La Contraloría General de la República suspendió por 15 días hábiles y sin goce de salario, al auditor interno de Recope, por violentar el deber de confidencialidad en dos oportunidades.

Al funcionario, de apellido Ramírez, se le atribuye haber revelado la identidad de otro empleado que acudió a él para denunciar supuestas anomalías en la entidad.

Una se relacionaba con posibles irregularidades en la construcción de tres tanques de combustible en el plantel de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), en Moín de Limón. La otra se vincula con el viaje pagado a dos trabajadores para que realizaran una inspección en Inglaterra, aunque no contaban con el criterio técnico necesario.

Ramírez confirmó a La Nación que actualmente descuenta los días de sanción, desde el 15 de octubre y hasta el 5 de noviembre, pero declinó referirse al respecto porque, según él, “el caso fue declarado confidencial”.

No obstante, según el informe facilitado por la Contraloría General de la República (CGR), el funcionario no solo reveló el nombre del trabajador que solicitó su intervención, sino también el contenido de las denuncias realizadas por correo electrónico.

Los casos

De acuerdo con el órgano contralor, Recope promovió una licitación pública para la construcción e interconexión de tres tanques para gasolina súper, búnker y diésel para el plantel de Moín. Dicha obra pública se consideraba trascendente, no solo a nivel institucional, sino también por los riesgos asociados a su construcción y posterior operación.

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En el marco de esa contratación, el denunciante (cuya identidad se protege), fue acreditado como ingeniero mecánico y en el ejercicio de esas funciones tenía el deber de denunciar cualquier irregularidad grave que se presentara en la ejecución del proyecto.

El 1.° de marzo de 2016, el ingeniero envió un correo al gerente de Desarrollo de Recope con copia al auditor. En la comunicación, advirtió de supuestas irregularidades en el proceso de construcción de los diques de tres tanques de combustible, a cargo de la empresa Felguera I.H.I.

Según la denuncia, no se siguió el proceso de aprobación de trámites en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

“Sabemos que esto es una molestia para usted, pero solo usted tiene la autoridad para realizar una investigación a fondo que nos evite situaciones muy complicadas a corto plazo”, indica el denunciante en su correo electrónico del que copió también a Ingeniería de Bomberos y a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).

Posteriormente, hubo un intercambio de correos electrónicos que, al parecer, molestaron al auditor, quien envió copia del mensaje a seis personas.

La otra queja data del 12 de octubre de 2016, cuando el denunciante le envió un correo a Ramírez para informarle de que una semana antes dos compañeros habían viajado a Inglaterra para realizar una inspección en las pruebas de funcionamiento de las válvulas de expansión térmica del proyecto de los tres tanques.

No obstante, según el denunciante, llamó la atención que las personas que habían trabajado en la definición técnica de dichas válvulas no fueran consideradas para el viaje. En su lugar, se enviaron a los dos trabajadores que se mantuvieron al margen del proyecto porque no contaban con la especialidad técnica.

Ante esta denuncia, el auditor le indicó por correo (mismo que copió a 10 personas más de la Gerencia, de la Junta Directiva y de la Unidad Jurídica) que debía seguir una serie de formalidades, como llenar un formulario por medio de la página web institucional.

Según la construcción de hechos de la Contraloría, esta situación generó un clima negativo para el funcionario que dio a conocer las situaciones.

“Se constituye la culpa grave del investigado (el auditor), pues fue negligente e imprudente al apartarse a los deberes propios de su cargo, específicamente el deber de guardar la confidencialidad del denunciante”, indica la sentencia.

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En su proceso de defensa, el auditor alegó supuestos incumplimientos en el proceso de denuncia, pero la Contraloría lo consideró inaceptable, pues el funcionario que acudió a él tenía no solo el derecho sino la obligación de denunciar cualquier anomalía que se presentara en la ejecución de la obra.

"(...) al tratarse de una obra con características de alto riesgo y con un costo estimado de $43 millones, como jerarca de la Auditoría Interna, debió implicarse en la atención inmediata por lo graves que resultaban los hechos, para que hiciera una correcta valoración de las implicaciones que podría tener para la empresa una defectuosa ejecución de ese contrato.

“(...) No es de recibo la tesis de que se trataba de un informe de supervisión de contrato y, menos aún, que se tratara de un correo electrónico más. Del director general de esa institución se espera una mayor diligencia y una correcta apreciación de los hechos que estaban denunciando", indica la resolución 07412-2018.

Insiste en que el ingeniero estaba denunciando hechos graves: “De modo que la supuesta duda de si se trataba de una queja o una denuncia estaba fuera de lugar, así como la defensa de que se trataba de una comunicación propia de sus funciones de fiscalización del contrato, el auditor no necesitaba que el denunciante cumpliera con los trámites formales de denuncia utilizando los formularios establecidos en la página de la institución".

La resolución 07412-2018 del 1.° de mayo de 2018 declaró responsable a Ramírez en el grado de “culpa grave”, por violentar la confidencialidad. No obstante, él presentó una apelación el 5 de junio, la cual fue declarada sin lugar el 24 de setiembre.

Sobre este caso, la Refinadora indicó: “Las auditorías internas son órganos sujetos a la fiscalización superior que realiza la Contraloría General de la República, que es la instancia reguladora; por lo tanto, este tema está fuera de las potestades, de la función decisoria, ejecutiva, resolutoria, directiva u operativa de la Administración de Recope.”

En abril anterior trascendió que el uso de los tanques para almacenar combustible estaba en duda, pues Recope omitió informar al Cuerpo de Bomberos para verificar si la instalación cumplía la normativa de seguridad. De hecho, en diciembre, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), ordenó a la Refinadora paralizar los trabajos que se realizaban en ese entonces.

Posteriormente, autorizó la conclusión de las obras, pero no podría utilizarlas hasta que Bomberos examinara si el inmueble representaba una amenaza para la salud pública.