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Los clientes en telefonía celular, Internet y otros servicios de telecomunicaciones del ICE tienen 220.000 cuentas sin pagar.
Esas obligaciones morosas significan ¢18.000 millones que no han ingresado al Instituto Costarricense de Electricidad. Ese monto equivale a lo que invertiría la entidad, en un año, en salarios de 450 empleados.
Se trata de deudas que no se lograron cobrar en procesos administrativos por lo que fueron trasladadas a procesos judiciales, explica el Consejo Directivo del ICE en el oficio 0012-353-2016 del 8 de noviembre.
El texto cuestiona que, pese a varias medidas adoptadas, no se pudo mitigar la morosidad, que siguió en ascenso: “El cobro administrativo –dice– no brinda los resultados esperados”.
Hasta el 2015, el ICE registraba pérdidas en su negocio de telecomunicaciones desde la apertura del mercado. Este año se ha levantado.
Las cuentas del Grupo ICE en los cobros administrativo y judicial llegaban a ¢50.834 millones, al 30 de junio, según indican sus estados financieros.
Para atender este problema de gestión, una auditoria externa contratada a la compañía KPMG recomendó el 30 de mayo tercerizar la gestión de cobro. Esto significaba sacar la tarea del Instituto y contratarla a terceros “especializados” en ese tipo de gestión.
Sin embargo, el Consejo Directivo acordó, el 31 de octubre, que, en vez de trasladar a terceros esa labor, utilizará una sociedad anónima del mismo ICE, Sería esa sociedad la que en adelante se ocupará del cobro judicial y administrativo de toda la corporación.
La sociedad anónima llamada ICE Proveeduría Digital S. A. asumirá el trabajo para el ICE, Cablevisión, Radiográfica Costarricense (Racsa) y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).
Despidos y contratación. La decisión, sin embargo, implica que 11 funcionarios de la Dirección de Cobro Judicial serán despedidos del ICE y contratados por dicha sociedad anónima pero en otro régimen de planilla donde ya no serían regulados por el Estatuto de Personal del Instituto.
Ese cambio de condiciones lo rechaza la Asociación de Abogados y Profesionales del Grupo ICE (Abogaproice).
Según este grupo, el cambio implicaría pérdida de anualidades, carrera profesional, dedicación exclusiva para profesionales, médico de empresa, fondo de garantías, pensión complementaria y la disminución salarial, pues la contratación sería bajo modalidad de salario único.
Con el fin de lograr eficiencia operativa, ahorro y competitividad de los negocios, el Consejo Directivo de Grupo ICE había aprobado en setiembre del año anterior la adopción del salario global para nuevas contrataciones.
La asociación consideró un atropello la decisión del Consejo de trasladar a los trabajadores a la sociedad anónima porque el plazo dado a los funcionarios para estar de acuerdo en el nuevo modelo de contratación fue de tres días a partir del viernes.
Según detalló esta organización, tampoco se conocen las condiciones en que quedarían las deudas de los funcionarios con el Fondo de Garantías y Ahorro del ICE, las cláusulas de los nuevos contratos y comisiones.
