Juan Diego Córdoba González. 1 junio
Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanaron la la curia metropolitana y la Conferencia Episcopal el 7 de marzo de 2019, en busca de pruebas contra el excura Mauricio Víquez y el sacerdote Manuel Guevara, ante denuncias por abuso sexual contra menores. Fotografía: John Durán
Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanaron la la curia metropolitana y la Conferencia Episcopal el 7 de marzo de 2019, en busca de pruebas contra el excura Mauricio Víquez y el sacerdote Manuel Guevara, ante denuncias por abuso sexual contra menores. Fotografía: John Durán

Trece meses después de que el papa Francisco girara nuevas órdenes para combatir los abusos sexuales a menores, la Iglesia católica de Costa Rica dio a conocer el nuevo protocolo de atención de denuncias contra curas y miembros del clero.

Bajo el nuevo esquema, se crearon comisiones en cada una de las ocho diócesis nacionales, que estarán encargadas de darle acompañamiento a las víctimas, así como de realizar investigaciones preliminares sobre las denuncias.

Esos espacios se unirán al Tribunal Eclesiástico de la Conferencia Episcopal, que antes centralizaba todas las denuncias canónicas interpuestas contra curas del país.

De acuerdo con Lisandra Chaves, vocera de la comisión encargada de elaborar el protocolo, el fin es agilizar los procesos y facilitar el acceso a la justicia eclesiástica, como lo ordenó el papa Francisco en su carta apostólica “Vosotros sois la luz del mundo”, en mayo de 2019.

“La publicación de esta línea guía corresponde a la claridad y el compromiso con que la Iglesia quiere manejar estos casos. Estas líneas van a ayudar en la actuación en casos de abuso sexual contra menores o adultos en vulnerabilidad por parte del clero y consagrados”, afirmó Chaves.

¿Cómo será el proceso?

1. Cuando se presente una denuncia ante la comisión diocesana de protección al menor, el obispo deberá nombrar a un investigador para que presente, en el plazo máximo de un mes, una relación de hechos basada en testimonios de la víctima y sus testigos, así como posibles pruebas documentales.

2. Luego, se designará a un instructor, quien en un plazo de 15 días deberá leer las pruebas al cura denunciado, para que este, en compañía de un abogado canónico, presente su defensa escrita.

3. Cumplido el plazo, el instructor deberá a remitir, en los siguientes 15 días, el informe de conclusiones al obispo.

4. En un plazo no mayor a 90 días hábiles desde que se presentó la denuncia canónica, el obispo deberá elevar el caso con su respectivo voto al Vaticano.

5. Los casos serán estudiados por la Congregación para la Doctrina de la Fe.

6. Ese órgano adscrito a la Santa Sede, podrá llamar a la víctima, testigo y acusado antes de dar su veredicto, en un plazo de 30 días hábiles.

7. Según lo estipuló el Sumo Pontífice en su carta apostólica, la primera resolución deberá darse en un plazo total de 120 días hábiles.

8. El resultado podrá ser apelado por la víctima o el acusado en los siguientes 60 días, una vez que las partes sean notificadas de la resolución.

Los obispos o encargados de las diócesis podrán implementar medidas cautelares contra el investigado desde que se conoce la denuncia. La más común es separarlo temporalmente de la parroquia.

El máximo castigo que dicta el Vaticano por un delito de abuso sexual, es la expulsión de por vida del estado clerical.

Ese fue el castigo impuesto a Mauricio Víquez en febrero de 2019, por los abusos sexuales que, según el Vaticano, cometió contra dos menores cuando brindaban servicios a la comunidad como monaguillos.

El cura expulsado guarda prisión preventiva en México, a la espera de su extradición a Costa Rica, por una causa penal que se le sigue por el supuesto abuso en contra de un joven cuando era menor de edad.

El caso continúa en investigación por parte del Ministerio Público.

Otras medidas

El protocolo no solo aclara cómo se aplicará la ley canónica, sino también establece otras medidas que se ejecutarán para prevenir abusos sexuales.

Por ejemplo, se implementarán programas educativos para la creación de ambientes seguros en todas las parroquias, para identificar posibles abusos sexuales y técnicas de hostigamiento, así como para brindar información sobre cómo denunciar presuntos actos.

Esos talleres serán impartidos a los clérigos, así como a familias, funcionarios de las parroquias y agentes de pastorales.

Además, según se menciona en el protocolo, la Iglesia se compromete a realizar procesos más estrictos de selección para los candidatos al Seminario.

“San Juan Pablo II dijo que ‘no hay lugar en el sacerdocio ni en la vida religiosa para quienes lastiman a los jóvenes’. Los obispos y superiores mayores tienen una responsabilidad específica para asegurar el discernimiento apropiado de las vocaciones. El Seminario Nacional desarrollará conforme a los establecido en el proyecto formativo el debido discernimiento vocacional a los posibles candidatos al sacerdocio”, menciona la línea guía.

Además, obliga a las instituciones católicas a hacer un “intercambio completo de información por medio de la curia diocesana” cuando un sacerdote pide ser trasladado de una diócesis a otra, sea de forma temporal o permanentemente.

Eso para evitar que el cura escape de posibles círculos de comisión de abusos.