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San José.
Los diputados que integran la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público solicitaron a la Procuraduría General de la República aclarar si un grupo de funcionarios del ICE habrían recibido cesantía de manera indebida y procede su devolución.
Se trató de los 14 trabajadores que conformaban la División de Gobierno Digital, quienes pasaron del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) a la subsidiaria Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa), en enero de 2015.
La resolución del Consejo Directivo del ICE que ordenó el traslado se tomó en atención a la decisión del Poder Ejecutivo de que la rectoría de Gobierno Digital (hasta entonces a cargo del ICE), se trasladara al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
Al grupo se le reubicó y se le pagó la cesantía correspondiente; sin embargo, meses después, el 8 de octubre del 2015, el Departamento de Personal del ICE solicitó a la Dirección Jurídica de la misma institución aclarar si esos funcionarios debían devolver los montos recibidos por cesantía, a la luz de dos criterios de la Procuraduría General de la República (PGR).
Ambos pronunciamientos, el C-332-2009 y C-278-2010, se originaron en consultas anteriores del ICE para casos en que la entidad cesó personal que luego trasladó a alguna de sus empresas.
La Procuraduría concluyó entonces que, al ser un traslado y no un despido, con el cual la persona se queda sin trabajo, correspondía "devolver los dineros que haya recibido por concepto de cesantía", cita el documento en referencia a dichos criterios.
Posteriormente, mediante el oficio #257-739-2015 del 4 de noviembre de ese año, Gabriela Sánchez Rodríguez, entonces responsable de la Dirección de Consultas y Procesos Judiciales de la División Jurídica Corporativa del ICE, recomendó a la administración superior valorar una nueva consulta a la Procuraduría, "a fin de no generar un eventual incumplimiento por parte del ICE a esa norma de rango legal".
Dicha consulta, no obstante, no se concretó.
Por esta razón, en este momento los congresistas de la Comisión atribuyen a la directora jurídica del ICE, Julieta Bejarano Hernández, y al gerente de Racsa, Francisco Calvo Bonilla, desatender las "recomendaciones que habrían evitado dicha situación" al abstenerse, afirman, de consultar a la Procuraduría cómo debía procederse con dicho traslado de funcionarios.
Así lo precisa la carta que los congresistas enviaron el 6 de diciembre del 2016 al procurador general, Julio Jurado Fernández.
Las firmantes son: Gonzalo Ramírez, del partido Renovación Costarricense; Otto Guevara, del Movimiento Libertario; Jorge Arguedas, de Frente Amplio; Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana (presidente de la Comisión); Ottón Solís y Epsy Campbell, ambos del Acción Ciudadana y Rolando González y Julio Rojas del partido Liberación Nacional.
Negativa. En su escrito al procurador, los diputados agregan que el mismo día en el que Sánchez recomendó hacer una nueva consulta a la PGR en noviembre del 2015, Julieta Bejarano respondió en un correo electrónico a la encargada de consultas y a otros funcionarios de la Administración Superior del ICE su oposición.
"No comparto la recomendación de la licenciada Sánchez en el sentido de valorar una eventual consulta sobre el tema a la Procuraduria General de la República", precisa el texto del correo citado por los diputados.
Pasados varios días, el 13 de noviembre del 2015, Sánchez reiteró la conveniencia de acudir a la Procuraduría para que "se procuren las precisiones necesarias para que la Administración (del ICE) tome decisiones debidamente respaldadas".
Bejarano respondió a ese mensaje el mismo día con el siguiente texto: "Ruego canalizar este tipo de gestiones a través mío, en mi condición de superior jerárquica. No es conveniente que temas de esta naturaleza se manejen de manera tal que, lejos de contribuir a la gestión institucional, generen inseguridad jurídica".
Enrriquecimiento sin causa. En el caso de los funcionarios llevados a Racsa, lo diputados sostienen que la Procuraduría debería aclarar si el ICE desatendió sus criterios vinculantes y recomendaciones internas para pagarle la cesantía a dicho personal ya que ello, afirman, "indujo a enrriquecimiento sin causa a los funcionarios despedidos del ICE y luego contratados en Racsa".
"El rango y funciones de los servidores que supuestamente indujeron a este resultado es alto, ya que supuestamente se trataría de la directora de la División Jurídica Corporativa, Julieta Bejarano Hernández, quien supuestamente tenía previo conocimiento de los criterios vinculantes C-332-2009 y C-278-2010 y supuestamente desautorizó la recomendación de elevar consulta a la Procuraduría General de la República", añaden los legisladores.
Las tesis de fondo de los congresistas, amparados en fallos de la Sala Constitucional citados en la carta, es que el auxilio por cesantía procede cuando un funcionario se queda sin laborar y, por lo tanto, sin ingreso, mientras vuelve a trabajar.
A juicio de las miembros de la Comisión, los 14 trabajadores del ICE enviados a Racsa nunca perdieron realmente su trabajo y, por ende, no eran candidatos para recibir la cesantía.
Los diputados también responsabilizan a Francisco Calvo Bonilla, gerente de Racsa, porque también conocía los criterios vinculantes citados; así como la recomendación para evacuar las dudas mediante consulta a la Procuraduría General de la República.
