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Alejandro Muñoz el 9 de abril del 2019 en Casa Presidencial al anunciar la suspensión de su plan para mezclar etanol en la gasolina súper, divulgado cinco días antes y cuya fecha de arranque era mayo de ese año. Lo acompañaron, de izquierda a derecha, los entonces ministros Carlos Manuel Rodríguez, Rodolfo Piza y Nancy Marín. Fotografía: Mayela López (Mayela López)
El proyecto de ley para transformar la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) enfrenta una férrea oposición del sector industrial del país, que teme el impacto que puedan tener los eventuales cambios en las tarifas de combustibles.
La propuesta fue calificada de “ocurrencia” por la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), como quedó consignado en una carta, enviada este martes, a diputados de la Comisión de Ambiente. Ese foro tramita el expediente 21.343 “Ley de Transformación de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) para la contribución a la transición energética”.
La iniciativa de Gobierno, presentada en abril de 2019, plantea que las tarifas de combustibles le financien a Recope un fondo para investigación, desarrollo y venta de energías químicas alternativas a los hidrocarburos.
Propone además que Recope cambie su nombre por Empresa Costarricense de Combustibles y Energías Alternativas, Sociedad Anónima (Ecoena), la cual mantendría el monopolio de la venta de combustibles fósiles.
En su escrito a los legisladores, la Cámara pide no ampliar las funciones de la empresa, pues advierten de que los usuarios podrían terminar pagando, mediante las tarifas, las siembras de caña para producir azúcar y luego etanol, o cultivos de palma para extraer aceite destinado a biodiésel.
Los industriales sustentan su oposición en los fallidos intentos de Recope de mezclar etanol e introducir biocombustibles.
Asimismo, consideran que no se justifica que la Refinadora se dedique a la investigación sobre combustibles alternativos cuando ya instituciones académicas locales e internacionales están dedicadas a esos análisis y han generado literatura suficiente al respecto.
“No apoyamos cargar costos a los combustibles que hoy usamos para ocurrencias o duplicidades, en especial ante las experiencias fallidas recientes de Recope como el Proyecto de Etanol. Estas son evidencias que fundamentan el rechazo a Ecoena, que seguirá siendo Recope con otro nombre”, afirmaron en el documento.
Según los industriales, el intento de darle nuevas funciones a la empresa pública los lleva a recordar el “fracaso” de la Corporación Costarricense de Desarrollo (Codesa), desaparecida en 1997.
Con aquella entidad se pretendió consolidar un modelo de desarrollo en la figura de un Estado empresario, no obstante, tras 24 años de existencia, dejó pérdidas por ¢15.000 millones.
La carta de la CICR a los diputados se da unos días después del reproche del jerarca de Recope, Alejandro Muñoz, por el escaso avance del plan de ley luego de dos años de haber ingresado a la corriente legislativa.
En el mensaje, Muñoz asegura que “no quiere más Recope”, frase que usa para destacar la conveniencia de Ecoena.
Los industriales también hicieron referencia a la frase en su mensaje al Congreso.
“Considerando que Recope trata de impulsar el proyecto 21.343 a través de un comunicado de prensa, es que deseamos aportar estas observaciones; las cuales podemos resumir en que estamos de acuerdo en no más Recope, pero tampoco Ecoena”.
Tropiezo en proyectos
Al escaso avance del proyecto de ley que reclama el jerarca de la Refinadora, se suman tropiezos que han tenido otras de sus iniciativas.
Una tuvo relación con biocombustibles. Se trató del plan para mezclar etanol con gasolina súper, propuesta que fue suspendida por el Poder Ejecutivo en abril del 2019, apenas unos días después de que fuera anunciada.
Entretanto, en mayo anterior, la entidad confirmó su intención de construir un muelle flotante de $234 millones cerca de puerto Caldera, en Puntarenas, y así ampliar los inventarios de gas licuado de petróleo (GLP) o de cocina.
Sin embargo, el propio estudio de preinversión reconoce que aumentar el almacenamiento en Moín (Limón) cumpliría esa misma meta, pero con un costo mucho menor, lo que le evitaría a los consumidores un impacto tarifario.
