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El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) confirmó este martes la intervención en las finanzas y actividades de su subsidiaria, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).
La medida incluirá acciones específicas en el manejo de las deudas, sus activos e incluso sus procesos administrativos.
Según un comunicado del ICE, se trata de una “reingeniería financiera” de su filial, paso que se da por un pedido expreso que hizo semanas atrás, el presidente de la República, Carlos Alvarado.
Con ese objetivo, dijo el Instituto, se reducirán gastos, se buscará pasar a colones los préstamos en dólares y se establecerá un nuevo modelo financiero y contable para abrir negocios.
El ICE también hará una revisión de los contratos de mantenimiento en los activos de la Compañía, pues como parte de esta intervención se hará una valoración técnica de aquellos inmuebles no estratégicos de la CNFL.
Otro punto “esencial”, según el Instituto, será reforzar la renegociación de los préstamos de la CNFL para disminuir los pagos que la empresa debe honrar.
Asimismo, se tratará de implementar el teletrabajo en una modalidad permanente por razón de ahorro en distintos gastos administrativos.
La hoja de ruta de la CNFL, además, será objeto de una revisión final por parte del Consejo Directivo del ICE previo a su aprobación y puesta en marcha. Este proceso, advirtió el Instituto, podría demorar algunas semanas.
El anuncio llega luego de que Alvarado afirmara que “malas decisiones” de la CNFL ponen en riesgo la situación financiera del ICE en referencia a proyectos eléctricos “mal planificados y ruinosos” como Balsa Inferior y Eólico Valle Central.
Las aseveraciones las hizo en su tercer informe de labores frente al Congreso, el 4 de mayo anterior.
Ese día, el mandatario informó de que había ordenado a Irene Cañas, presidenta del ICE, tomar decisiones al respecto o como dijo en su discurso “acciones drásticas” para evitarle problemas financieros al Instituto.
Cañas, en el comunicado de este martes, declaró que la “reingeniería financiera” busca asegurar la sostenibilidad de la Compañía.
“Estamos fortaleciendo las acciones para incrementar los ingresos; queremos una CNFL fuerte y moderna, con servicios nuevos, innovadores y disruptivos”, dijo la jerarca.
En el mismo documento, Víctor Solís, gerente general de la CNFL, adelantó que el aporte del personal de la institución será fundamental lograr el objetivo y seguir “brindando soluciones de energía” a sus clientes.
Esta empresa tiene 509.000 abonados.
Preocupación por pérdidas
La mención de la CNFL en el discurso del presidente hacía referencia a que la Compañía arrastra desde hace años un desequilibrio financiero por el exceso de deudas cuando construyó las plantas Balsa Inferior, en Florencia de San Carlos, y el Parque Eólico Valle Central, en Santa Ana.
Balsa Inferior pasó de un estimado inicial de $75 millones a uno real de $361 millones, mientras que el Parque Eólico de $21 millones a $54 millones.
Tanto erosionan estas deudas las finanzas de la CNFL, que el ICE debió inyectarle ¢15.000 millones en el 2017, para que cancelara una emisión de bonos de deuda colocados en el 2010 para levantar Balsa Inferior.
Dos semanas antes de aquellas manifestaciones, el Ministerio de Hacienda había advertido de que la falta de transparencia sobre la situación real de las empresas del Grupo ICE le causaba inquietud al considerar que representa un peligro para el fisco, según su reporte Marco Fiscal de Mediano Plazo para el Gobierno Fiscal 2021-2025, del 23 de abril pasado.
En el documento, Hacienda recordó que la Contraloría General de la República (CGR) ha señalado que el panorama de la entidad pública no es positivo por los negocios en los cuales ha incurrido, que luego le resultan ruinosos.
El Grupo ICE cerró el año pasado con una pérdida de ¢110.000 millones respecto al final del 2019 por el impacto de la pandemia en sus negocios y, además, el efecto de la devaluación del colón frente al dólar estadounidense en el pago de sus deudas.
El golpe a sus finanzas se intentó contrarrestar con recortes de gastos y de costos operativos por un 10% respecto al año anterior, sin los cuales el impacto financiero habría sido mayor.
