Patricia Recio. 8 julio
El Patronato tiene convenio con más de 100 organizaciones que brindan protección o desarrollan programas especiales para los menores de edad. Rafael Murillo
El Patronato tiene convenio con más de 100 organizaciones que brindan protección o desarrollan programas especiales para los menores de edad. Rafael Murillo

Con el fin de evitar el despilfarro en los recursos que se asignan para proyectos especiales ofrecidos por organizaciones no gubernamentales (ONG) sobre temas de niñez, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) creó una oficina que revisará con lupa la aprobación de esos programas.

Así lo dio a conocer la presidenta de la institución Patricia Vega, quien aseguró que la idea es comprobar el impacto de los proyectos que se plantean y cuyos resultados no son tangibles.

“Hay una gran inversión de recursos de una forma que es imposible medir (...). A mí lo que no me convence, a menos que sea muy detallado, es el tema de charlas, cursos, consultorías… Tienen que estar muy definidos los productos y la necesidad para que uno se ponga a gastar mucho dinero en cosas como esas”, aseguró la jerarca.

Durante el año pasado, el Patronato Nacional de la Infancia giró más de ¢14.000 millones a 67 ONG que desarrollaron distintos programas de atención de menores. De estos, al menos ¢792 millones fueron pagados por proyectos cuestionados por la auditoría interna de la institución, ya que carecían de objetivos y resultados claros.

Esta medida se da luego de que, a su llegada a la institución, la jerarca encontrara una serie de irregularidades en programas contratados en años anteriores, los cuales carecían de objetivos claros, indicadores o detalles de su población meta, entre otros.

En la nueva oficina, laboran seis personas con experiencia en administración de proyectos y estadísticas, que fueron trasladados desde otras dependencias.

Según dijo, además de la supervisión de los planes que se presentan, este equipo trabaja en la creación de un método sobre lo que requerirán.

La nueva unidad ya trabaja en la revisión de dos de estos programas que se detectaron dentro de los planes para este año.

Se trata de una contratación por ¢100 millones para promover derechos de la niñez en zonas indígenas y otra, por ¢834 millones, que se describe como servicios de apoyo para albergues del PANI.

“Lo que corresponde es, si la institución considera que sirve, prorrogarlo o, si no, terminarlo” dijo Vega, quien explicó que esos montos se pagaban por año.

La jerarca aseguró que eso no implica que los programas se hayan paralizado.

“La gente está buscando la información como normalmente lo hacen y cuando los suben ahí sí los valoramos. Se está haciendo una revisión más detallada de cada uno para ver la razonabilidad del precio, la conveniencia del proyecto y la forma en que está planteado”, dijo.

Vega aseguró que no tiene conocimiento sobre cómo se desarrollaban los proyectos durante la administración pasada, sobre si las organizaciones eran los que los proponían o el Patronato los solicitaba, pero aseguró que ahora se “cortarán” los que no sirvan y se mantendrán los que cumplan con lo requerido.

Según explicó, este tipo de solicitudes deben ser autorizadas por Junta Directiva y la supervisión de los mismos le corresponde a la auditoría interna.

“Lo que nosotros estamos exigiendo es que los proyectos sean planteados de forma técnica, de manera que tengan objetivo, indicadores y un monto resultado esperado y un impacto”, explicó.

Supervisión

La presidenta del Patronato aseguró que también están reforzando los equipos encargados de supervisar los albergues de la institución con tres plazas adicionales, luego de que se detectaran una serie de irregularidades en el estado y la atención de menores ubicados en algunas de estas alternativas de cuido.

"Los albergues del PANI tienen varios problemas, uno es que están en cargo de las direcciones regionales y había direcciones que no tenían equipos técnicos, que son los que incluyen por ejemplo psicólogos y trabajadores sociales; entonces la atención de los chiquitos estaba dejada de la mano", afirmó.

La otra dificultad señalada tiene que ver con el tema de infraestructura, para lo cual según dijo ya se presentó un plan de mantenimiento o construcción según lo que requieren para mejorar la condición de esos albergues.

En los 47 albergues del PANI viven actualmente 346 menores de edad.

En tanto, los llamados "aliados estratégicos" de la entidad tienen bajo su cuidado 2.130 menores en 56 programas residenciales.

Actualmente la institución cuenta con 10 personas para la supervisión técnica de estas alternativas en todo el país.