Escuchar
Bonos para vivienda, asignación de becas para estudiantes, programas de empleo y promoción de la cultura y el deporte podrían estar en manos de las municipalidades.
Este es uno de los planteamientos del Vigésimosegundo Informe del Estado de la Nación, presentado ayer.
Según el estudio, el país desaprovecha el potencial de los ayuntamientos para administrar proyectos de fomento para las comunidades.
La investigación encontró que la inversión de los municipios en este tipo de iniciativas equivale a un 0,4% del producto interno bruto (PIB), y a un 1,7% de la inversión social pública que hace el Estado cada año.
Pero la investigadora Natalia Morales cree que los ayuntamientos tienen capacidad para asumir más responsabilidades.
“En un futuro va a ser cada vez más complicado seguir ampliando la política social, y al ver los resultados de pobreza, la desigualdad, el desempleo… Esta podría ser una alternativa para mejorar esos indicadores”, explicó Morales.
De acuerdo con el Informe, el “severo déficit de las finanzas públicas”, la dificultad del Gobierno central para canalizar las demandas sociales y la falta de visión territorial de las necesidades, hacen necesaria una mayor participación de los gobiernos locales.
Jonathan Espinoza, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), coincide con esa perspectiva.
El vocero considera que el conocimiento de los municipios sobre sus territorios permitiría que ubiquen más rápido y con mayor precisión a quienes deberían ser beneficiados.
Para ello, Espinoza considera que instituciones como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) y el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), deberían ceder competencias.
Emilio Arias, presidente ejecutivo del IMAS, está en desacuerdo con esa propuesta, ante el riesgo de que las ayudas se entreguen según afinidades políticas.
“El país no está preparado para trasladar la entrega de esas transferencias, tenemos que migrar a municipalidades menos políticas y más preparadas para hacer una entrega técnica de las ayudas”, dijo Arias, quien aboga por alianzas entre Gobierno central y municipios para gestionar los proyectos sociales.
El IMAS es la institución a cargo de velar por la reducción de la pobreza a través de iniciativas interinstitucionales, como el programa Puente al Desarrollo.
Las trabas. El Informe del Estado de la Nación asegura que en el país ya hay un marco jurídico para la descentralización.
Por ejemplo, en el 2002 se modificó el artículo 170 de la Constitución Política para que, del Presupuesto Nacional, se destine al menos el 10% de los ingresos del país a los gobiernos locales.
No obstante, en opinión de Morales, en la práctica son pocas las competencias que se han descentralizado, y las municipalidades se siguen limitando a cumplir con sus funciones mínimas.
Para Espinoza, a las municipalidades también las limita la falta de recursos.
“Se le han venido dando competencias a los gobiernos locales a través de la historia, pero no se les dan los recursos para ejecutarlas. Ahí es donde viene la discusión por el fondo que se tiene que dar en el Estado para desconcentrar o descentralizar el uso y la ejecución de los fondos en las áreas sociales”, aseguró Espinoza.
Pese a ello, el informe destaca que los gobiernos locales destinan, en promedio, un 20% de sus recursos a iniciativas sociales, siendo el deporte y la educación los sectores más beneficiados.
En promedio, la inversión anual en programas sociales de las municipalidades es de ¢20.000 per cápita.
Un análisis de los presupuestos de las 81 municipalidades determinó que el factor que más incide en la asignación de recursos es la voluntad de cada gobierno local según sus prioridades, y no tanto de los ingresos que tiene.
De hecho, si se ordenan los ayuntamientos por quintiles, según el gasto social per cápita, en todos los niveles hay mezcla de cantones de todos los niveles de ingresos, urbanos y rurales.
Entre los municipios que el Estado de la Nación destaca por su esfuerzo para asignar recursos a iniciativas sociales están Montes de Oro, Santo Domingo, Paraíso, La Unión y Cartago.
“La municipalidad es pequeñita, entonces nosotros nos esforzamos con la empresa privada y el apoyo que podamos encontrar”, dijo Karla Méndez, encargada de la oficina de Servicios Sociales de la Municipalidad de Montes de Oro.
Las iniciativas de ese cantón incluyen asesoramiento a microempresas, atención para mujeres en situaciones de violencia, programas para desempleados y actividades artísticas y culturales, detalló Méndez.
“Las alianzas siempre son buenas, y cada año uno puede ver que la gente tiene mayor conciencia social. Tal vez, las personas no lo ven como una prioridad, como sí lo es el tema de calles o de dar un buen servicio de agua, pero sí se ha incidido para que la gente sepa que debe ayudar en proyectos sociales”, manifestó la funcionaria.
