Una huelga general que comenzó el 23 de octubre en Panamá provoca largas filas de vehículos en las estaciones de servicio del lado costarricense debido a la interrupción en el suministro de combustible en el país vecino.
José Miguel Masís, director ejecutivo de la Cámara de Empresarios del Combustible de Costa Rica, confirmó que esta situación ha generado una crisis en las comunidades fronterizas, donde se forman filas de más de 100 metros en los puntos de venta del lado costarricense a los que acuden panameños.
Este lunes, por ejemplo, decenas de motocicletas y de carros particulares formaron una larga cola para llegar a los dispensadores del Servicentro Laurel, en el cantón de Corredores (Puntarenas), según informó el medio regional Colosal Informa.
Algunos conductores iban con bidones de plástico y otros tipo de envases para llevar cantidades adicionales de diésel o gasolina.
Masís también destacó que las poblaciones a lo largo de la frontera tienen una dinámica comunitaria de intercambio de bienes y servicios, donde los ciudadanos de ambas naciones circulan de un lado a otro sin mayores controles migratorios.
El exceso de demanda ha llevado a los expendedores a soportar oleadas de clientes en puntos de venta al borde de la frontera o en territorio costarricense, como el sector de Río Claro, a unos 30 minutos en automóvil desde Paso Canoas.
A pesar de las molestias que han experimentado los consumidores, incluidas breves interrupciones en la venta mientras se recargan los tanques de algunas estaciones, Masís afirmó que se ha mantenido un reabastecimiento permanente de combustible.
El conflicto
Las protestas en Panamá comenzaron el mes pasado con manifestantes bloqueando carreteras y sectores de trabajadores en huelga para presionar la derogación de un contrato que permite a una empresa canadiense operar la mina de cobre más grande de Centroamérica.
Desde el inicio del movimiento popular, se han producido enfrentamientos entre la policía y los manifestantes en la capital y en otras comunidades.
Estas protestas han sido lideradas por el sindicato panameño de la construcción en respuesta a la aprobación de una ley que permite a la empresa minera canadiense First Quantum Minerals operar en Panamá durante 20 años, prorrogables por otros 20, en una mina a cielo abierto en la costa del Caribe que produce alrededor de 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año.
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