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La Red Nacional Antitabaco (Renata), el Ministerio de Salud e incluso la propia industria tabacalera están a la expectativa ante la posible presentación de un nuevo proyecto de ley para el control de fumado en el país.
La incertidumbre sobre el texto se debe a que en los próximos días la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa presentaría el plan, luego de varias semanas de modificaciones.
Aunque desde mayo del 2009 fue concebido el proyecto original, este no solo ha estado a merced del entrabamiento del Congreso, sino que además nunca ha sido del agrado de la mayoría de diputados.
Por ello, las organizaciones públicas y privadas están a la espera de que la comisión parlamentaria devele los cambios hechos al plan.
Roberto Castro, coordinador de Renata, aseguró que de lo único que está seguro es que “todavía no hay proyecto” y señaló que no ha recibido información sobre los detalles del nuevo texto de ley.
De la misma manera opinaron Teresita Arrieta, quien atiende el tema del fumado en el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), y María Luisa Ávila, ministra de Salud.
Por su parte, Gerardo Lizano, gerente de Asuntos Corporativos de la tabacalera Bristish American Tobacco, dijo que tampoco sabe qué cambios ha sufrido el proyecto, por lo que esperará su divulgación para analizar las variantes.
El de mayor discrepancia, dijo la diputada, es el artículo que establecerá la tolerancia para permitir el fumado en espacios públicos.
“Hay un acuerdo sobre algunos lugares que serán espacios libres de humo, excepto para bares y restaurantes”, aseveró Chaves, quien es diputada por el Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE).
En el Congreso hay dos corrientes al respecto: algunos diputados buscan prohibir del todo el fumado en sitios públicos cerrados.
Otro grupo de legisladores propone la creación de espacios “encapsulados” en restaurantes y bares para los clientes fumadores.
Pese a eso, en lo que sí logró un acuerdo la comisión –afirmó Chaves– es en el impuesto que se impondría a los cigarrillos para obtener recursos para programas contra el fumado y la prevención y atención del cáncer.
Chaves dijo que en el nuevo plan ese tributo sería de ¢20 por cigarrillo (¢400 por cajetilla). El proyecto original gravaba con ¢100 cada cigarro (¢2.000 por paquete).
Ese convenio fue ratificado por la Asamblea Legislativa el 17 de julio del 2008 en la Ley N.° 8.655.
Con la firma, los Estados se comprometían a crear espacios 100% libres de humo, entre otros cambios.
Aquí, cada día mueren 10 personas por alguna enfermedad vinculada con el fumado.
