El 20 de diciembre de 2022, La Nación envió ocho preguntas a la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), Mónica Araya Esquivel, sobre su propuesta para revisar las computadoras de los directivos con el fin de investigar una presunta filtración a la prensa sobre el aumento salarial retroactivo para más de 2.000 empleados de la entidad.
Araya evadió las consultas. Más de un después, el 23 de enero, vía correo electrónico, se recibieron respuestas, pero no de Araya, sino de Wiliam Fernández, jefe de la Dirección Jurídica.
En una entrevista realizada el miércoles anterior, Fernández dijo que contestó porque es “vocero institucional de la mayoría de temas”, reconoció que no se consultó a la Dirección Jurídica si era legal o no revisar las computadoras portátiles de los miembros de Junta Directiva para perseguir la supuesta filtración y admitió que desconoce si las justificaciones dadas por Araya para pedir la revisión son veraces.
- Enviamos vía correo electrónico unas consultas dirigidas a Mónica Araya Esquivel, presidenta ejecutiva del INS, sobre la propuesta de que se revisaran las computadoras de los directivos por una supuesta filtración a la prensa ¿Por qué si las preguntas iban para ella contestó usted?
- En realidad, yo soy el vocero oficial de la institución y lo hago en mi condición de vocero y no de director jurídico, como se había consignado.
- ¿Usted es vocero de todos los temas en la entidad?
- No señor, de la mayoría de temas sí soy el vocero principal.
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- Hay una diferencia entre ser vocero de la entidad y ser el vocero de la jerarca, porque consultamos sobre manifestaciones de doña Mónica en un acta y sobre una propuesta hecha por ella ¿Por qué el vocero institucional contesta sobre acciones individuales de la presidenta ejecutiva del INS?
- En este caso, sus actuaciones son con vocación al trabajo. Entonces, la vocería también aplica y fue lo que se determinó a partir de las políticas internas en materia de comunicación.
- ¿Existe algún documento que lo designe a usted como vocero a partir de una fecha específica y bajo qué términos?
- Lo que hay es un manual de vocería, no existe nada por escrito en el que se diga que yo soy el vocero principal, sino que eso va siendo determinado por el departamento de Comunicaciones, según el tema.
- ¿Cuándo se enteró usted de que se ordenó hacer la revisión de las computadoras de los directivos?
- De forma totalmente posterior, cuando empiezan las entrevistas es que me entero del tema. Vamos a ver, en mi condición de director jurídico no participo de esa decisión. Me entero leyendo las actas de Junta Directiva, veo que hay unas mociones, tres directivos muy preocupados por el tema de la información, no solo por el asunto de los salarios, mencionan fuga de información de una clienta, mencionan tres casos.
“(...) Yo no trato de convencerlo de la actuación, lo que leo es lo que dice el acta y cuál fue la preocupación verdadera de los miembros de Junta Directiva. El otro tema relevante acá es que cada directivo, de forma voluntaria, brindó un consentimiento inequívoco y de forma expresa para que accedieran a sus computadoras, tanto es así que de eso se levanta un acta notarial”.
- ¿Le consta que las manifestaciones de la presidenta ejecutiva para justificar la revisión de las computadoras sean ciertas, porque ella dice, en la sesión que propuso la revisión, que durante una entrevista un periodista sabía que había miembros de Junta Directiva que votaron en contra del aumento, pero al revisar la grabación de la esa entrevista se puede ver que ella misma fue la que aportó esos datos?
- No me constan.
- Existe un fallo de la Sala IV relacionado con una empleada de una empresa privada que reclama que se revisó su computadora de trabajo sin estar ella presente, los magistrados le dan la razón en ese aspecto ¿Sabe si las computadoras de los directivos se inspeccionaron estando ellos presentes?
- Yo no participé directamente en esa gestión, lo que tengo es el acta notarial donde dice que ellos dieron el consentimiento.
- ¿A usted le pidieron, previo a la revisión de las computadoras, si se podía ejecutar una revisión de este tipo y de qué manera ejecutarla?
- No señor, si usted revisa el acta fue una discusión de forma espontánea.
- La Sala IV falló a favor de una persona que objetó la declaratoria de confidencialidad relacionada con el aumento salarial y condenó al INS a brindar esa información ¿Fue un error esa declaratoria?
- No considero que exista un error, la realidad es que existe una política que aprobó la Junta Directiva y consideraron que todo el tema de salarios era confidencial, esa política se aprobó de forma previa (...) Creo que la actuación, en su momento, se hizo basada en esa decisión.
- Pero de acuerdo con las actas, no hubo una decisión cesada o fundamentada en criterios jurídicos. Incluso, en el acta del 23 de agosto de 2022, la presidenta ejecutiva afirma que ese tema puede ser público, pero que lo iban a declarar privado “para no generar bulla” ¿Sabe a qué se refiere con esa expresión?
- No señor, no sé a qué se refiere.
- ¿A usted le pidieron un criterio jurídico para declarar ese tema confidencial?
- No señor.
- ¿Entonces cómo puede afirmar que esa decisión fue justificada en criterios legales o jurídicos?
- Porque, precisamente, se presentó un recurso de amparo y parte de la labor de la Dirección Jurídica es atender los recursos amparo y tenemos que revisar todo lo que se actuó en ese momento. Entonces, revisamos la Política para ver si había algo que lo sustentara o no y con base a eso se rinde el informe a la Sala Constitucional.
- ¿Qué le respondieron a la Sala Constitucional?
- Contestamos lo mismo, que estamos en competencia, seguido de que existe una política (...) Y la Sala lo que nos dice es que por ser un aumento de salarios generalizado no se afecta el tema competitivo.
- ¿Eso quiere decir que ustedes razonaron sobre la declaratoria de confidencialidad hasta que la Sala Constitucional se los pidió?
- En realidad, son temas que se vienen razonando, yo asumí el puesto en 2018 o 2019, son temas que se están revisando, ya venían del pasado.
- Antes del fallo de los magistrados (en noviembre de 2022) lo único que existía, dentro del INS, para justificar la confidencialidad del aumento salarial era la expresión “para no generar bulla” ¿Considera esa frase suficiente para tomar esa decisión?
- Consideramos que la regla debe ser la transparencia.
- La pregunta fue si usted considera que esa expresión fue suficiente para declarar algo confidencial y que luego esa decisión le generó una condena de la Sala Constitucional a la entidad...
- Yo lo que puedo contestar al respecto es que la jurisprudencia ha sido clara y reiterada que el tema de confidencialidad debe ser la excepción...
- De nuevo, mi pregunta no es sobre la jurisprudencia, es sobre si usted considera que la frase de la presidenta ejecutiva bastaba para tomar esa decisión...
- Yo de lo que puedo hablar es sobre mis actuaciones, no sobre las actuaciones de la jerarca.