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La contralora general Marta Acosta declaró este miércoles que el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) ha ejercido un control laxo, poco técnico y alejado del interés público en la fiscalización de puerto Caldera, el principal del Pacífico.
Acosta se apersonó este martes a la Comisión Especial de la Provincia de Puntarenas, de la Asamblea Legislativa, para referirse a la resolución emitida por la Contraloría General de la República (CGR) en la que se le ordenó al Incop a cobrar a la concesionaria Sociedad Portuaria de Caldera (SPC) daños por concepto de incumplimientos.
Respecto a las órdenes que fueron giradas por la Contraloría al Instituto a raíz de los hallazgos de un informe de auditoría publicado en noviembre de 2021, la jerarca anunció que la entidad ha avanzado con las disposiciones y que la empresa concesionaria ha presentado reclamos.
“Como parte del proceso de seguimiento, informarles que existen avances e información que ha aportado la Administración y que la Contraloría está valorando, entre ellos, una orden que el Incop le giró al concesionario para que aplique los ajustes en los montos de mantenimiento que concluyó la Consultoría, es decir, la inversión requerida de los $2.367.000 y un aumento al monto de mantenimiento anual a los $1.462 millones. Sin embargo, la Administración nos indicó en estos días que el concesionario le recurrió la orden”, explicó.
Entre las deficiencias encontradas con la auditoría, Acosta destacó que el Incop no ha tomado acciones concretas para que el Estado reciba en las mejores condiciones los bienes y derechos concesionados al finalizar los contratos.
Tampoco para que el concesionario cumpla con los niveles de inversión y mantenimiento con el fin de que los servicios portuarios satisfagan las necesidades del país.
“El Incop, en nuestro criterio y dadas nuestras evidencias, ha ejercido un control laxo, poco técnico y alejado del interés público en la ejecución de los contratos de concesión y por ende sobre la calidad de los servicios portuarios y la productividad esperada de estos”, dijo la contralora.
Asimismo, resaltó que es imperativo que la Administración actúe responsablemente de conformidad con la magnitud del servicio en puerto Caldera, su impacto en el interés público y la protección de la hacienda pública.
“Urge que el Incop tome medidas para asegurar la continuidad de los servicios portuarios ante la finalización de los actuales contratos de concesión en el 2026. El país tiene que capitalizar las lecciones aprendidas y no deben suspenderse estos servicios en virtud de su importancia estratégica. Y esto lo digo, porque el 2026 está a la vuelta de la esquina, hay que hacer estudios de pre-inversión, hay que hacer licitación y eso requiere mucho tiempo, y nos quedan como país tres años y un poquito”, manifestó Acosta.
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Auditoría
El pasado 26 de noviembre, la Contraloría publicó el informe de una auditoría de carácter especial que se realizó en el Incop con el propósito de determinar si las funciones de control y fiscalización llevadas a cabo por esa institución a través de la Unidad Técnica de Supervisión y Control y de la Secretaría de Fiscalización, son realizadas conforme a lo establecido en los contratos de concesión de puerto Caldera.
Al verificar las cifras de operación del periodo 2017-2020, la Contraloría encontró que la terminal intermodal de Caldera tuvo un rendimiento promedio inferior a lo estipulado en el contrato de concesión en casi una tercera parte del tiempo.
Según la auditoría, el parámetro mínimo establecido en el contrato es de 52 movimientos de contenedores por hora. No obstante, en algunos lapsos, el promedio fue inferior. Por ejemplo, entre agosto y noviembre de 2020, el rendimiento osciló entre 38 y 46 movimientos.
Por el contrario, en los momentos de mayor eficiencia el promedio ascendió a entre 60 y 68 movimientos por hora. Ese fue el ritmo alcanzado entre enero y abril de 2017.
“Alcanzar la productividad mínima de 52 movimientos por hora requiere del uso como mínimo de dos grúas móviles y una de buque. Pero, si en su lugar se emplea un arreglo de dos grúas de buque y solamente una grúa móvil, la productividad exigida baja a 42 movimientos/hora. Con esto, se evidencia que la cantidad y el tipo de equipo empleado durante el proceso de carga o descarga está directamente relacionado con la productividad que puede lograrse”, señala el informe.
Consultado al respecto, el gerente general de la empresa SPC, Ricardo Ospina, aseguró que la compañía portuaria siempre ha cumplido con lo acordado en el contrato de concesión de puerto Caldera.
“Hemos entregado a la autoridad todas las cifras que dan cuenta de que hemos cumplido nuestro contrato. Solo dos datos para poner sobre la mesa: Sociedad Portuaria Caldera mueve los contenedores dos veces más rápido y con 20 veces más carga que antes de iniciarse la concesión. Eso nos hace 40 veces más eficientes”, respondió el gerente.
A raíz de este hallazgo, la Contraloría le giró a las autoridades del Incop la orden de estimar el daño causado a la eficiencia de los servicios portuarios, a los usuarios de esos servicios y a la Administración del Incop por “los incumplimientos” de las productividades acordadas contractualmente.
Según el órgano contralor, se concedió una prórroga para el cumplimiento de esta y todas las otras directrices para el 25 de enero de 2023.
Puerto Caldera es el puerto más importante del Pacífico costarricense, según datos de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep). Por esta terminal se movilizaron cerca de 17 millones de toneladas de mercancías entre 2017 y 2019.
La prestación de los servicios en el puerto se desarrolla mediante contratos de concesión, por lo que al Incop le corresponde garantizar que los servicios concesionados se ofrezcan de la manera que mejor satisfaga a los usuarios y logrando adecuados rendimientos en las operaciones.
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