Luis Adrián Salazar, ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), declaró que hará “cuanto sea posible” por asegurar los programas contra la brecha digital, luego de que el Ministerio de Hacienda anunciara que, ante la insostenibilidad de la deuda pública, el país requiere recursos de los superávits de 11 instituciones para atenuar el déficit.
Entre esas instituciones, están el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel). Esta última entidad se declaró preocupada porque supuestamente no se consideró si los fondos están comprometidos.
Según el proyecto, Fonatel le giraría ¢40.000 millones al pago de deuda y la Sutel, ¢5.600 millones.
“Con respecto al anuncio de don Rodrigo y en el marco de la situación fiscal que tenemos, haré cuanto sea posible para cumplir con los programas previstos y para esto ya solicité a mi equipo analizar este anuncio y su impacto en los programas en ejecución para asegurar al máximo su cumplimiento”, afirmó Salazar.
Por su parte, frente al anuncio, la Superintendencia declaró su preocupación por la propuesta de ley, según declaraciones de Federico Chacón, presidente del Consejo de la Sutel.
“Todavía desconocemos el detalle del proyecto de ley pero nos preocupa que se disponga de recursos institucionales, sin analizar el superávit comprometido y los efectos negativos en el cumplimiento de obligaciones legales” dijo.
Entre dichas obligaciones, citó la protección de los derechos de los usuarios, monitoreo de calidad de los servicios y la implementación de las nuevas funciones “como autoridad sectorial de competencia”.
En el caso del Fondo, Chacón adelantó que el Consejo de la Sutel analizará el impacto que pueda tener el eventual traslado de fondos y para hacerlo solicitó una reunión con el jerarca del Micitt para analizar los efectos de estas medidas y proceder a un ajuste en las metas del PNT y en futuros proyectos.
Según Chacón, Fonatel mantiene hoy 28 proyectos en ejecución y tiene compromisos contratuales hasta el año 2027 con distintos proveedores.
También la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) manifestó preocupación por el anuncio de Hacienda. Su argumento es que Ley General de Telecomunicaciones y en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos establecen que los recursos de Fonatel no se pueden emplear para otros fines.
“La naturaleza del Fondo no es la misma que la de superávits de instituciones públicas: esto no son recursos derivados de una operación superavitaria producto de la generación de ingresos propios, sino de una contribución parafiscal establecido en una ley especial. Además, reiteramos, no se trata de un superávit sino de un fondo cuyos recursos están resguardados en un fideicomiso que está pensado en atender necesidades para cubrir la brecha digital en el país”, señaló Vanessa Castro, presidenta de la Cámara.
Problemas detectados
La intención de Hacienda de tomar superávit de Fonatel llega apenas una semana después de que la Contraloría General de la República detectara atrasos en la ejecución de planes, fijación de metas “inalcanzables” y proyectos sin comenzar, pese al giro de recursos.
El llamado de atención figura en el informe de auditoría DFOE-IFR-IF-00001-2020 emitido el pasado lunes 3 de febrero, el cual analiza la gestión de Fonatel entre 2015 y 2018.
Según el documento, debido a una deficiente administración de Fonatel y Sutel, se realizan giros parciales de recursos para proyectos que, en algunos casos, son iniciativas ajenas a necesidades reales.
Esta dinámica genera incumplimientos en las metas que define el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.
La divulgación del informe llegó tres días luego de la renuncia de Humberto Pineda como director de Fonatel, cuya labora no estuvo exenta de críticas de varias entidades por la lentitud en la ejecución del millonario fondo, que en casi una década solo ha ejecutado $116 millones.
La propia Contraloría especificó en su análisis los niveles de atraso.
Para el año 2017, señala el informe, no pasó de 10% respecto a un porcentaje esperado de 65% por programa, según había previsto Fonatel.
Al cierre del 2018, añade la Contraloría, el progreso en metas no superó el 25% contra una previsión por programa de 84,3%.
