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En los últimos tres años y medio, de 47 casos en los que la Procuraduría de la Ética encontró posibles faltas en la actuación de funcionarios públicos, solo siete han terminado con alguna sanción.
De todos ellos, 14 siguen activos, aunque con un promedio de 16 meses en trámite sin que se hayan resuelto. Incluso, algunos tienen ya casi tres años desde que fueron presentados sin que a la fecha se hayan podido concluir.
El más reciente de esos casos lo protagonizaron el vicepresidente Luis Liberman y el ministro de Educación, Leonardo Garnier.
A ellos la Procuraduría les achacó faltas éticas por haber emitido cartas de recomendación para que la consultora y exasesora presidencial Florisabel Rodríguez las utilizara para concursar por un contrato en Recope.
La presidenta de la República, Laura Chinchilla, se opuso al informe de los procuradores y, tras un análisis legal, absolvió a ambos funcionarios el 7 de julio.
En las últimas semanas, La Nación investigó el destino final de los 47 informes que emitió la Procuraduría desde el 2009.
En estos casos los procuradores investigaron a 63 funcionarios de 30 instituciones distintas.
Los cargos más comunes son violaciones al deber de probidad (rectitud y buena fe en el ejercicio de sus funciones), con 27 personas señaladas, faltas al deber de abstención y asesoría negligente.
En 45 informes, la Procuraduría recomendó a las autoridades analizar la apertura de un procedimiento administrativo contra los investigados y en dos –dirigidos al PANI y al INVU – pidió acciones para enmendar actos ilegales.
En diez casos, las instituciones no abrieron el proceso, ya sea porque eximieron a los empleados, porque estos dejaron su puesto o porque la entidad se declaró incompetente para resolver.
El Consejo de Gobierno es el ente que dejó más asuntos sin investigar: dos en la actual administración y uno en la de Óscar Arias.
En 30 casos, las instituciones sí abrieron un procedimiento contra los denunciados. Solo siete de esos procesos han concluido con una sanción.
Entre los castigos hay tres despidos, una amonestación escrita y dos suspensiones, la mayoría por faltas al deber de probidad. En cuanto a un caso en Recope, la entidad declinó precisar la sanción.
Mientras, el Colegio de Abogados absolvió a uno de sus agremiados, quien había sido denunciado por Jorge Chavarría, alcalde de Santa Cruz, Guanacaste, por recomendación de la Procuraduría.
¿Y que pasó con todos los demás procedimientos que se abrieron?
Ocho terminaron con absolutorias, otro tanto igual sigue en trámite, tres fueron abandonados, dos archivados sin resolverse y tres más están suspendidos por acciones de inconstitucionalidad que interpusieron los investigados.
La entidad involucrada en más expedientes es el Ministerio de Educación Pública, con seis, seguida por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (4) y la Caja Costarricense de Seguro Social (3).
La procuradora general de la República, Ana Lorena Brenes, cuestionó la capacidad de la Administración Pública para realizar procedimientos administrativos.
Desde el 2009, la Procuraduría ha recibido 482 denuncias por faltas éticas de empleados estatales.
Tramitó 434 casos y rechazó 404 denuncias por improcedentes o porque no le corresponden. Emitió 47 informes tendientes a sancionar a funcionarios y 42 acciones de recomendación con guías para mejorar la ética y la transparencia.
