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Algunos tienen más de una década de vender fruta a la orilla de la carretera, pero hoy les llegó el aviso para que desalojen pues están irrespetando el derecho de vía de la nueva autopista Cañas-Liberia, en Guanacaste.
"Tengo 15 años de tener este puesto y hasta ahora toman una decisión de este tipo. Yo no tengo otro ingreso económico, dependo de esto para mantener a mi familia porque no tengo estudios", detalló Elezander Espinoza, el primero en ser notificado este miércoles por el Departamento de Inspección Vial y Demoliciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Según este comerciante, años atrás quisieron quitarlo, pero un recurso de amparo le permitió quedarse en el lugar, muy cerca del cruce hacia Upala.
Otros 19 fruteros localizados entre Bagaces y Liberia, en los dos sentidos de la carretera, también deberán desalojar ese espacio, a donde instalaron sus ranchos para vender en su mayoría agua de pipa, sandía y piña, a lo largo de los 30 kilómetros los que ya fueron habilitados.
Las ganancias que obtienen son variables, pero redondean entre ¢10.000 y ¢20.000 al día.
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Resignación y molestia. Tras recibir la notificación de desahucio, los fruteros tienen 15 días para retirarse de la zona; de lo contrario, sus estructuras de madera y palma serán demolidas por las autoridades.
La reacción de la mayoría fue pacífica y manifestaron a La Nación que acatarán la directriz.
"Uno tiene que retirarse porque se sabe que esto no nos pertenece. Lo mejor es vender todo lo que tenemos y no regresar", comentó Rafael Ángel Zamora, quien desde hace tres años vende pipa, sandía, piña y vino de coyol en Llanos de Cortés, Bagaces.
Este hombre es oriundo de Heredia y llegó a tierras guanacastecas en busca de estabilidad laboral, debido a las complicaciones para obtener empleo. En la actualidad vive en un rancho dentro de su mismo puesto, donde tiene 2.000 sandías y 700 pipas.
"Quise obtener una patente y ubicarme acá legalmente, pero no se pudo. Ahora no sé si me alquilarán el terreno para trasladarme", agregó Zamora.
Justo Duarte, quien tiene su puesto desde hace tres meses cerca de Bagaces centro, coincidió en que lo mejor es irse.
"Ojalá pueda vender todo lo que me queda. A mí se me complica trabajar en el campo, entonces me puse a vender pipa acá, que es un sitio que también me queda cerca de la casa, dijo Duarte.
La voz de resignación se reproduce en Rafael Miclos y Víctor Artavia, quienes afirmaron que también se irán.
Sin embargo, Elezander Espinoza aseguró que hablará con su abogado para determinar qué medidas tomar.
Sin permiso. Álvaro Rojas, supervisor de Inspeción Vial y Demoliciones, mencionó que ninguno de los notificados tiene permiso para trabajar a un costado de la carretera, donde el derecho de vía es de 25 metros a cada lado.
La notificación se dejó incluso en ranchos vacíos.
"Si no se retiran utilizaremos motosierra y un camión para quitar las estructuras y llevarlas a un plantel donde, para ser retiradas, las personas deberán pagar ¢418.401, según lo establece el artículo 144 y el 227 de la ley 9078", advirtió Rojas.
