Una apelación de la firma Soares da Costa –responsable de arreglar el llamado puente de “la platina”– frenó el proceso de sustitución de otros 31 pasos elevados en zonas rurales de Alajuela y Limón.
La firma de capital portugués apeló ante la Contraloría General de la República la adjudicación de los contratos para instalar los nuevos puentes, trabajos que el MOPT otorgó a las constructoras Codocsa y Puente Prefa, por ¢4.600 millones.
Soares da Costa objetó la adjudicación el 30 de junio y, desde entonces, se encuentra suspendida la sustitución urgente de viejas estructuras hechas de tucas y metálicas tipo
Así lo confirmaron ayer Francisco Jiménez, ministro de Obras Públicas y Transportes, y su viceministra, María Lorena López.
La empresa presentó la objeción pocos días después de que el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) frenara el pago de ¢861 millones a favor de Soares da Costa, por los fallidos arreglos del puente sobre el río Virilla, en la autopista General Cañas.
Sergio Ramírez, gerente de Soares da Costa - Costa Rica, negó que exista una relación entre la apelación del contrato por 31 puentes y la suspensión de los pagos por arreglar “la platina”.
Ramírez alegó que su empresa tiene derecho a conocer los motivos por los cuales fue excluida del contrato por los otros puentes.
Aunque la compañía MECO tampoco resultó escogida para instalar tales estructuras, no apeló la adjudicación.
Según el ministro Jiménez, se trata de estructuras de tucas muy deterioradas, puentes de concreto obsoletos (de un solo carril) y tipo
Además, están ubicadas en rutas vitales para el trasiego de productos agrícolas como plátano, banano, piña y palmito.
Por ejemplo, en la zona norte el puente de madera entre San Emilio de Caño Negro y Los Chiles está podrido y atacado por el comején.
El problema de no empezar las obras en julio, es que el invierno aumenta el caudal de los ríos y dificulta la construcción de los puentes, explicó Jiménez.
La viceministra María Lorena López también alegó que es urgente retirar los puentes temporales para que estén disponibles en caso de nuevas emergencias en otras comunidades del país.
Según la viceministra, el Consorcio Soares da Costa no fue seleccionado porque no tiene trabajadores asegurados en Costa Rica.
De acuerdo con la Contraloría, la apelación presentada por la compañía podría estar resuelta el 4 de setiembre, cuando vence el plazo de ley para dicho trámite.
La construcción de estos puentes es parte de un plan de sustitución de pasos elevados a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
La entidad reconoció que en los últimos 30 años no les dio la atención debida a dichas estructuras.