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El ICE deberá reinstalar a una abogada que fue despedida luego de denunciar posibles irregularidades en la entidad.
Esta fue la orden que emitió el Tribunal Contencioso Administrativo al acoger una solicitud de medida cautelar presentada por Gabriela Sánchez Rodríguez.
La trabajadora había sido notificada de la separación del cargo el 19 de julio, cuando se encontraba incapacitada.
El origen del conflicto se remonta a agosto de 2015, cuando Sánchez, como abogada del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), redactó un criterio jurídico que sugirió rebajar el salario a 300 funcionarios de la entidad que ganaban como jefes a pesar de que dejaron de serlo años atrás.
Ella fue instada a modificar la opinión jurídica, solicitud a la que se negó, al tiempo que informó del asunto a la Contraloría General de la República y acudió a los tribunales.
De acuerdo con el fallo del Tribunal Contencioso, firmado por el juez Billy Araya Olmos, la administración del Instituto efectúo una “imputación a todas luces genérica” de supuestas faltas de lealtad, de respeto y de buena fe, “al emitir, presuntamente, ofensas verbales y por escrito contrarias a la dignidad y el decoro”.
En criterio del juzgador, esa imputación, además, parece carecer de un verdadero presupuesto fáctico que tenga por norte resguardar la legalidad y moralidad administrativas.
Incluso, dice Araya, “no deja de sorprender” que se haya impuesto el despido mientras Sánchez estaba incapacitada.
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Para él “resulta no sólo irrazonable, sino, además, contrario a los principios elementales de la justicia, y a las reglas elementales de la ciencia, en detrimento de la inteligencia” como lo establecen los artículos 16 y el 216 de la Ley General de la Administración Pública.
Por medio de la oficina de prensa, autoridades del ICE comunicaron a este diario que por “respeto a la independencia del Poder Judicial” no se referirían a la orden del Tribunal de restituir a la abogada .
No obstante, ayer por la tarde, en un comunicado, sí explicaron las razones por las cuales rechazaron la recomendación que hizo Gabriela Sánchez de rebajar los sueldos de funcionarios que ganaban como jefes sin que realmente lo fueran.
Por una parte, dijeron, temían provocar una ola de demandas por parte de los trabajadores, y por otra, consideraron que actuaban al amparo del Estatuto de Personal de la entidad.
Entre tanto, la afectada adelantó que continuará la batalla para que judicialmente se discuta el fondo de este asunto.
“En adelante agotaré toda instancia requerida para obtener un fallo que establezca si hubo o no motivo legítimo para disponer mi despido. Para ello es indispensable que se mantenga la decisión cautelar del señor juez que me permite evitarme los daños que me causa el despido”, comentó Sánchez.
La funcionaria también comentó que para ella el "ICE es una gran empresa de los costarricenses que le ha
brindado gran desarrollo al país y la mayoría de sus trabajadores son honorables técnicos y profesionales honorables que merecen el más alto respeto a sus derechos laborales y que las competencias del ICE se ejerzan en el más riguroso marco de legalidad".
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En el Congreso. Además de la resolución judicial, el despido de la abogada también fue motivo de reclamos por parte de diputados.
Doce legisladores de cinco fracciones enviaron una misiva al presidente Luis Guillermo Solís para pedirle investigar la “persecución laboral y política” contra la funcionaria, quien tiene 11 años de carrera.
Los diputados apuntaron contra la directora jurídica del Instituto, Julieta Bejarano, a quien consideran responsable del cese de la abogada.
