San José.
Diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público reprendieron al presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad, Carlos Obregón, porque el embalse de la hidroeléctrica Reventazón en Siquirres dejó bajo el agua ocho kilómetros de la línea férrea.
Los legisladores censuran que el Instituto haya inundado terrenos inalienables del Estado, aun cuando la vía está abandonada desde 1995.
En declaraciones bajo juramento, el Obregón afirmó que la inundación estaba autorizada, gracias a una negociación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) con el Instituto Costarricense del Ferrocarril (Incofer).
Ese tramo del tren entre Limón y Turrialba se considera histórico, pues lo hizo el magnate estadounidense Minor Cooper Keith entre 1879 y 1881 bordeando una de las márgenes del río Reventazón, cuya cuenca alimenta hoy la planta hidroeléctrica de $1.507 millones.
Según la legislación costarricense, ese paso se cedió por ley al ferrocarril (derecho de vía) y es considerado un bien inalienable del Estado, pese a que el trayecto quedó abandonado hace 22 años con el cierre del tren de pasajeros a Limón.
Mario Redondo, presidente de la Comisión y diputado del partido Alianza Demócrata Cristiana (ADC), advirtió a Obregón que "el ICE no podía afectar bienes inalienables como la vía férrea y lo reprendió por "condenar a Turrialba y Limón a no tener tren al haber tomado e inundado vía férrea".
De igual forma, Jorge Arguedas, sindicalista del ICE y diputado de Frento Amplio, consideró inaceptable que dicha inundación hubiese ocurrido y recordó que algo similar pasó con la hidroeléctrica Toro III, en San Carlos, Alajuela, por la construcción de la casa de máquinas sobre una calle pública.
"La vía férrea es del Estado y mientras no llegue un proyecto de ley que cambie esto, sigue siendo del Estado", recalcó Arguedas.
Redondo recordó que, mediante un transitorio a una ley, se le había impuesto la obligación al Incofer de realizar estudios para llevar el tren a Limón, pasando por Turrialba y Siquirres.
"El ICE inundó ese tramo mediante un acuerdo que considero completamente ilegal. Deberíamos señalar responsables en este caso y abrir los procedimientos administrativos correspondientes. ¿Imaginemos a alguien en el sector privado haciendo esto? Lo cuelgan", expresó Otto Guevara, del Movimiento Libertario.
Los diputados votaron por unanimidad una moción para solicitarle tanto al ICE como al Incofer el supuesto acuerdo por el cual se permitió tal hecho. Además, pedirán a la Procuraduría General de la República que se pronuncie sobre la legalidad del convenio.
Aparte de Redondo, Arguedas y Guevara, firmaron la moción Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana; Gonzalo Ramírez, de Renovación Costarricense, Rolando González, de Liberación Nacional y Johnny Leiva de la Unidad Social Cristiana.
La moción se aprobó durante una comparencia de Carlos Obregón en la Asamblea Legislativa, para dar explicaciones del impacto de las inversiones del Instituto en las tarifas de luz.
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Dudas por costos de luz
Los congresistas también acordaron este jueves convocar a la Comisión a Roberto Jiménez, regulador general de los servicios públicos; Mario Mora, intendente de Energía de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y Marta Acosta, contralora general de la República.
La decisión sobrevino a raíz de fuertes cuestionamientos formulados hoy en contra del ICE y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) por sus inversiones y el impacto de estas en las tarifas y, además, por dudas respecto a las cifras aportadas por ambas empresas y el sector industrial sobre el precio real de las obras del Instituto.
Ante esos señalamientos, Obregón salió al paso de las críticas reiterando que la generación eléctrica privada tiene un mayor impacto en el recibo, que los proyectos desarrollados por la empresa pública.
"Es un error confundir estimaciones preliminares de proyectos con presupuestos presentados a organismos financieros, como lo han hecho algunos sectores que atacan el modelo eléctrico. Reventazón se ajustó a lo presupuestado y aprobado por los organismos financieros", agregó.
Obregón reiteró que, según el ICE, las tarifas eléctricas en Costa Rica son competitivas y se han mantenido estables y a la baja desde hace tres años. Esto, sin embargo, contrasta con la visión que tienen del tema eléctrico otros actores.
Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica, también llamado hoy por la Comisión, achacó al ICE una pérdida en últimos años de 24% de clientes industriales y a la CNFL del 54%.
El industrial alega que el costo de la electricidad en Costa Rica "es 2,1 veces el precio de la electricidad en Estados Unidos", citando datos de fuentes oficiales de ese país.
Egloff denunció que el sistema eléctrico planificado por el ICE tiene una sobreinstalación costosa.
Para el año 2016, aseguró, el sistema eléctrico costarricense muestra una capacidad instalada de 3.467 Megavatios (MW), contra una demanda máxima de 1.675 MW; un 52% de sobrecapacidad.
"Pero ese no es el único problema, el problema es que tanto Aresep, como la Contraloría y la Cámara, constatan que proyectos desarrollados por el grupo ICE como Pirrís, Balsa Inferior, Eólico Valle Central, Toro III y Reventazón, terminaron costando más que proyectos de reciente construcción en países vecinos", expresó el industrial.
Egloff apoyó sus argumentos señalando cifras a partir de fuentes como la propia Aresep, informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y cifras del ICE.
Obregón, por su parte, hizo una exposición sobre costos de las inversiones del ICE, pero que diferían de los datos aportados por la Cámara.
Esto suscitó las dudas de los diputados por las diferencias entre los montos divulgados por el ICE; los de Víctor Solís, gerente de la CNFL también convocado, y los industriales.
Mario Alvarado, de la Asociación Costarricense de Productores de Energía, también reclamó ante los diputados la falta de transparencia del ICE.
"Para la Planta Reventazón, por ejemplo, aún no se conoce el detalle de sus costos, pues existe información solicitada por la ARESEP que aún no ha sido entregada por el ICE", lanzó Alvarado.
Alvarado también recordó que la planificación del sector eléctrico, así como el despacho de energía, deberían ser independientes de los actores en el mercado, "para evitar el riesgo de ser juez y parte en las decisiones".