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Guanacaste. La Dirección de Aguas y la Dirección de Geologías y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) se declaran atadas de manos para ejercer más controles sobre las empresas que sacan agua, arena y piedra del río Tempisque.
José Miguel Zeledón, jerarca de la Dirección de Aguas, aseveró que, hasta abril, solo contaba con un empleado para inspeccionar más de 3.000 pozos y cientos de concesiones de río en Guanacaste. El mes anterior entraron cuatro inspectores más.
Además, añadió el funcionario, la legislación actual no le permite obligar a un concesionario a reducir o detener la extracción de agua cuando los cauces tienen bajo caudal.
La única vía para que los concesionarios reduzcan el consumo de agua es solicitarles, por medio de una nota, que bajen el bombeo diario.
“El uso ilegal es lo normal; eso se atiende con más control y eso requiere personal o tener el músculo (jurídico) para cerrar (...). Por ejemplo, perforar un pozo ilegalmente en este país no es penado por la ley, ni los inspectores pueden ingresar a las propiedades privadas sin permiso de los dueños”, expresó Zeledón.
En desventaja. El mismo argumento expuso Mario Gómez, geólogo de la Dirección de Geología y Minas, en Guanacaste.
Gómez tiene a su cargo la revisión de 62 concesiones para sacar material de ríos en la provincia, más la atención de denuncias y el trámite de nuevos permisos.
Admite que solo da tiempo de visitar cada punto de extracción dos veces al año.
Para el geólogo, es difícil controlar a los concesionarios, tanto de materiales como de agua, porque los inspectores siempre están en desventaja.
“Uno llega por un lado y se anuncia, y por el otro ya están tapando cosas o regulando (las bombas de extracción de agua)”, manifestó.
En el río Tempisque, hay dos concesiones para obtener arena y piedra con maquinaria pesada y cinco para areneros artesanales.
Los primeros pagan un canon de ¢1 millón al año, mientras que los artesanales deben desembolsar ¢150.000.
