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Contraloría: Entes privados a cargo de niños del PANI reciben dinero hasta de 4 instituciones públicas

CGR regañó al Patronato por no verificar si antes de girar recursos a organizaciones, estas ya cuentan con asistencia estatal

Organizaciones privadas que cuidan a menores de edad del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) reciben dinero hasta de cuatro instituciones públicas para realizar esa labor debido a la falta de coordinación estatal, de acuerdo con un análisis de la Contraloría General de la República (CGR).

El órgano contralor determinó que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) ha presupuestado y ejecutado transferencias de fondos a organizaciones no gubernamentales (ONG), que, a su vez, reciben recursos de otras instituciones como Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y Junta de Protección Social (JPS).

“Algunas ONG pueden recibir recursos de varias instituciones del sector social, lo que podría originar que algunas organizaciones privadas perciban recursos superiores al costo de atención, en detrimento de otras organizaciones que no disponen de los recursos mínimos para el cuidado de personas menores de edad que atiende el PANI”, indicó la Contraloría.

Por esta situación, el ente contralor regañó al PANI ya que, como rector en materia de infancia, adolescencia y familia, debe mantener una coordinación interinstitucional permanente, para ejecutar y fiscalizar las políticas de infancia y adolescencia.

En el 2020 , el PANI, IMAS, ICD, Conapam y JPS transfirieron ¢31.000 millones a las ONG para la atención de menores de edad en condición de vulnerabilidad.

“Como parte de los criterios utilizados por el PANI para la asignación de recursos a organizaciones privadas, no se incorpora el análisis de los recursos que perciben de parte de otras entidades concedentes para la atención de menores de esas, por lo cual el PANI carece de mecanismos de control efectivos, con el fin de maximizar la distribución de los recursos hacia las distintas ONG’ s que atienden a la población en etapa de niñez y adolescencia”, indicó la CGR.

Esto ocurre a pesar de que el Patronato conforma una Comisión Interinstitucional para coordinar esfuerzos para la atención de las personas menores de edad. Este foro no se reúne desde junio de 2019.

La CGR determinó que la situación provoca que no se logre una óptima distribución de los recursos públicos disponibles, y por ende, no se potencia una mayor contribución pública, en pro de la equidad y el cumplimiento de los fines públicos establecidos en la Ley Orgánica del PANI, que es proteger a niños y adolescentes.

Sobre los hallazgos del informe, Guiselle Zúñiga, gerente de Administración del Patronato, expresó que las recomendaciones de mejora que brindó la CGR se encuentran “totalmente alineadas” a las que la Administración logró detectar hace unos meses.

“Para abordarlas se ha venido elaborando los planes de acción necesarios, a fin de enrumbar y fortalecer dentro de la legalidad y el uso de nuevas herramientas, los mecanismos de control en las transferencias que el PANI hace a las ONG que brindan la protección a los niños, niñas y personas adolescentes”, dijo.

La funcionaria añadió que las recomendaciones que asigna el órgano contralor cuentan con plazos de cumplimiento hasta el año 2022, ya que va aparejado con procesos de actualización de normativas, mejoras en las herramientas tecnológicas y presupuesto para el año 2023.

Sin herramienta de costos

La Contraloría también denunció que Patronato Nacional de la Infancia (PANI) elaboró el “Modelo y Herramienta de Costeo” aplicable a las alternativas de protección de menores de edad, privadas e institucionales, así como otros proyectos con convenios de cooperación, para definir la cantidad de recursos a transferir por beneficiario a las ONG, que fue aprobada por la Junta Directiva de esa institución, desde el año 2020.

Ese modelo no ha sido implementado a pesar de que el ente contralor ordenó que su ejecución debía iniciar en julio de 2021, momento en el que vencían los convenios firmados entre el PANI con las organizaciones beneficiarias.

Ante ese hecho, el PANI señaló a la CGR que evidenciaron algunas inconsistencias y efectos presupuestarios importantes en el modelo “lo cual conlleva la necesidad de hacer un análisis de mayor profundidad para su aplicabilidad”. Añadieron que la aplicación de la herramienta implica un aumento sustancial en las subvenciones, por lo que hubo que considerar las limitaciones presupuestarias que enfrenta la institución en el 2021

“La situación expuesta refleja un uso ineficiente de los recursos por parte del PANI, al contratar la elaboración de un modelo de costos que a la fecha no ha sido implementado, y que requiere de estudios financieros y técnicos para su puesta en marcha; además que las organizaciones privadas operen con costos desactualizados, en detrimento del servicio que se le brindan a los menores de edad”, explicó la Contraloría.