Dinero de Fonatel es intransferible a entes privados por compromisos del país establecidos en TLC

La Contraloría General de la República (CGR) considera inviable trasladar las funciones y recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) a una fundación, aunque sea mediante una nueva ley.

Esa imposibilidad surge de los compromisos asumidos por el país en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (TLC) desde el 2009.

La opinión de la CGR responde así a una consulta del Área de Comisiones Legislativas del Congreso, en relación con el proyecto de Ley de Traslado Administrativo y Financiero del Fondo Nacional de Telecomunicaciones a la Fundación Omar Dengo, impulsado por la diputada liberacionista Yorleny León.

De acuerdo con el razonamiento del órgano contralor, habría que renegociar el TLC para realizar los cambios planteados por León, pues implica reformar la Ley General de Telecomunicaciones, N.° 8642 y la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones N.° 8660, ambas incluidas en la agenda de implementación del acuerdo comercial.

La iniciativa de la liberacionista se tramita bajo el expediente 21.920 y pretende quitarle a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) el manejo del millonario fondo, pues, en su criterio, la administración del dinero para llevar esos servicios a comunidades donde para las empresas del sector no es rentable, ha sido ineficiente e incoherente.

Esas críticas contra Sutel en realidad no son nuevas y provienen de distintos sectores, incluidos señalamientos de la CGR, en referencia a la lentitud de ejecución de los recursos.

A diciembre anterior, por ejemplo, Fonatel acumulaba ¢204.000 millones según sus últimos estados financieros, los cuales revelan que a sus arcas entran unos ¢22.456 millones anuales entre ingresos por cánones de regulación y uso de espectro radioeléctrico, así como por la contribución especial parafiscal creada para el Fondo por la ley N.° 8642.

En su opinión DFOE-IFR-0417 del 30 de junio anterior, la CGR informó al Área de Comisiones del Congreso de que el Estado asumió con el TLC el compromiso de cubrir las necesidades de acceso a las telecomunicaciones de toda la población con la apertura de ese mercado, incluidos principios de acceso universal, servicio universal y solidaridad, una protección en favor de poblaciones vulnerables.

Según la CGR, la actual Ley General de Telecomunicaciones contiene esos principios, derivados a su vez, de la propia Constitución Política ,los cuales definen deberes públicos que el Estado tiene que ejecutar directamente al ser intransferibles a sujetos de derecho privado.

La CGR incluso advierte que la propuesta de ley no aporta estudios técnicos y jurídicos que den sustento a que el cambio promovido cumplirá de mejor manera los objetivos de Fonatel, en cuanto una mejor administración y menor costo.

“La propuesta de ley busca un cambio subjetivo en cuanto a quien ejecute las funciones determinadas en los artículos detallados; sin embargo, dicho cambio debe ser coherente con el ordenamiento jurídico y considerar que las funciones y deberes públicos no pueden ser transmitidos ni cumplidos por otras instancias que no tengan dicha naturaleza”, precisa la opinión de la Contraloría.

A introducir cambios

La diputada León, por su parte, aseguró que estos insumos son parte de esta etapa del proceso de formación de leyes o de reforma y los consideró de “vital importancia, porque la realimentación, ya sea positiva o negativa, nos permite crear la mejor versión posible de las normas”.

La legisladora aseguró que estudia “gran cuidado” los señalamientos de la Contraloría para introducir modificaciones a la propuesta y eliminar cualquier roce posible con el ordenamiento jurídico además de responder a las dudas planteadas.

Según León, ella hizo múltiples consideraciones en la búsqueda de una “nueva casa” para los recursos de Fonatel, antes de presentar la iniciativa, en 2019.

Su intención, dijo, era evitar el nacimiento de una nueva institución pública e impedir que los recursos terminaran en manos del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), porque se podrían “politizar” con los cambios de gobierno.