Irene Vizcaíno, Daniela Cerdas E.. 21 noviembre, 2019
EL PANI deberá mejorar la evaluación de sus acciones y asegurarse de que tienen mejor impacto en la protección de los niños. (Imagen con fines ilustrativos). Foto: Alonso Tenorio
EL PANI deberá mejorar la evaluación de sus acciones y asegurarse de que tienen mejor impacto en la protección de los niños. (Imagen con fines ilustrativos). Foto: Alonso Tenorio

La falta de planificación impidió al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) aprovechar el aumento de los recursos que recibió del Estado entre 2016 y 2018.

Uno de las tareas afectadas por la ausencia de estrategia por parte de la institución fue la atención de denuncias por posible maltrato y abandono de menores.

Esta es una de las conclusiones de una auditoría realizada por la Contraloría General de la República, dada a conocer este jueves.

“Estas debilidades pudieron incidir en que niños, niñas y adolescentes bajo condiciones de abandono y de maltrato familiar no hayan contado con la atención integral que requieren, dada la incapacidad de atender oportunamente las denuncias que se reciben en algunas oficinas locales, la falta de creación de cupos en alternativas de protección y la poca claridad con la que se ejecutaron los proyectos de promoción y prevención que no permite conocer sus efectos reales”, señala el estudio.

Según el documento, entre 2015 y 2018, las transferencias del Estado crecieron en un 119%, al pasar de ¢22.365 millones a ¢49.012 millones.

Los ingresos totales, entretanto, aumentaron 64%; de ¢48.757 millones a ¢79.771 millones.

“Estas debilidades pudieron incidir en que niños, niñas y adolescentes bajo condiciones de abandono y de maltrato familiar no hayan contado con la atención integral que requieren". Contraloría General de la República

Las conclusiones del análisis fueron ratificadas por la contralora, Marta Acosta, durante su comparecencia en la Comisión de Control de Ingreso, este mismo jueves.

La jerarca recordó que el Patronato no ha sido un buen ejecutor de los fondos públicos, no le da un uso eficiente al dinero que recibe, luego de que sentencias de la Sala IV obligaron a transferirle lo que las leyes ordenan.

Así ha sido, dijo Acosta, porque la carencia de “planificación estratégica adecuada” y la falta de indicadores.

“Nos parece que ya son muchos años en que el PANI no ejecuta bien, no es de años recientes, lo que duele es que se trata de menores de edad que están en situación de vulnerabilidad, uno esperaría mejor sensibilidad, arrollarse las mangas y hacer uso de los recursos, los recursos están allí, uno esperaría que se le saque mejor provecho en beneficio de la niñez, se requiere capacidad de gestión”, expresó.

La contralora aseveró que esa institución no ha sido capaz ni de cumplir "sus propias metas operativas.

La Contraloría reconoce que el aumento en los ingresos permitió al PANI realizar como dotación de personal, aumento de las transferencias a las diferentes alternativas de protección, así como implementar nuevos programas de promoción y prevención. Es decir, se hizo la inversión.

El problema, añade, es que no se actuó dentro de un marco apropiado de planificación en todos los niveles. Faltó, dice, formalización, integralidad y difusión oportuna, circustancia que impidió obtener resultados.

Jerarca, sin oposición

Lejos de refutar los señalamientos de la auditoría y las manifestaciones de la contralora, la presidenta ejecutiva del Patronato, Patricia Vega, interpreta que terminaron por darle la razón sobre las denuncias relacionadas con problemas de gestión y falta de controles.

Vega afirmó que desde su llegada se han hecho correctivos como la conformación de una oficina de administración de proyectos y evaluación de ejecución de los mismos; así como la creación del expediente digital para controlar la información de cada menor atendido en oficinas locales.

Ella proyecta alcanzar ese año entre 75% y 83% de ejecución del presupuesto.

“Desde el inicio he planteado toda esta serie de cosas que pueda mejorar la gestión el expediente digital la atención 24/7 que comenzaremos el año entrante. El PANI solo da esa atención en cantones de San José, en el año 2020 se va ampliar en las cabeceras de ciudad en el resto del país. En las oficinas locales se estableció un modelo de gestión para que la gente sepa el camino para atender los casos”, aseguró.

Antecedentes

Los señalamientos de la Contraloría coinciden con afirmaciones que la propia auditora del Patronato, María Auxiliadora Chaves, hizo durante una comparencia ante diputados, el mes pasado.

Según ella, el PANI falla en cada etapa de la atención de denuncias.

“Hay una seria debilidad en la calidad del servicio que brinda y la clave del servicio es la calidad y esa calidad está marcada en el PANI por su sentido de oportunidad; de llegar a tiempo y que la intervención sea adecuada. Cumplimos con el servicio, pero no en los niveles en que se debería, hay casos en que no”, expresó la funcionaria en aquella ocasión.

A inicios de este mes, también en el Congreso, un careo entre Chaves, la jerarca y exjerarca de la entidad, Patricia Vega y Ana Teresa León, respectivamente, dejó en evidencia desorden en el uso de recursos que deben ser dedicados a la niñez.

A revisión

“Es necesario por tanto, una revisión de la Planificación Estratégica actual del PANI, que impulse procesos continuos de análisis de los programas y procesos, que permitan garantizar un uso más eficiente de los recursos con que cuenta la institución y que logren fortalecer realmente la gestión de los programas institucionales que se ejecutan a nivel regional y local”, advierte la Contraloría.

Igualmente, recomienda mejorar el seguimiento y evaluación para conocer el impacto de sus intervenciones, hacer los ajustes y lograr “una verdadera protección integral de la población menor de edad”.

Con ese objetivo, le ordena a la presidenta ejecutiva, revisar y ajustar el plan estratégico que está en desarrollo para establecer metas claras en cuanto a atención de denuncias para que las oficinas locales respondan a “necesidades reales” y para que el dinero que traslada a las ONG se utilice en los fines que establece la ley.

También, agrega, debe profundizar en el proceso de promoción y prevención para conocer “si realmente se logra disminuir la incidencia de situaciones que violenten los derechos de los menores de edad”.