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El autobús de Busetas Heredianas que se incendió la tarde del martes en la Uruca circulaba sin estar al día con la inspección técnica, que en el caso de los vehículos de transporte público debe realizarse cada seis meses.
Freddy Carvajal Abarca, director interino del Consejo de Transporte Público (CTP), explicó que situaciones como esa son las que han procurado evitar con la resolución tomada hace más de un año, cuando quitaron la operación a la empresa debido a múltiples irregularidades.
Esta medida, sin embargo, no se ha podido concretar. En este momento, dijo, está “con las manos atadas” debido a que la implementación del acuerdo del Consejo depende de que el Tribunal Contencioso Administrativo resuelva una medida cautelar.
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De acuerdo con el CTP, aparte de no estar al día con la revisión técnica, la unidad de Busetas Heredianas tampoco tendría la póliza vigente, pues está aparece vencida desde el 11 de mayo pasado, según la consulta realizada por el Departamento de Administración de Concesiones y Permisos del Consejo en el sistema del Instituto Nacional de Seguros. No se descarta que el vehículo pudiera tener póliza con otra aseguradora.
En el caso de la inspección técnica, esta habría vencido en marzo de este año, según comunicó Dekra al CTP.
El autobús con la placa HB 2913 era modelo 2011, según consta en el Registro Público de la Propiedad. En cuanto a la antigüedad, sí cumplía con el requisito de ley que establece hasta 15 años de vida útil para las unidades que prestan transporte público.
La Nación intentó conocer la posición de la empresa, sin embargo no fue posible contactar a ningún representante en los números disponibles del plantel de la autobusera, ni en el celular registrado a nombre de Juan Diego Víquez Araya, quien figura como presidente de la compañía.
Usuarios expuestos a inseguridad
Tras dar a conocer los incumplimientos bajo los cuales circulaba la unidad siniestrada, el CTP advirtió que los usuarios de esta ruta están expuestos a “situaciones de inseguridad y eventual riesgo” por las condiciones actuales de operación de la empresa.
“Este consejo no puede ni debe asumir responsabilidad ante un eventual siniestro que afecte la vida de los usuarios del servicio en dicha ruta y ha realizado reiteradas gestiones para que se resuelva en forma definitiva el proceso 23-002757-1027-CA, pero lastimosamente no ha sido posible, y se sigue manteniendo la medida cautelar provisionalísima por parte del Tribunal Contencioso Administrativo”, indicó el CTP.
El proceso al que se refiere ese ente, se originó tras el acuerdo tomado en 2022 para adoptar una medida cautelar administrativa y nombrar un operador provisional para la ruta Heredia-San José, mientras se llevaba a cabo la investigación por las irregularidades en la empresa citada.
Tras las respectivas audiencias, el 17 de mayo del 2023, el CTP canceló el permiso de operación en la ruta 400 BS a la empresa Busetas Heredianas y autorizó a Tuasa para brindar el servicio. Sin embargo, el 20 de mayo de ese mismo año, la empresa herediana presentó una solicitud de medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), la cual fue acogida, dejando en suspenso el acuerdo.
Según el detalle del CTP, el 18 de abril de este año se solicitó al Tribunal Contencioso Administrativo “pronto despacho” de la medida cautelar, luego de que en operativos de campo realizados en conjunto con la Policía de Tránsito se constatara la limitada situación de operación de la busera.
“A pesar de los escritos presentados por el CTP para que el Tribunal levante la medida cautelar provisionalísima y con ello pueda operar una empresa que cumpla con las condiciones necesarias para garantizar el servicio al usuario, no ha sido posible. Desde el inicio de este proceso, en mayo de 2023, la empresa Busetas Heredianas S. A. ha interpuesto una serie de acciones de impugnación contra las actuaciones del Tribunal, así como coadyuvancias y nulidades”, explicó el ente técnico.
El documento añade que, a pesar de que el 29 de abril el Tribunal levantó la medida cautelar, el 3 de mayo se declaró la nulidad de oficio de dicha resolución, argumentando la existencia de gestiones que deben resolverse antes de una resolución definitiva. En esas mismas fechas, la empresa Busetas Heredianas S. A. interpuso una serie de acciones de apelación que llevaron a que el expediente se remita al Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso.
Según las inspecciones realizadas por el CTP, la compañía brinda el servicio con solo 14 de las 48 unidades autorizadas, presenta un incumplimiento de alrededor del 35% en los servicios y opera con unidades fuera de vida útil, rampas en mal estado, unidades sin inspección técnica vehicular ni derechos de circulación. Incluso operaban con una unidad que portaba placas pertenecientes a otro vehículo, la cual fue decomisada por la Dirección General de la Policía de Tránsito.
