EscucharCostarricenses en Florida viven días de incertidumbre, frustración y miedo, sentimiento que comparten con otros inmigrantes que se ven amenazados por la nueva ley que entró a regir en ese estado.
Son personas que han construido una vida en ese país: tienen familia, trabajo y amigos allá. Ahora se enfrentan a un panorama complicado, en el que su sueño de una vida mejor se ha convertido en una sucesión de angustias, rutinas alteradas y hasta crisis nerviosas.
Todo comenzó en mayo, cuando se anunció la Ley SB 1718, considerada la más severa en Estados Unidos en contra de los inmigrantes indocumentados. Esta normativa entró en vigor el 1.° de julio con el impulso del gobernador Ron DeSantis, quien aspira a ser el candidato del Partido Republicano para la elección presidencial del 2024.
La nueva legislación obliga a las empresas con 25 empleados o más a verificar el estatus migratorio de sus trabajadores a través de la plataforma llamada E-Verify. Quien contrate a trabajadores indocumentados se enfrentará a multas diarias de $1.000 y, en caso de reincidencia, se les revocará su licencia comercial.
También invalida los permisos y licencias de conducir emitidos en Florida u otros estados a las personas indocumentadas, al tiempo que ordena a los hospitales a consultar la información migratoria de sus pacientes y proporcionarla a las autoridades.
Esta normativa, además, establece como delito grave llevar en el vehículo a una persona indocumentada al ingresar al estado.
Las nuevas reglas han impactado la estabilidad emocional y la economía de los ticos. Además de sentirse discriminados, muchos se han visto obligados a esconderse o salir menos a la calle por el ambiente que les impuso la SB 1718.
‘Ya no vale la pena vivir aquí'
Zulma Sandí Reyes, originaria de Higuito de Desamparados, reside en Cape Coral desde hace cuatro años, donde trabaja en un restaurante. Su principal motivación para estar allí es ganar dinero para permitir que su hija, Keyrel Amador Sandí, se gradúe de la universidad en la que estudia Microbiología.
Sin embargo, Zulma confiesa que vive con miedo y ha perdido la libertad de movimiento debido al temor de ser deportada por no tener los documentos necesarios.
“Mi prioridad es la educación universitaria de mi hija y no puedo permitir que algo me suceda. Estoy planeando mudarme a Nueva Jersey, comenzar de nuevo, buscar trabajito y un lugar donde vivir. Lo importante es seguir adelante. Mientras haya vida, hay esperanza”, explicó por teléfono.
La ansiedad y preocupación, dijo, empeoraron una vez que entró a regir la legislación.
En el restaurante donde trabaja, que abrió desde hace 31 años, apenas llega gente y la situación va en declive. Zulma lo describió como “el naufragio del Titanic”.
Según recordó, había “montones” de obreros en construcción, pero todo se detuvo de un día para otro. También notó una disminución en la afluencia de personas a Walmart y los mercados hispanos.
Las consecuencias también son evidentes en las ventas de autos, donde muchas personas están devolviendo sus vehículos para marcharse. Incluso, comentó, ahora escasean los aguacates y habló de tomatales y naranjales donde todo se pudre a falta de manos para recoger las cosechas.
En cuanto a su situación laboral, narró, ha sufrido un recorte en horas de trabajo. “Ni para el arroz y frijoles, me da”. De trabajar hasta 72 horas en una semana, ahora se encuentra limitada a 26 o 22 horas. Por eso también es que prefiere irse.
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‘No quiero volverme loca’
Olga Marín, oriunda de Hatillo y residente en Fort Myers hace 14 años, regenta un salón de belleza. Decidió trasladarse a Florida debido a las dificultades que enfrentaba para conseguir trabajo en Costa Rica después de cumplir 40 años.
Ella ha sentido un “bajonazo” en la llegada de clientes y describió la vida diaria como una neblina de incertidumbre y temor.
“La gente está muy atemorizada y hasta teme morirse en las casas por miedo a ir al hospital y luego enfrentar una deportación”, afirmó Marín. Vive con su esposo quien ha estado muy preocupado por el tema.
En su voz al teléfono se percibe la angustia.
Relató que hace algunas semanas su esposo sufrió un ataque de nervios y anunció su intención de irse a otro estado con algunos familiares. Sin embargo, ella se negó debido a la responsabilidad que tiene con su negocio y con las personas que dependen de él.
“Estaba muy alterado, nervioso, escuchando noticias todo el día y llegó un punto en el que le dije que no quería vivir así, no quiero volverme loca también. Yo trataba de mantener la calma, pero tenía el tormento en mi propia casa”, narró.
Afortunadamente, su esposo decidió quedarse y se calmó, pero ahora sus salidas se limitan únicamente al trabajo y a la casa, evitando paseos o diligencias nocturnas. Su salud también se ha visto afectada, pues pasa con los nervios de punta, pues aunque sale a la calle, nunca sabe si regresará.
‘Rompe mi corazón’
Marco, quien prefirió que su nombre completo se mantenga en reserva, reside en Fort Myers desde hace 27 años. Natal de Paquera, Puntarenas, está casado y tiene tres hijos que nacieron en Estados Unidos.
Aunque él obtuvo la ciudadanía estadounidense, le preocupa el futuro de su empresa de construcción y de sus trabajadores, pues emplea a inmigrantes tanto legales como en condición irregular.
Muchos de ellos tienen familias que llevan años viviendo en el estado y que buscan legalizar su situación migratoria. Sin embargo, con la nueva ley, todo se ha vuelto más difícil.
“Empleo a dos mujeres que son amigas. Una solía llevar a la otra en su carro al trabajo, pero el otro día le dijo, frente a todos nosotros, que ya no la iba a llevar para evitar problemas, ya que la otra no tiene papeles. Esto nos impactó y nos dejó perplejos”, relató.
Ahora su personal está distraído y solo habla de la ley. Percibe a todos saturados con el tema, debido a lo que él describe como una avalancha de información de todo tipo que agrega peso sobre las espaldas del grupo.
“Tengo un joven al que he formado en este trabajo. Es un buen padre, esposo y trabajador que resuelve todo para mí. Ahora me comenta que no se siente bien, está asustado y no quiere sacar a su hija de la escuela, pero si las cosas empeoran, seguro se irán a otro estado debido a la situación migratoria de su esposa”, comentó.
Marco ha recibido llamadas de conocidos que trabajan en otras empresas, pidiendo ayuda, ya que han perdido de golpe hasta 20 trabajadores.
Él describe esta situación como “una locura”, ya que las obras de construcción quedan estancadas, los costos se encarecen y los plazos de entrega se prolongan. “Lo que me entristece, lo que rompe mi corazón, es ver a familias que han vivido aquí durante 15 años, obligadas a irse por esto”, concluyó Marco.
