La planificación y desarrollo del servicio eléctrico dependen en su totalidad de las decisiones del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), circunstancia que son desventajosas en criterio de la Contraloría General de la República (CGR).
Según el órgano contralor, a lo largo del tiempo se han dado modificaciones en el ordenamiento jurídico que más bien desmejoraron la institucionalidad del sector eléctrico y hacen difícil asegurar la atención de la demanda de este servicio al mínimo costo posible.
Estos son algunos de los señalamientos que hizo en su informe de auditoría DFOE-AE-IF-00008-2019 del 22 de julio pasado y dado a conocer este martes.
Los cambios en la legislación, señala, hicieron que el ICE no solo produjera y vendiera energía, sino que le otorgó funciones que afectan a otros actores del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Por ejemplo, en 1990 se emitió la Ley 7200 (Ley de Generación Eléctrica Autónoma o Paralela), que permite a empresas privadas generar energía, pero al mismo tiempo le dio al ICE la facultad de contratar la compra de energía a privados y supervisar sus plantas.
Con ello, precisa el análisis, el ICE también asumió labores “como es la planificación de la expansión del sistema eléctrico, en la cual define la secuencia de todos los proyectos de generación que serán incorporados al SEN".
Además, mediante el Centro Nacional de Control de Energía (Cence), el ICE también opera el sistema y el mercado eléctrico porque dirige y coordina el despacho eléctrico para satisfacer la demanda energética del país, explica la CGR en su informe.
“Así, la forma en que el modelo eléctrico plantea la planificación y operación del SEN, resta independencia a estas funciones, pues son asumidas por dos unidades administrativas del ICE que pertenecen a la Dirección Corporativa de Electricidad; y esta última también tiene a cargo la generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica del Instituto”, añade el documento.
El hecho de que el Cence esté en manos del ICE incluso es cuestionado por el propio ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, quien solicitó a la Presidencia Ejecutiva de esa entidad implementar un plan de acción que plantee una nueva ubicación administrativa para esa unidad técnica. Así consta en el oficio n. o DM-0823-2018 del 28 de noviembre de 2018.
El funcionario, cita la CGR, atribuyó el pedido a la importancia de que el Cence ejerza sus funciones “con mayor grado de autonomía e imparcialidad; así como para darle más eficiencia al funcionamiento del SEN y garantizar una matriz eléctrica renovable sostenible con calidad en el servicio eléctrico y al menor costo para los consumidores”.
La Contraloría advierte que se requiere ajustar el modelo eléctrico para darle más relevancia a actores como el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) "por la falta de proactividad de las instituciones del sector eléctrico para garantizar la objetividad e independencia del Planificador y Operador del SEN”.
Irene Cañas, jerarca del ICE, aseguró ante consultas de La Nación que los esfuerzos de su administración están enfocados en dotar al Cence de mayor transparencia pero sin separarlo del ICE pues, asegura, “su actividad es una función intrínseca del Instituto”.
"Durante 70 años, el ICE logró satisfacer la demanda eléctrica nacional en generación, transmisión y distribución, con indicadores de muy alto nivel. Y continuará trabajando para satisfacción de los costarricenses, como se estableció en la Estrategia 4.0 que en su hoja de ruta plantea la necesidad de satisfacer lo que dicte la oferta, con nuevos negocios, digitalización de los servicios, movilidad eléctrica, descarbonización de la economía, entre otros”, agregó.
Obras costosas
Para la CGR, sin embargo, las obras de generación del ICE implican costos de inversión y operación por lo cual es indispensable planificarlos y operarlos para minimizar el impacto en las tarifas.
La CGR halló que el SEN presenta hoy una sobreinstalación de potencia para generar como una alta disponibilidad de recursos sobre todo plantas hidroeléctricas.
“En el periodo 2014-2018, el crecimiento promedio de la demanda máxima de potencia fue de 1,5% y el de la demanda de energía anual de 1,8%; mientras el crecimiento promedio de la capacidad instalada en ese periodo fue de 5,8%. Así, el SEN tiene una capacidad instalada de 3.617 Megavatios (MW) y una demanda máxima histórica de 1.716 MW”, señala la CGR.
La CGR aclara que grandes obras hidroeléctricas aseguran suficiente capacidad de generación frente a fuentes variables como eólica y solar a largo plazo pero “tienen costos de inversión elevados e impactos sociales y ambientales considerables”.
Lo anterior, agrega, “porque requieren gran cantidad de estudios preliminares, complejos diseños, cantidades importantes de obra civil y costosos equipos electromecánicos. Además, para llenar sus embalses se debe inundar terrenos extensos, lo cual desplaza comunidades, cambia el paisaje y clima locales, y genera emisiones de gases de efecto invernadero”.
Cita, por ejemplo, que la Planta Hidroeléctrica Reventazón (en operaciones desde el 2016) costó $1.406 millones y que el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís (cancelado por el ICE) iba a costar $3.694 millones.
El ICE ha admitido que en estudios preliminares para El Diquís gastó $146 millones.
Otros hallazgos de interés
La auditoría DFOE-AE-IF-00008-2019 advierte además de que:
A) La aspiración de Costa Rica de alcanzar y mantener una matriz de generación eléctrica 100% renovable para el año 2030 carece de estudio técnico que la sustente.
B) Costa Rica tampoco cuenta con un parámetro que mida el avance en el cumplimiento de la meta 7.2 del ODS 7, Energía asequible y no contaminante; la cual recomienda aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas. Esto de conformidad con los compromisos adquiridos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo Climático de París del 2015.
C) Las metas del Plan de Energía 2015-2030 carecen también de indicadores para medir resultados.
D) Costa Rica carece de tarifas que incorporen adecuadamente el costo por el uso de la red pública de suministro por parte de consumidores quienes generan su propia electricidad (generación distribuida).
E) Contraloría asegura que se requieren medidas para que el aumento de la generación por parte de consumidores (generación distribuida) no ocasiones que los costos de inversión, operación y mantenimiento de todas las distribuidoras de luz no recaigan sobre aquellos abonados que no producen su electricidad.