EscucharJohnny Araya, alcalde de San José, enfrenta un nuevo proceso en la Contraloría General de la República (CGR). Esta vez, el órgano fiscalizador pretende que el político y otros 11 funcionarios del ayuntamiento capitalino devuelvan al Estado una indemnización millonaria que aprobaron, en 2018, a la empresa española Setex Aparkin.
En agosto de 2021, la CGR ordenó suspender sin goce de salario a Araya y el resto de funcionarios por 30 días por avalar sin fundamento técnico el pago de ¢253 millones a favor de Setex Aparkin, proveedor del sistema electrónico para el pago de estacionamientos en vía pública de la capital. No obstante, la CGR retomó el caso y ahora pretende cobrarles a los involucrados la indemnización transferida a esa compañía.
Entre los 11 funcionarios señalados hay tres regidores. Se trata de Reina Acevedo Acevedo, del Partido Liberación Nacional; Fernando Jiménez Debernardi, del Partido Republicano Social Cristiano y Donald Leiva Hernández, del Partido Unidad Social Cristiana. El resto son trabajadores de diferentes departamentos.
Alexander Cerdas, abogado de la Municipalidad de San José y uno de los imputados en el proceso, dijo que la Contraloría pretende cobrarle ¢45 millones a cada uno correspondiente a la reparación económica pagada a la compañía, más intereses y otros rubros.
Araya calificó la intención de cobro como “absolutamente improcedente”, pero prefirió no detallar sus argumentos, pues los expondrá en las audiencias que realice la CGR. Según el alcalde capitalino, al cancelar la indemnización a la empresa “se logró un equilibrio financiero del contrato que ha significado un aumento sustancial de los ingresos que obtenía la Municipalidad por el cobro de los espacios de parqueo y las multas que la normativa establece”.
De acuerdo con datos suministrados por Araya, en 2018 el ayuntamiento recaudaba ¢1.431 millones anuales por concepto de estacionamientos y multas y en 2023 ese rubro ascendió a ¢3.694 millones. “Este ingreso se ha convertido en los últimos años uno de los ingresos más importantes de la Municipalidad”, enfatizó.
La oficina de prensa de la Contraloría General de la República confirmó, el pasado 13 de marzo, el procedimiento contra Araya, los regidores y el resto de empleados municipales. El expediente, en esta etapa, solo está disponible para las partes. En un correo electrónico, el ente fiscalizador afirmó que se analiza la responsabilidad civil de los señalados por “un reclamo indemnizatorio y reajuste de precios al contrato original, incluyendo el porcentaje de multas sin estudios técnicos idóneos.
En 2021, cuando suspendieron sin goce de salario a Araya y a los demás funcionarios públicos, la Contraloría concluyó que el alcalde “promovió y recomendó” que se “aprobara un reajuste contractual y reconoció pasar de una comisión de un 32% a un 45% a favor de la empresa, cuando se había indicado que un porcentaje mayor de un 33% resultaría ruinoso para la Municipalidad”. Además, calificó la conducta del jerarca municipal como “grave y reprochable” y señaló una violación al deber de probidad establecido en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
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También afirmó que violentó diferentes normas que componen el Ordenamiento de Fiscalización Superior, como el hecho generador de responsabilidad que regula el artículo 110 de la Ley de Administración Financiera, inciso b.
“Se trata de un funcionario que actuó de manera negligente e imprudente con afectación a la Hacienda Pública y por consiguiente no puede quedar impune”, declaró la Contraloría en la resolución en la que impuso la sanción.
La denuncia inicial relacionada con este caso fue puesta por Diego Miranda, alcalde electo de la capital. El pasado 4 de febrero, Miranda ganó la elección municipal por el partido Juntos San José con el 24,3% de los votos emitidos, esa victoria representa el fin de Araya al frente del ayuntamiento, puesto que ocupó desde 1991.
Otra sanción
El asunto con la empresa encargada de los parquímetros no es el único que Araya arrastra con la Contraloría. En enero anterior, la entidad confirmó que lo suspendió sin goce de salario, junto a otros dos funcionarios, por la contratación directa, sin concurso público ni estudios técnicos o legales, de un bufete de abogados. En esa oportunidad impusieron entre 20 y 25 días sin goce de salario.
Según la pesquisa, el alcalde capitalino autorizó el 21 de agosto de 2018 la contratación por excepción de la empresa BDS Asesores Jurídicos sin contar con estudios de mercado o legales que justificaran el pago por ¢22,5 millones. El objetivo de la contratación era asesorar a los abogados del ayuntamiento en cuestiones relacionadas con la nueva ley de empleo público, capacitaciones y la renegociación de la convención colectiva.
La Contraloría subrayó que no hay evidencia de que la Municipalidad de San José elaborara un análisis para validar que BDS Asesores Jurídicos era el único proveedor en el mercado capaz de brindar la asesoría legal requerida. Solo en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) había, hasta mayo de 2022, 395 personas físicas o jurídicas registradas como proveedores en “servicios legales de empleo o laboral”.
De acuerdo con la pesquisa de la Contraloría, el ayuntamiento echó adelante la contratación directa basado únicamente en una cotización y una revisión superficial en sitios web. Frente a los hechos, el órgano contralor resolvió suspender por 20 días sin goce de salario a Araya Monge y al director administrativo de la Municipalidad, un hombre de apellido Castro. También ordenó la suspensión sin goce de salario por 25 días del director de Asuntos Jurídicos.
Las sanciones fueron fijadas y comunicadas en mayo de 2023 y ratificadas en noviembre siguiente, al declararse sin lugar un recurso de revocatoria presentado por los investigados, según consta en el oficio DC-0353, firmado por Bernal Aragón Barquero, subcontralor general de la República.
“(...) El investigado Araya Monge autorizó una contratación por excepción, sin verificar y constatar, de manera previa, que se cumplieran con los requisitos que la normativa legal y reglamentaria”, enfatizó la CGR.
