotocopias, impuestos y otros.
También contempló el costo de oportunidad, que está relacionado con los recursos que tiene que invertir la empresa o persona en virtud de la espera hasta que le otorguen el permiso, como por ejemplo alquiler de apartamento o local.
“Esta situación genera un problema de competitividad. Cualquier inversionista lo primero que pregunta es en qué plazo se puede completar el proyecto y empezar a generar retorno de inversión; esa respuesta no se le puede dar por la imprecisión y la falta de claridad en trámites”, agrega Rándall Murillo.
Al final, advierten los empresarios, el impacto en el costo de los proyectos los hace menos competitivos, y en consecuencia, hay menos empleo.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el número de permisos para construir vivienda en el país cayó un 5,35% al cierre del 2018, en comparación con el 2017.
Al término del año pasado se contabilizaron 21.882 trámites de ese tipo, mientras que en diciembre del 2017 esa cifra ascendió a 23.118, es decir, que entre esos dos años hubo una diferencia de 1.236 permisos.
La principal caída se registró en inmuebles de más de 100 y menos de 150 metros cuadrados (m²) con una baja del 38,1%, seguida por las viviendas de entre 150 y menos de 200 m², con una disminución del 10,7%.
