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El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) debió cancelar ¢200 millones a seis familias que perdieron sus hogares por deslizamientos en Bajo Zapotal de Tarrazú, en el 2011.
Vecinos del barrio Los Rojas desalojaron sus casas por orden de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), que las declaró inhabitables luego de varios deslizamientos que dejaron inestable el terreno.
Esos movimientos de tierra coincidieron con la entrada en operación de la planta hidroeléctrica Pirrís del ICE, que se encuentra cerca de ese vecindario.
Desde entonces, se desató una controversia entre quienes señalan a la planta como culpable de los derrumbes y quienes dicen que fue por un fenómeno natural. Entre esos figura Luis Pacheco, gerente de Electricidad del ICE, quien aclaró que, aunque se concretaron los pagos, los deslizamientos fueron consecuencia de la pendiente de los terrenos.
Pacheco resaltó que aún no está demostrado que el problema esté asociado a las obras de Pirrís y resaltó que no hubo más incidentes desde que abrió la planta.
Pirrís, de 133 megavatios de potencia, opera hoy en “óptimas condiciones”, aseguró el ICE.
El trato. Desde el 2011, el ICE entró en un proceso de negociación con seis familias quejosas –entre esas la de Ulises Rojas–, la que incluyó varias propuestas y estudios que aún siguen sin concluir.
El acuerdo al que se llegó incluye la indemnización por las viviendas, el traspaso a favor del ICE de esos terrenos (como zona de protección del embalse) y, además, la compra de tres propiedades para reubicar a los afectados.
No obstante, a la fecha, estas familias no ocupan los nuevos inmuebles debido a que se está en la gestión final de registro ante el municipio y el Registro Nacional, para gestionar avales de construcción, indicó Pacheco.
Bernardo Barboza, alcalde de Tarrazú, dijo ayer que casi todos los perjudicados alquilan casa y afirmó que están cerca de obtener los títulos de las propiedades, pues ya se visaron los planos.
“Ellos llegaron a un acuerdo y están satisfechos. Aún no se puede asegurar que fue el ICE el culpable de lo ocurrido; asumió los gastos porque las casas quedaron inhabitables, pero los estudios nunca se concluyeron”, dijo.
Aseguró que aprueba el convenio, pero señaló un “único problema”: reubicarán a los afectados (casi todos caficultores) en Santa Marta de Tarrazú, a unos cuatro kilómetros de sus siembras, en Zapotal Abajo.
En total, el ICE recibió siete casos de afectados, mas el último está en proceso de valoración pues fue una queja más reciente.
La Nación intentó hablar con Lisandro Valverde, abogado de Rojas, pero no fue posible.
